El Gobierno quitará el subsidio a los parados que trabajen en negro

El texto al que ha tenido acceso LA RAZÓN detalla las medidas que ya avanzó el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y que hasta ahora no habían trascendido. Una vez que el plan entre en vigor, en mayo o junio según el ministro, las empresas dispondrán de un periodo de gracia de cuatro meses durante el cual podrán acogerse de manera voluntaria al proceso de regularización mediante la legalización de la situación de los trabajadores ocupados sin declarar. De hacerlo «no serán objeto de sanciones administrativas» por la declaración y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores afectados y de la Seguridad Social, según recoge el documento.

«No amnistía»
Éste especifica también que el plazo de regularización no afectará a las situaciones de empleo no declarado o sumergido que se generen una vez que se publique la norma, sino sólo a las iniciadas con anterioridad. Asimismo, el acogimiento al proceso de regularización sólo supondrá la «exoneración» de las sanciones y actos recaudatorios respecto de los trabajadores objeto de la misma y no del resto de trabajadores y de otros ámbitos materiales del orden social.

El Ministerio de Trabajo aclara en su propuesta que durante el proceso de regularización «no se establecerá amnistía alguna». Igualmente, el pago de las prestaciones a la Seguridad Social por los empleados que se regularicen se condicionará al cumplimiento de una serie de garantías que impidan el fraude. Por otro lado, a las empresas que opten por la regularización se las facilitará la contratación pudiéndose acoger a las distintas modalidades de contratación, señala el documento. También se les concederá una exención de los recargos por mora en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Una vez acabado el periodo de gracia el Gobierno aumentará más del cien por cien la sanciones a las empresas que mantengan trabajadores en situación irregular y aumentará las inspecciones para luchar contra este tipo de fraude en más de 235.000. Para las empresas, la cuantía de las multas, en función de los casos, puede elevarse desde los 6.251 euros a los 12.500 y desde los 187.515 a cerca de 400.000, según avanzó el ministro de Trabajo en una entrevista al diario «Expansión».

El Gobierno quiere además endurecer las sanciones a los parados que, trabajando en la economía sumergida, estén recibiendo algún tipo de prestación por desempleo. Según especifica el documento, la sanción consistiría en la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo. El plan podría aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo miércoles. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el vicepresidente primero señaló que de no aprobarse ese día probablemente tenga lugar el viernes 29 de abril.

Otra vez Consejo en Semana Santa
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha convocado para el próximo miércoles a los miembros de su Gabinete en el Palacio de la Moncloa con el fin de celebrar ese día reunión del Consejo de Ministros. Aunque desde 1991 el Consejo de Ministros no se había reunido durante la Semana Santa, éste será el tercer año consecutivo en el que los ministros han sido citados durante la misma por Zapatero.

Fuentes del Gobierno han explicado a Efe que el Ejecutivo está inmerso en la tarea de sacar a España de la crisis y no quiere «perder ni una semana» para analizar de forma conjunta la evolución de las medidas adoptadas con ese objetivo. Desde 1991 el Consejo de Ministros no se había reunido durante la Semana Santa, pero Zapatero rompió esa tradición en 2009.parte de la semana los indicadores son muy positivos.