Zoido anuncia «tolerancia cero» ante los fraudes y la corrupción municipal

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, mostró ayer su indignación tras la declaración del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, sobre el «caso Unidad» –aseguró al juez que no investigó el fax en el que se daban instrucciones sobre cómo «inflar» una factura porque no dio credibilidad a la denuncia del PP–. Zoido subrayó que «él mismo se ha descalificado con esas palabras» y recordó que, como presidente del Grupo Municipal Socialista y regidor, «tiene la obligación de investigar cualquier presunta irregularidad del Ayuntamiento».

No menos contundente fue al referirse al pacto propuesto por el secretario provincial de los socialistas, José Antonio Viera, para que los populares separaran la crítica política de las insinuaciones de corrupción. «Seré combativo y muy crítico con los fraudes que se cometan en el ámbito municipal», remarcó Zoido, por lo que anunció que «llegaré hasta el final en éste y otros muchos casos». Igualmente, insistió en que «tendré tolerancia cero con la corrupción», aunque se mostró abierto al diálogo con el PSOE sobre «cualquier tema».

De otro lado, Zoido está citado hoy en el juzgado de instrucción 6 para ratificar su querella sobre la presunta petición de comisiones por dos ex directivos de Mercasevilla. La denuncia del PP se dirige contra Monteseirín y el primer teniente de alcalde, Antonio Rodríguez Torrijos.

Junto con ambos dirigentes, denunciados en su condición de presidente y vicepresidente de Mercasevilla, también figura en la denuncia Antonio Rivas, delegado provincial de Empleo; los ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce; el ex consejero, Enrique Castaños; el actual responsable político de Mercasevilla, Alfonso Mir; y el vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico, Manuel Marchena. Los cargos de los que se les acusa son coacción, cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales y encubrimiento. El PP pidió la declaración de todos ellos en calidad de imputados, pero la juez solo incoó diligencias previas contra Rivas, Mellet, Ponce y una secretaria de la Fundación Mercasevilla.