El desafío de Boris Johnson: salvar la unión

Mientras Boris Johnson celebraba con los suyos el gran triunfo, varios manifestantes salieron a las calles de algunas de las principales ciudades, como Londres o Glasgow, para protestar por la victoria de un partido tradicionalmente asociado a los intereses de los ricos y que ha basado toda su campaña en el Brexit.

El hashtag #NoMiGobierno o #NoMiPrimerMinistro se hizo viral el viernes en las redes sociales. El excéntrico político, que despierta tantas filias como fobias, tiene ahora la difícil tarea de limar la división que se respira en las calles. En todo caso, no se le puede quitar su mérito. Ha llevado a los conservadores a sus mejores resultados desde los tiempos de Thatcher en 1987 y es un logro para una formación que lleva diez años en el poder.

Con una mayoría absoluta de 80 diputados, Johnson puede modelar ahora al Partido Conservador a su gusto. Aparte de su gran impredecibilidad, el «premier» ha centrado toda su campaña en el Brexit, por lo que poco se sabe de las políticas domésticas que definirán ahora su legislatura, más allá de su promesa de poner a 50.000 enfermeras más en un Sistema Nacional de Salud que se encuentra en plena crisis y crear 20.000 nuevos puestos de Policía.

La prioridad absoluta ahora es tramitar la legislación relativa a la salida del bloque para el 31 de enero, que es cuando termina la última prórroga de Bruselas. El calendario va a estar apretado y no se descarta incluso sesiones extraordinarias estas Navidades en Westminster para aprobar la normativa referente al Acuerdo de Retirada, pacto que además debe ser ratificado luego por el Parlamento europeo.

Con la nueva configuración de la Cámara de los Comunes, Johnson no tendrá ningún problema para pasar la ley. A cada candidato «tory» para estas elecciones le hizo firmar una cláusula por la que se comprometía a apoyar su plan. Por tanto, no hay ningún rebelde pro UE que temer.

En cualquier caso, la oposición sí podría presentar enmiendas relativas a la extensión del período de transición que comenzará el 1 de febrero. Aunque Reino Unido abandone el bloque, se quedará en práctica aun como miembro, como mínimo, hasta diciembre de 2020 para dar tiempo a prepararse ante el nuevo escenario. En este período de transición, Londres y Bruselas deberán negociar las futuras relaciones. Se antoja prácticamente imposible que el acuerdo comercial esté listo y ratificado en un plazo de 11 meses. El convenio con Canadá, mucho menos ambicioso, tardó siete años.

El gran problema es que Johnson no está dispuesto a alargar el período de transición más allá de diciembre de 2020. Nadie quiere revivir el próximo año los fantasmas de una salida abrupta, pero si quiere alargar las negociaciones, Londres deberá notificarlo antes del 1 de julio.

En cualquier caso, no va ser el único reto que Johnson tendrá para su legislatura. La salida del bloque que tan pasionalmente defiende le plantea ahora un importante desafío soberanista. A dos bandas además. Porque si los independentistas escoceses del SNP han conseguido 48 de los 59 escaños reservados a Escocia en Westminster, los partidos nacionalistas católicos de Irlanda del Norte han logrado, por primera vez, más asientos que los unionistas protestantes.

La situación, por tanto, es compleja. Y en el caso de Edimburgo se precisa actuar con celeridad porque la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ya ha avanzado que la próxima semana su Gobierno publicará «una propuesta detallada y democrática» para solicitar al Ejecutivo central la transferencia de poderes que permita a Holyrood convocar un plebiscito que cumpla con la legalidad. «Ha llegado el momento de que la gente de Escocia pueda decidir su futuro», declaró. Sturgeon se ha apresurado a precisar que sabe que todos los votantes ganados puede que «no respalden necesariamente la independencia», pero sí lanzan «un claro apoyo» al hecho de que Escocia «debe poder decidir su futuro». Las encuestas más recientes revelan un aumento del apoyo a la secesión que podría alcanzar el 50%.

En mayo, la independentista, que gobierna ahora en minoría en Holyrood con el apoyo de Los Verdes, ya presentó una ley con la cual quiere establecer las bases de un segundo referéndum. Pero, de momento, no ha apelado aun a la denominada Sección 30, bajo la cual se llevaría a cabo la transferencia de poderes de Londres a Edimburgo para que todo sea conforme a la ley. Si Johnson muestra su negativa, los analistas no descartan que la cuestión llegue hasta los tribunales.

En el caso de Irlanda del Norte, sin embargo, bajo el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 (que trajo la paz al Ulster tras más de tres décadas de sangriento conflicto), el Gobierno central está obligado a permitir la consulta de reunificación con Irlanda si hay indicios de un cambio de sentimiento en la comunidad. Y poco a poco, estos indicios se van haciendo notar, ya que los partidos nacionalistas (católicos-republicanos-pro UE) han logrado, por primera vez, más escaños en Westminster que los unionistas (protestantes-monárquicos-pro Brexit).

En los comicios anticipados de marzo de 2017 para Asamblea de Belfast, ya se puso fin a la mayoría unionista al recortarse de diez a uno el número de escaños de ventaja que tenía hasta entonces el DUP sobre el Sinn Fein, que ya han solicitado referéndum para la reunificación de la isla. Si bien,no supone, de momento, una amenaza tan real como el desafío escocés, los analistas advierten de las consecuencias que puede acarrear ahora el Brexit en todo el proceso. Al fin y al cabo, evitar una frontera dura en Irlanda que ponga en riesgo la paz en el Ulster siempre ha sido el principal escollo de las negociaciones del tortuoso divorcio.