Sudán accede a entregar a Omar al Bachir a la Corte Penal Internacional

El gobierno de Sudán y grupos rebeldes de la región de Darfur acordaron ayer la comparecencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) de todos aquellos perseguidos por el tribunal, una decisión que podría allanar el camino para que el ex dictador Omar Al Bachir, derrocado el año pasado y perseguido por la corte, sea juzgado en La Haya.

Según una nota de prensa recogida por la agencia de noticias sudanesa SUNA, el miembro del Consejo Soberano que gobierna el país Mohamed Hassan al-Tayeshi aseguró que la medida, adoptada en el marco de las conversaciones de paz celebradas en Juba, es uno de los cuatro principales mecanismos convenidos para hacer justicia en la castigada Darfur.

Al-Tayeshi señaló que el rencor causado por la guerra en la región y sus efectos destructivos no se pueden cerrar sin antes lograr justicia para las víctimas que han sufrido todo tipo de vulneraciones de derechos humanos.

Aunque no se refirieran a él explícitamente, Al Bashir es requerido desde 2009 por la CPI acusado de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. En el caso de que finalmente fuese entregado a La Haya, el autócrata depuesto se convertiría en el primer dictador árabe en comparecer ante el tribunal, enterrando así la imagen de impunidad que se había forjado al desplazarse durante años por todo el mundo a pesar de las órdenes internacionales de detención que pesan sobre él.

La entrega, además, supondría un viraje de la junta militar que asumió inicialmente el poder en Sudán tras el golpe de Estado ejecutado el pasado abril, puesto que hasta la fecha habían rechazado el proceso. El primer ministro del país, Abdalla Hamdok, sin embargo, ya que se había mostrado abierto a hacerlo a finales del año pasado. Este martes, un abogado del ex dictador reiteró por su parte a la agencia Reuters que Al Bachir rechaza tratar con el tribunal, resistiéndose así a reconocer la autoridad de una corte que considera política.

La guerra de Darfur estalló en 2003 después de que grupos rebeldes de la región protagonizaran un levantamiento armado contra las políticas discriminatorias y represivas del régimen sectario y eminentemente árabe de Al Bachir. Jartum, por su parte, recurrió a fuerzas gubernamentales y a la infame milicia Janjaweed para tratar de aplastar la insurgencia.

A pesar de que la zona oeste de Darfur ha mantenido un cierto reposo desde 2010, durante los últimos años se han seguido produciendo enfrentamientos. En total, se estima que el conflicto y la campaña de limpieza étnica del régimen se han cobrado la vida de unas 300.000 personas y ha provocado más de 2,5 millones de desplazados.

En concreto, la CPI imputa a Al Bachir con cinco cargos de crímenes contra la humanidad, dos por crímenes de guerra y tres por las presuntas atrocidades perpetradas en Darfur bajo su mandato. Junto a él, el tribunal también ha emitido órdenes de detención contra otras dos destacadas figuras de su régimen, un líder de Janjaweed y otro de un grupo rebelde activo en la región. Este martes, sin embargo, Al-Tayeshi no desveló cuándo se podría llegar a entregar a Al Bachir y el resto de perseguidos a La Haya.

Tras el derrocamiento de Al BaChir, Sudán pasó a estar primero dirigida por el Ejército y ahora por un Consejo Soberano transitorio integrado por civiles y militares –algunos implicados en las atrocidades de Darfur– que está realizando importantes esfuerzos para poner fin al aislamiento internacional en el que se ha encontrado durante décadas el país.

El pasado mes de diciembre, Al Bachir, que permanece encarcelado en Jartum, fue condenado a dos años de cárcel por corrupción, y la Fiscalía le acusa paralelamente del asesinato de manifestantes durante las masivas protestas que condujeron a su caída. Un proceso judicial que podría ralentizar un futuro procedimiento de extradición a La Haya