Incertidumbre en Cisjordania tras el anuncio de la ANP de ruptura de los acuerdos con Israel

Tras ponerse en marcha el “Gobierno unitario de emergencia” en Israel, cuya agenda incluye implementar a partir del 1 de julio la anexión unilateral del Valle del Jordán y asentamientos judíos en Cisjordania (un 30% del territorio), era previsible que el liderazgo de Ramala reaccionara con beligerancia. “El Estado de Palestina deshace, desde hoy, todos los acuerdos con los americanos y el Gobierno de Israel,incluida la cooperación de seguridad”, proclamó Mahmoud Abas en una reunión de su ejecutivo el pasado martes.

Anteriormente, el líder de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) –cuya cadencia expiró en 2009-, hizo similares amenazas que cayeron en saco roto. Pero ahora, ante la inminente amenaza anexionista, el temor es que el rais palestino mueva ficha, disuelva la ANP, y lance la “patata caliente” a Israel.

A pesar de las insalvables distancias de los actuales Ejecutivos en Jerusalén y Ramallah, cuya mesa de negociación sigue congelada desde 2014, la cooperación cimentada entre ambas partes tras la firma de los Acuerdos de paz de Oslo (1993) ha seguido operando.

Los entendimientos sirven para la distribución de agua o exportación de productos agrícolas, pero el principal factor es la seguridad. La policía palestina es el garante de mantener la calma en las zonas urbanas bajo su jurisprudencia, e incluso de arrestar a sospechosos por terrorismo a petición del Ejército israelí.

Al liderazgo de al-Fatah en Ramala también le ha interesado mantener el statu quo, para frenar así la expansión de su rival islamista Hamás. Desde la toma de poder de los islamistas en la Franja de Gaza tras un cruento enfrentamiento civil (2006-07), ambas facciones palestinas siguen profundamente enfrentadas.

La amenaza de Abas, con más o menos credibilidad, pretende evidenciar a Israel que si pretende anexionar las áreas donde los palestinos aspiran a crear su estado, también deberá gestionar las vidas de millones de personas: “las autoridades de la ocupación deberán cumplir con todas las obligaciones respecto al territorio ocupado, con todas sus repercusiones respecto a la ley internacional y humanitaria”, declaró el rais.

No obstante, la calle palestina, desconectada y desgastada por la falta de estrategia de su liderazgo, reaccionó mayormente con apatía al anuncio. De hecho, activistas de al-Fatah reconocieron ayer al diario israelí Haaretz que todavía no habían recibido instrucciones sobre cómo operar al respecto.

“Pedimos una acción basada en tres principios: declarar nulos los acuerdos (de Oslo); cancelar la cooperación de seguridad y el reconocimiento de Israel; y unificar las facciones palestinas para una estrategia conjunta, porque no se puede amenazar sin fijar una política definida”.

Abas además apuntó directamente a la Casa Blanca: “consideramos a la Administración norteamericana como responsable absoluto de la opresión al pueblo palestino”. Por ello, ayer por la mañana el diplomático Saeb Erekat anunció que la ANP dio por finalizada la cooperación de inteligencia con la CIA.

Desde 2017, la Administración Trump ha adoptado pasos dañinos para los intereses palestinos: reconocer Jerusalén como capital de Israel;mover su embajada de Tel Aviv a la ciudad santa; o cortar millones de dólares en ayudas a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

Tareq Baconi, analista en “Crisis Group”, enumeró las dramáticas consecuencias de finiquitar el status quo vigente para los civiles palestinos. “No podrán desplazarse entre las áreas A y B de Cisjordania, Gaza, y los enclaves de Jerusalén Este. Los que viven en el extranjero, estarán varados, y los enfermos no se podrán tratar en Israel”. Además, “la policía palestina no hará arrestos bajo orden israelí, ni desaparecerá cuando su ejército acuda a demoler casas”.

Lo peor, para Baconi, es el “coste psicológico, económico y emocional de terminar los acuerdos. Trabajadores perderán su sustento. Familias se separarán. Estudiantes se encallarán. Pacientes sufrirán”. Por todo ello, considera que es responsabilidad de la ANP “preparar a la gente en el terreno para un periodo costoso, violento y doloroso”.