La aprobación en el Consejo de Ministros de la extradición a Venezuela del opositor político Rolando Figueroa se produce meses después del visto bueno de la Audiencia Nacional a la entrega de otro disidente antichavista, Enzo Franchini, reclamado a las autoridades españolas por la justicia venezolana por un supuesto delito de homicidio y cuya extradición ha sido recurrida.

El sistema de extradición en España conlleva un proceso mixto al ser al mismo tiempo un procedimiento gubernativo y judicial. Cuando un país solicita a España la extradición de una persona, la Audiencia Nacional es la encargada de dictar el auto.

Si el pronunciamiento es contrario a la entrega al país reclamante, el Consejo de Ministros solo puedo ratificar esa decisión; pero si es a favor de la extradición, el Consejo de Ministros puede emitir una valoración contraria a la entrega. Así lo podía haber hecho en el caso de Rolando Figueroa si hubiera valorado los riesgos de entregar a un opositor a un régimen que vulnera los derechos humanos, tal y como ha reconocido, entre otros, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

De hecho, en este caso, el auto de la Audiencia desestima el recurso de súplica pero matiza que ello «sin perjuicio, como se ha dicho en resoluciones anteriores, de que se pueda valorar la actual situación del estado reclamante por parte del Gobierno de la Nación (...) a la hora de analizar definitivamente en vía administrativa la entrega o no a ese país de la persona reclamada». Es decir, deja la puerta abierta a que el Gobierno pueda rechazar la extradición.

En 2018, la Audiencia Nacional se pronunció en cuatro casos distintas en contra de la extradición de venezolanos alegando razones humanitarias, como sucedió con José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de la petrolera PDVSA acusado de blanqueo de dinero sustraído de esta empresa pública, y Luis Marino Rodríguez Cabellos, primo hermano de Sánchez Rodríguez. En ambos casos, la justicia española consideró que había un riesgo de maltrato físico en caso de ser entregados a las autoridades venezolonas. «¿Qué ha cambiado ahora?», se pregunta el letrado de Rolando Figueroa, Ismael Oliver Romero, quien considera que existen sobrados motivos para pensar que la entrega del disidente a Venezuela puede poner en peligro sus derechos fundamentales.

Desde las más altas instancias de Venezuela, el fiscal general del Estado, Tarek William Saab, y el propio presidente Nicolás Maduro han hecho declaraciones en las que aseguran haber realizado «gestiones» para que disidentes venezolanos sean extraditados a al país caribeño.

«Estas gestiones parece han surtido efecto, como hemos podido ver en la extradición del disidente político Enzo Franchini y ahora con Rolando José Figueroa, quien, a pesar de haber presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y a pesar de haberse dirigido al Alto Comisionado de Naciones Unidas se ha acordado su entrega inmediata al régimen de Maduro», explica el letrado Oliver.

La defensa recuerda que “en Venezuela no se respetan los derechos humanos” y que “las actuales personas que fungen de un modo inconstitucional tanto como fiscal general como presidente del Tribunal Supremo han sido condenados por atentar contra los derechos humanos”, en relación a Tarek William Saab y Maikel Moreno, ambos sancionados por la Unión Europea por acciones en menoscabo del Estado de Derecho en Venezuela. Sobre Maikel Moreno, que firma la orden de extradición del reclamado, se ofrece en Estados Unidos una recompensa de 10 millones de dólares para quien proporcione información que ayude a su captura.