La «sala de guerra legal» de Biden para el fraude

Las encuestas posicionan a ambos candidatos a la presidencia de EEUU, Donald Trump y Joe Biden, casi a la par, con resultados tan reñidos entre ellos como los que se esperan también obtener la noche del 3 de noviembre en los conocidos como estados “bisagra”. Aquéllos indecisos cuya mínima diferencia será clave para determinar quién residirá en la Casa Blanca los próximos cuatro años.

Precisamente adelantándose a la posible necesidad de resolver la ecuación y evitar que se cometa algún tipo de fraude electoral en el recuento de votos, el candidato demócrata, Joe Biden, ha creado un equipo legal compuesto por cerca de un centenar de abogados y expertos. Hacer frente a la posibilidad de que el resultado de las próximas elecciones presidenciales tenga que disputarse en los tribunales será su misión principal.

Y es que la sombra de fraude en la masiva participación del voto por correo planea sobre el proceso electoral desde que el presidente Donald Trump la sacara a la luz. La única posibilidad que el mandatario contempla para perder las elecciones es, como ha adelantado en numerosas ocasiones, a través del fraude en el proceso de votar por correo.

A pesar de ser uno de los servicios estatales mejor valorados, la cita electoral del 3 de noviembre en torno al voto por correo se augura tensa e incierta. Y es que éste ha abierto un nuevo frente en la batalla electoral, que Biden ha preferido empezar a gestionar con tiempo suficiente como para poner solución a un problema que todavía no existe, pero que sabe existirá. La nominada “sala de guerra” legal.

El equipo de Biden asegura que esta nueva iniciativa, dirigida por dos expertos legales que trabajaron con el ex presidente Barack Obama, será “el mayor programa de protección electoral en la historia de las campañas presidenciales”.

Al frente del ese equipo legal está Dana Remus, actualmente asesora legal de la campaña de Biden y ex responsable de Asuntos Jurídicos de la Fundación Obama, así como Bob Bauer, actual de Biden desde hace unos meses y ex asesor legal de Obama durante su mandato.

Entre las funciones de Remus y Bauer destacan el establecimiento de una unidad de “litigios especiales”, liderada por dos ex abogados del Estado que supervisarán a los letrados que formen parte del equipo. El resto de los miembros estará compuesto por un centenar de letrados dispersados por todo el país, harán frente a posibles demandas que se presenten, a nivel local y estatal, en materia electoral.

La pandemia ha obligado a recurrir de manera masiva y sin precedentes al voto por correo para evitar la propagación del brote de COVID19 entre los votantes, que normalmente se exponen a horas de espera en espacios cerrados y sin las condiciones de precaución adecuadas.

Esta nueva medida demócrata puesta en marcha para evitar el fraude electoral, que Trump amenaza con empañar el proceso electoral, nace con la intención de proteger la integridad de las elecciones y emprender acciones en el caso de que se considere que se ha vulnerado el derecho a voto o el recuento del mismo.

Un total de 46 de los 50 estados de EEUU más el Distrito de Columbia recibieron una carta de USPS (el servicio postal estadounidense) el pasado mes de julio informando de que esperan recibir una participación del voto por correo hasta 10 veces superior a la habitual debido a la pandemia y que, por tanto, hay un “riesgo significativo” a no cumplir con los plazos establecidos por la ley para recibir y entregar los votos. Entre esos estados que han recibido el aviso se encuentran algunos de los estados clave, cuyo voto puede ser decisivo en las próximas elecciones: Florida, Michigan y Pensilvania.

Trump siembra dudas sobre la votación por correo universal, asegurando que Estados Unidos será “el hazmerreír de todo el mundo”, pero tanto él como la primera dama Melania votan por correo en uno de esos estados, Florida, desde la capital del país. Por lo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, denunció en representación de los demócratas que el presidente estadounidense está llevando a cabo “una campaña para sabotear las elecciones”.

“Ahora necesitan dinero para que la oficina de correos funcione, de modo que pueda aceptar todos estos millones de papeletas”, le replicó Trump. “Pero si no obtienen esos recursos, significa que no se puede hacer la votación universal por correo”, se quejó Trump en referencia a un fondo de urgencia impulsado por el Congreso de EEUU para financiar las deficiencias del sistema de cara al aumento de la actividad en las próximas semanas.

El mandatario se negó a autorizar 25.000 millones de dólares para modernizar el servicio postal y 3.600 más para la aprobación de un fondo extraordinario dedicado única y exclusivamente al voto por correo.

Hace unos días, el director general del servicio postal, Louis DeJoy, se vio obligado a comparecer en el Senado de EEUU. Nombrado en el cargo desde el pasado mes de mayo y conocido por sus donaciones económicas tanto a Trump como a otros republicanos, las denuncias a los cambios que desde su nombramiento ha establecido han puesto de manifiesto el empeoramiento del servicio.

Aunque la polémica del servicio postal estadounidense y sus carencias no son recientes, lo cierto es que en los últimos meses han aumentado considerablemente las denuncias de la retirada de buzones de correos y de máquinas de clasificación automática en la correspondencia de algunas oficinas, así como destacados retrasos en los envíos ordinarios. DeJoy, que es el primer director general en optar al cargo ajeno a las filas de USPS en veinte años, alegó en su defensa que las medidas adoptadas recientemente responden al único objetivo de reducir costos.