Boris Johnson: de descreído a apóstol del confinamiento

Al inicio de la pandemia, el «premier» Boris Johnson fue uno de los últimos mandatarios europeos en imponer el confinamiento. Pero ahora estaría a punto de convertirse en el primero en volver a decretar un segundo encierro. La situación en el Reino Unido es grave. Las cifras de ingresos por covid-19 ya se están duplicado aproximadamente cada ocho días y el número de muertos se acerca a los 42.000, la cifra más elevada de Europa.

A partir del martes, se endurecen las restricciones en muchas zonas del norte y noroeste de Inglaterra, como Lancashire, Merseyside, Midlands o West Yorkshire, donde estarán prohibidas las reuniones de distintos núcleos familiares. Los pubs y restaurantes también podrían verse obligados a cerrar sus puertas a las 22 horas, una medida que desde el pasado viernes ya se aplica en el noreste de Inglaterra, donde se han registrado los rebrotes más importantes.

En la ciudad de Sunderland, la tasa de infección es ya de 103 casos por cada 100.000 personas, mientras que en South Tyneside Gateshead y Newcastle el ratio supera los 70. En todo el país, ya están prohibidas las reuniones de más de seis personas. Y, tal como avanza la prensa, el Ejecutivo podría decretar esta misma semana de nuevo un confinamiento a nivel nacional. «Es algo que no queremos ver, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario para mantener a la gente segura en esta difícil pandemia», señaló el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

A día de hoy, alrededor de 10 millones de personas de un país con 60 millones de habitantes se encuentra ya afectado por algún tipo encierro local. Y aunque el objetivo del Ejecutivo sería ahora mantener oficinas y colegios abiertos, en el mundo académico se está viviendo ya de alguna manera un confinamiento encubierto. Apenas dos semanas después de la vuelta a las aulas, más 740 centros en Inglaterra están ahora parcial o completamente cerrados. Alrededor de 25.000 profesores se han visto obligados al autoaislamiento y más de 12% de los estudiantes se encuentran de nuevo en casa.

Ante el aumento de los rebrotes, el sistema para realizar las pruebas de covid-19 sencillamente ha colapsado. Hancock admite que podría llevar «semanas solucionar el problema». Según las últimas cifras oficiales, el porcentaje de las pruebas resueltas en 24 horas cayó casi a la mitad en la última semana: de 66,6% al 37,9%, con consecuencias obvias para el programa de rastreo. Por lo tanto, pese a que el objetivo del Gobierno era realizar el test a todo aquel que presentara síntomas, se ve obligado ahora a priorizar de nuevo a los pacientes de hospitales.

Al final de la cola quedan los estudiantes, maestros y padres. En la práctica esto ha llevado a paralizar de alguna manera de nuevo al país. Debido a los protocolos de coronavirus vigentes, un solo caso sospechoso puede significar que 200 o más alumnos de una «burbuja» de un curso sean enviados a casa. Los padres de niños con síntomas también deben aislarse. Y aunque no tengan síntomas, si el menor está en casa significa que el progenitor debe quedarse al cuidado. El otoño siempre ha venido de la mano con catarros y, en circunstancias normales, no pasaba nada si se mandaba al niño a clase con tos.

Pero ahora el mundo entero ha cambiado. Según «The Times», las cifras internas del Gobierno sugieren que, en todo el país, las tasas se han más que triplicado en todos los grupos de edad desde finales de julio. Los contagios todavía son más altos entre los adolescentes y los veinteañeros, pero las tasas entre las personas de cuarenta y cincuenta años se encuentran en niveles similares a los de estos grupos de edad más jóvenes hace dos semanas. Según los últimos datos, las tasas en personas de entre 40 y 49 años habían llegado a 23 por 100.000, lo mismo que hace tres semanas en el grupo de 20 a 29 años, y se entiende que la tendencia se ha acelerado.

Neil Ferguson, del Imperial College London, cuyo modelo fue clave para Downing Street impusiera finalmente el confinamiento en marzo, advierte que las infecciones han vuelto a estar niveles de finales de febrero y que «desafortunadamente se producirán aumentos en las muertes en las próximas semanas».

El problema es que la economía británica cada vez se encuentra más resentida. Reino Unido ha entrado ya en recesión y en octubre el Ejecutivo cortará el grifo a las ayudas a los ERTES, que actualmente afectan a 9,6 millones de trabajadores. El titular del Tesoro, Rishi Sunak, está realmente preocupado. Y la situación podría empeorar aún más en diciembre si finalmente se llega a un Brexit duro económico. Las negociaciones entre Londres y Bruselas para cerrar pacto comercial antes del final del periodo de transición no avanzan.

Y el hecho de que Johnson se muestre ahora dispuesto a violar el Acuerdo de Retirada no facilita las cosas. Esta semana es clave para la tramitación del proyecto de Ley de Mercado Interno con la que el «premier» pretende dinamitar el tratado internacional firmado con la UE el año pasado. Sus propias filas no se muestran contentas con el órdago y para evitar una revuelta interna, el tory ha cedido ante la enmienda propuesta por dos de los principales detractores del texto legal.

Por lo tanto, está ahora dispuesto a que sea Westminster y no el Gobierno quien, si no hay pacto comercial con Bruselas, se pronuncie sobre la decisión de exigir declaración de aduanas a los bienes enviados desde Irlanda del Norte al resto del Reino Unido.

Asimismo, también sería decisión de los parlamentarios informar o no a Bruselas sobre cualquier subvención pública (ayudas de Estado) que recibiera una empresa radicada en territorio norirlandés. Bruselas insiste en que las nuevas disposiciones impulsadas por la polémica normativa contradicen claramente el tratado internacional del Brexit por lo que da de plazo al Gobierno hasta finales de mes para retirarlas.