¿Puede ser juzgado Maduro en la Corte Penal Internacional?

Este miércoles el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se celebra en Ginebra asistirá a la presentación del informe realizado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre la violación de los DD HH Venezuela desde 2014, un año después de que Nicolás Maduro llegara a la presidencia. El análisis realizado por expertos independientes auspiciado por Naciones Unidas documenta casos de torturas y malos tratos a través del testimonio de 2.000 personas que han padecido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El informe de la ONU no apunta al Estado venezolano sino a personas concretas, como el propio Maduro pero también a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; y a los ministros de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, respectivamente, entre otros altos funcionarios.

En declaraciones a BBC Mundo, Marco Roscini, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Westminster, en Londres, asegura que “este informe habla de crímenes de lesa humanidad de varios niveles: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, etc. Son crímenes que la CPI puede juzgar. Pero tienen que ser crímenes graves. Es poco probable que la CPI acepte juzgar un caso de tortura o dos”. Según este analista, si la CPI encuentra casos sistemáticos de torturas puede abrir un caso penal.

Cabe recordar que la Corte no forma parte de la estructura de la ONU, aunque un acuerdo del 4 de octubre de 2004 regula la cooperación entre ambas. Este tribunal se pronuncia sobre genocidios y crímenes de lesa humanidad y de guerra en aquellos países donde el sistema judicial no tiene la capacidad de perseguir y castigar a los responsables de esos delitos.

Venezuela forma parte de esta Corte, que tiene sede en La Haya, y por tanto tiene la obligación de colaborar. En septiembre de 2018, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron una carta suscrita por los líderes de sus respectivos países solicitando la intervención de la Corte de La Haya. Ese mismo año, la fiscal de la Corte Penal, Fatou Bensouda, comenzó un “examen preliminar” sobre la situación en el país caribeño para evaluar “presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la CPI”. Esa decisión fue adoptada después de estudiar de cerca el caso venezolano desde 2016 y tras una revisión “cuidadosa, independiente e imparcial de comunicaciones e informes”, dijo Bensouda.

La activista pro derechos humanos Tamara Suju, presidenta del Instituto Carla, asegura a LA RAZÓN que actualmente la CPI está a punto de terminar la fase 2 del estudio preliminar: “Luego pasará a la fase 3, que estudia la admisibilidad. Y después llegará la fase 4, cuando se estudia el momento histórico en el cual se puede producir la apertura de una investigación”. Suju recuerda que los fiscales de la CPI no tienen definido un lapso de tiempo para cada fase de la investigación, por lo que la misma se podría extender sine die.

Una vez que la fiscal haya elaborado el informe preliminar, la CPI tendrá que decidir si sigue adelante. “La denuncia de los seis estados que son parte del Convenio de Roma contra Venezuela evita que la fiscal tenga que entregar el informe a la sala de jueces, por tanto ella misma podrá decidir la apertura de una investigación. Si se abre una investigación, no importa en qué momento de la misma, se puede ordenar la aprehensión de un presidente en funciones”.

Existe también otra opción desde el punto de vista judicial. Como señaló en una entrevista para CCN Radio la embajadora venezolana en Guatemala, María Teresa Romero, “al elevar este informe a escala internacional, las personas mencionadas pueden ser enjuiciadas en cualquier país con Jurisdicción Universal; esto significa que hay capacidad para juzgar delitos internacionales sin importar la nacionalidad o el lugar donde se haya cometido el delito del imputado, como se juzgó en su día a Augusto Pinochet”, explicó.

Los países que aceptan la jurisdicción universal podrían dar pie a una investigación por parte de uno de sus tribunales, que podría llevar al enjuiciamientos de las personas señaladas, incluso si se encuentran en otro país y si el delito se cometió en el extranjero. Maduro goza de inmunidad presidencial, pero si alguna vez deja el cargo quedará expuesto a una posible detención si viaja a un país donde se reconoce la justicia universal.

En el pasado, Maduro ya fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por la esposa y el abogado defensor del dirigente opositor Leopoldo López. En su querella lo acusaron de recurrir sistemáticamente a la persecución política y a la tortura. Asimismo, en 2017, la destituida fiscal general de Venezuela Luisa Ortega solicitó en La Haya ante la CPI la detención de Maduro, su ministro de Defensa y el de Interior y Justicia por crímenes de lesa humanidad.

La reacción del régimen venezolano ante el nuevo informe de la ONU fue de absoluto rechazo. El canciller chavista, Jorge Arreaza, dijo que el informe está “plagado de falsedades” y procede de “una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”.