Por qué la policía de Colombia es un cuerpo militar

La tradición de violencia política y el narcotráfico centraron el esfuerzo de este ente en detrimento de las labores de prevención

La Policía colombiana está considerada como un cuerpo militar armado y está adscrita al Ministerio de Defensa y no al de Justicia. Históricamente, el cuerpo policial de este país, formado por unos 182.000 efectivos, ha mantenido un perfil militarizado en cuanto a la estructura de mando y la formación de sus cuadros. Entre sus funciones está tanto la de combatir a los grupos criminales del narcotráfico como vigilar la entrada de un estadio de fútbol.

Las Constituciones de 1886 y 1991 ratificaron un sistema por el cual la policía se rige por un sistema de justicia especial por el que se blindó a los miembros de la fuerza pública, para que aquellos delitos que estén vinculados al servicio de policías y militares sean juzgados por jueces, en su mayoría ex miembros de la misma institución.

Cuando un agente es investigado o sancionado, como ha sucedido con el caso del policía que mató al abogado Javier Ordóñez en la calle tras dispararle descargas eléctricas, es la justicia militar la se ocupa del suceso, pese a que en la Constitución y en el Código Penal la policía está establecida como un ente civil.

No obstante, en el Código Penal Militar se establece que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario como las torturas, detenciones arbitrarias, violaciones, homicidios o desapariciones, son consideradas delitos sin conexión a la función militar ni policial, razón por la cual deben ser siempre juzgadas por la justicia ordinaria. Por esta razón, la muerte del abogado Javier Ordóñez también está siendo investigada por un tribunal civil.

La militarización de la policía tiene su origen a principios del siglo XX, no está ligada por tanto a la existencia del conflicto armado que ha sacudido Colombia desde la década de los años cuarenta del siglo XX. Los expertos consideran, sin embargo, que este conflicto y el auge de los cárteles de la droga en los años ochenta, sí que ayudaron a mantener esa situación. Así, mientras en muchos países de la región los cuerpos policiales acentuaban su perfil civil, en Colombia mantuvo sus atribuciones militares.

“Uno de los impactos negativos del conflicto armado colombiano y del fenómeno de narcotráfico ha sido que la Policía descuidó su función preventiva y privilegió las tareas reactivas frente a los hechos que protagonizaban los distintos grupos dedicados a estas actividades, dejando de lado la atención de la convivencia y la seguridad de los ciudadanos”, según sostiene un informe de la ONG Fuerza Letal.

En 1999 fue creado el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) por la Policía Nacional con el objetivo de “apoyar a los departamentos y policía metropolitanas en el manejo y control de multitudes y espectáculos públicos”. Comenzó siendo un grupo conformado por cerca de 200 policías, pero para 2016 tenía más de 3.600 miembros.

Las policías de varios países latinoamericanos están en el punto de mira en los últimos tiempos, debido a las prácticas empleadas para sofocar las manifestaciones antigubernamentales. En Chile, los carabineros han pasado de ser considerados un cuerpo respetado y admirado por muchos a ser blanco de las críticas por la violencia con la que actúan contra los manifestantes.

El Monitor de Fuerza Letal, un centro de estudios que estudia los abusos de las fuerzas del orden, atribuye a las policías en Brasil, Venezuela y El Salvador índices de brutalidad y homicidios de civiles mucho más altos que a la de Colombia. En esos países, así como en Chile o México, las policías también se unen parcialmente al ejército en su función de defensa del Estado.

En Colombia, entre 2016 y 2017 se presentaron más de 13.000 quejas contra la policía por abusos físicos, según un informe de la ONG Fuerza Letal. Tras la muerte del abogado a manos de la policía en septiembre, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que la policía ya está en un proceso de modernización, que plantea la necesidad de que el cuerpo se fundamente en el respeto de los derechos humanos.