Macron declara la guerra al islamismo radical

El Gobierno francés lanza varias operaciones policiales y prepara «acciones concretas» contra organizaciones y agitadores religiosos

Homenaje al profesor decapitado en la Place de la Republique, en Lille
Homenaje al profesor decapitado en la Place de la Republique, en LillePASCAL ROSSIGNOLREUTERS

El presidente Emmanuel Macron ha decidido reaccionar rápido ante el momento de conmoción que vive Francia tras el atentado yihadista contra el profesor Samuel Paty. El presidente francés prepara para los próximos días «acciones concretas» contra organizaciones y agitadores islamistas, además de un reforzamiento de la seguridad en los centros educativos. «El miedo va a cambiar de campo», decía el mandatario francés el domingo por la tarde tras estudiar una batería de nuevas medidas que ayer se hicieron públicas.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha anunciado la expulsión de 231 extranjeros sospechosos de radicalización. Según las cifras oficiales, en Francia existen unos 200.000 sospechosos, 4.000 de los cuales tendrían «tentaciones peligrosas». Macron ha estudiado varias de las propuestas que sus ministros le hicieron en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa celebrado el domingo en el Elíseo con el fin de dar un tono más firme al proyecto de ley contra el separatismo islámico. Las medidas judiciales y policiales están por venir pero el Ejecutivo ya ha anunciado su intención de disolver varias asociaciones con fines sociales y culturales que operan en la nebulosa yihadista en Francia.

El Gobierno pretende hacer un seguimiento más estrecho de individuos y asociaciones que promuevan puntos de vista radicales islamistas, con acciones más decididas por parte de las autoridades. De hecho, el titular de Interior ya ha citado alguna de ellas, en concreto el Comité Contra la Islamofobia (CCI), una organización que ha estado en el punto de mira de las autoridades desde hace tiempo, pero el ministro Darmanin ha señalado que hay «cientos» de asociaciones bajo la lupa de la Justicia. El Gobierno dispone de una lista de 51 asociaciones que serán sometidas a examen en los próximos días. El objetivo es «enviar el mensaje de que quien amenaza a la República no tendrá respiro» por parte de la Justicia, afirmó en la emisora Europe 1 el titular de Interior.

Además, se han abierto unas 80 investigaciones a individuos que se felicitaron en redes sociales de la decapitación del profesor de Historia. Los principales responsables de las grandes tecnológicas como Facebook, Twitter o Google han sido convocados hoy en el ministerio del Interior para buscar nuevas fórmulas que permitan combatir la propaganda de la barbarie yihadista. En este sentido, el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, denunció el domingo en una entrevista «el linchamiento público» que sufrió Paty antes de su asesinato y pidió «una respuesta absolutamente ejemplar» contra sus autores.

El padre de una alumna del instituto donde enseñaba Paty y un conocido activista islamista, ambos detenidos por su relación con el atentado, publicaron días antes del asesinato varios vídeos contra el profesor de la escuela, en los que se divulgaba información personal detallada suya. Incluso, un vídeo tenía el supuesto testimonio de una alumna que, en realidad, nunca asistió a la clase en la que se mostraron las caricaturas de Mahoma.

También se va a reforzar la seguridad de los centros educativos y de los docentes cuando se presenten problemas relacionados con el radicalismo. Y se aumentará la seguridad de algunas escuelas e institutos para cuando terminen las actuales vacaciones de otoño, de forma que las medidas estén en marcha para el retorno a clase el 2 de noviembre.

El Gobierno galo intenta mostrar una acción firme y decidida ya que la futura Ley contra el separatismo islámico que Macron presentó hace unas semanas aún tardará en aprobarse y en aplicarse, hasta entrado el año que viene y ya ha sido objeto de críticas en estos momentos de conmoción. Según un sondeo en el conservador «Le Figaro», un 90% de sus lectores considera que el Estado «hace poco para que se respete la laicidad en la escuela».