Los venezolanos rechazan la farsa electoral de Maduro

Quizá la evidencia más clara de la manipulación del sistema electoral en Venezuela la dio el mismo Nicolás Maduro a mediodía de ayer. El gobernante debía sufragar en un centro electoral ubicado al oeste de Caracas, en Catia, una zona popular de gran densidad poblacional. Así estaba registrado en el Registro Electoral Definitivo publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su sitio web, incluso hasta la mañana del día del fraude convocado por el régimen. A partir de la 1 de la tarde, Maduro fue visto en televisión participando del evento en un centro electoral distinto, uno ubicado dentro de Fuerte Tiuna, una instalación militar en la capital. «Hoy, con el voto del pueblo, estamos haciendo justicia», ha dicho Nicolás Maduro tras votar.

En paralelo, la autoridad electoral modificaba la información en el registro público de su sitio web para que coincidiera con la votación en la instalación militar. El cambio viola lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente. Hasta el cierre de esta edición, ni los rectores del CNE ni los partidos políticos opositores que participaron del 6-D habían dicho algo al respecto.

Para los opositores que sí han boicoteado los comicios, el motivo del trasladado fue evitar dar una imagen de baja participación en los medios cuando el mandatario acudiera a votar. «Maduro está abandonado, no tiene respaldo», indicó el dirigente opositor Juan Guaidó, presidente encargado del país.

«No tiene respaldo, mucho menos votos. Hoy no pudieron ni sacar una foto para su propaganda», aseveró Guiadó.

Fue una de las irregularidades de un proceso que convocó a la minoría del país. Faltando tres horas para el cierre de las mesas electorales, solamente había participado 7,6% de los electores inscritos, según el registro del Observatorio contra el Fraude que instaló la Asamblea Nacional –de mayoría opositora– y se alimentaba para sus reportes de estructuras de partidos políticos y organizaciones sociales.

Además, reportaron que el 70,2% de los centros tenían cerca un «punto rojo» del partido de gobierno PSUV, lugares donde militantes registran en listados quiénes acudieron a votar, so pena de castigos sociales, o de entrega de «premios» como bolsas de comida, a pesar de la promesa hecha por el régimen incluso a la ONU de que tal cosa no ocurriría. Asimismo, el Observatorio registró que en el 69,9% de los centros electorales del país se identificaron estructuras estatales de repartición de cajas CLAP movilizando y supervisando la participación de electores, como ya adelantaba LA RAZÓN en ediciones anteriores.

Para este evento, los CLAP fueron incorporados a la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), que busca coordinar a nivel local «las acciones entre el Estado y las organizaciones del Poder Popular en procura de la mayor suma de felicidad posible de sus pobladores». Allí también se incluyen las UBCH, unidades de batalla Bolívar-Chávez, otras células partidistas para control de las comunidades más humildes.

LA RAZÓN pudo confirmar cómo a beneficiarios de programas sociales les enviaban mensajes de texto y vía Whatsapp para registrar que hubiesen participado. Un trabajador de la Contraloría General de la República, que pidió la reserva de su nombre para evitar represalias, comentó que fue llamado por uno de sus jefes increpándolo para que acudiera a votar. Una trabajadora del ministerio de Salud también recibió el mismo exhorto de sus superiores.

Durante el día, también se autoridades locales y regionales del PSUV, alcaldes y gobernadores, enviaron audios a sus militantes para exigir aumentar la movilización. «Pónganse las pilas de manera inmediata. Tenemos un voto estructurado con los jefes de calle. Hemos apoyado (entregado dinero) a la estructura. No hay justificación para no tener una mejor participación», decía el alcalde Farith Fraija, de Carrizal, a las afueras de Caracas.

Más allá, en otro municipio del céntrico estado de Miranda, un alcalde ratificaba a los suyos. «Hay que tocarle la puerta a la gente y sacarlo a votar. Así no vamos a lograr el resultado. Vamos a ganar pero con un resultado muy pobre, necesitamos que haya participación para ganar bien».

Ese alcalde se quejaba de que no se estaba aplicando con fuerza el «voto asistido», que el Observatorio contra el Fraude determinó había estado presente en al menos 53% de los centros electorales donde un militante del partido oficial «acompaña» a quien vota para que «marque bien» la tarjeta correcta, la del PSUV.

Alargan una hora la votación pese a la escasez de electores

Mensajes similares plantearon los gobernadores de Vargas y Yaracuy, pero nada de esto fue denunciado por los opositores participantes del evento que ha sido desconocido por la OEA, países europeos y de América Latina, así como por Estados Unidos. Los abanderados de Maduro continuaron llamando a votar para lograr que la participación subiera hasta el 40%, como estimaba Timoteo Zambrano que ocurriría cuando faltaban tres horas para el cierre de las mesas.

En este sentido, el CNE autorizó que se extendiera la jornada al menos una hora más, a pesar de la escasez de electores. Un tiempo que aprovechó el chavismo para impulsar su «operación remate».

Zapatero, observador internacional

Entre los observadores internacionales estuvieron los ex presidentes Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia, además de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dio quizá la declaración más política de la jornada por parte de esos invitados. El ex jefe de Gobierno de España pidió a la UE que «reflexione» sobre el no reconocimiento a las parlamentarias venezolanas, denunciadas como fraudulentas. «La diplomacia de la UE se basa en la solución pacífica de conflictos, respeto a procedimientos y deseo que haya reflexión, que evalué lo que ha sido la política de sanciones o de no reconocimiento». Insistió en que «no se puede llegar al absurdo de decir que no hay parlamento ni presidente».

Rodríguez Zapatero, que se encuentra en Venezuela como un observador internacional, manifestó sentirse «satisfecho» que se haya podido cristalizar el proceso de elecciones parlamentarias en el país, donde destacó la participación de más 10 partidos opositores. De las 14 papeletas opositoras, ocho fueron intervenidas por el Tribunal Supremo del chavismo para cambiar sus directivas, medida que afectó incluso a tres partidos de la izquierda porque dejaron de apoyar a Maduro.