¿Por qué se juzgará a Trump?

El magnate es el primer expresidente que será enjuiciado por el Senado tras dejar el cargo

6 de enero de 2021, el presidente Donald Trump llega para hablar en un mitin en Washington y pronunciaría el discurso que ha derivado en el segundo impeachment
6 de enero de 2021, el presidente Donald Trump llega para hablar en un mitin en Washington y pronunciaría el discurso que ha derivado en el segundo impeachment FOTO: Jacquelyn Martin AP

Trump está acusado de incitar a una insurrección cuando instó a sus partidarios a “luchar” contra su derrota electoral antes de que asaltaran el Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero, se enfrentaran a la policía y dejaran cinco muertos.

En cierto modo será una repetición de su primer juicio de destitución hace un año. De nuevo el propio Trump no estará presente y el resultado parece ser el mismo: la absolución.

Pero hay diferencias cruciales en esta segunda ocasión. Trump es ahora un expresidente, el primero en ser juzgado por el Senado tras dejar el cargo. Por ello, las sesiones no estarán presididas por John Roberts, el presidente del Tribunal Supremo, sino por Patrick Leahy, de 80 años, el senador demócrata más veterano.

Mientras que Trump ofrecía comentarios sobre el primer juicio a través de Twitter, ahora ha sido expulsado de la plataforma por sus declaraciones incendiarias. Y mientras que su primer juicio giró en torno a si los registros telefónicos y los rastros de papel demostraban que presionó al presidente de Ucrania para investigar a Joe Biden, la secuela promete ser más cruda y visceral.

Sólo ha habido cuatro impeachments presidenciales en la historia de Estados Unidos y Trump posee la mitad de ellos: el segundo llegó el mes pasado en una votación de la Cámara de Representantes, con todos los demócratas y 10 republicanos acusándole de incitar a la violencia contra el gobierno de Estados Unidos.

Eso preparó el terreno para el juicio del martes en el Senado, donde los escritos legales presentados por ambas partes ofrecen un avance del territorio que se disputará. Los fiscales de la Cámara de Representantes argumentan que Trump fue “singularmente responsable” del saqueo del Capitolio -donde se estaba certificando la victoria electoral de Biden- al “crear un barril de pólvora, encender un fósforo y luego buscar una ventaja personal del estrago resultante”.

Si los demócratas hacen lo que se está informando y presentan las pruebas visuales, no será nada que un juicio en el Senado haya visto antes. Es “imposible” imaginar que el ataque se produjera como lo hizo sin que Trump azotara a la multitud en un “frenesí”, argumentan, citando la misma opinión expresada por la congresista de Wyoming Liz Cheney, una republicana que desafió la línea del partido al votar a favor del impeachment.

Pero en un escrito de 14 páginas en el que se utiliza la palabra “negó” o “niega” unas 29 veces, el equipo legal de Trump, reunido apresuradamente, sostiene que no se le puede culpar porque nunca incitó a nadie a “tener un comportamiento destructivo”. Los “responsables” del ataque están siendo investigados y procesados, añaden.

Pero el escrito de los demócratas contiene detalles del horror que sintieron los políticos y su personal durante el caos. “Algunos diputados llamaron a sus seres queridos por miedo a no sobrevivir al asalto de la turba insurrecta del presidente Trump”, escriben.

En su escrito detallan las amenazas a Mike Pence, el entonces vicepresidente, y a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, mientras la turba pro-Trump arrasaba con el edificio y los “cazaba específicamente”. Algunos corearon “¡Cuelguen a Mike Pence!” y lo tacharon de traidor por negarse a anular el resultado de las elecciones, según muestra el vídeo.

También argumentan que la Constitución permite explícitamente al Senado inhabilitar a un ex funcionario condenado para ocupar un cargo en el futuro, una consideración vital dado que Trump no ha descartado presentarse de nuevo a la presidencia en 2024.

Aun así, sigue habiendo cierto suspense en torno a si Trump presionará a su equipo legal para que impulse “la gran mentira” de unas elecciones robadas. A lo largo de dos meses sus falsas afirmaciones de fraude electoral fueron rechazadas por tribunales, funcionarios estatales y su propio fiscal general.