Ni los arrestos. Ni los tanques. Ni los disparos. Ni los cortes de internet. Ninguna de estas tácticas parece intimidar a los ciudadanos birmanos que este lunes volvieron a salir a las calles para protestar contra el golpe de Estado que el Ejército perpetró hace ya dos semanas. Los manifestantes desafiaron a la Junta militar desde Dawei a Myitkyina, pasando por Rangún, Naipyidó y Mandalay. En esta última -la segunda ciudad más importante del país-, se registraron al menos tres heridos después de que los soldados y policías dispararan con escopetas de aire comprimido tanto a los descontentos como a los residentes que presenciaban el enfrentamiento dejando un número desconocido de arrestados, según los medios locales.

Ni siquiera la resaca de la noche del domingo al lunes, en la que los blindados se desplegaron por las calles y se dejó prácticamente incomunicada a la población, pudo con ellos. Ayer, al grito de “acabad con la dictadura”, exigieron la liberación de la líder del país, Aung San Suu Kyi, a quien los militares decidieron mantener detenida extendiendo la prisión preventiva de la premio Nobel dos días más de lo previsto. Se suponía que su arresto expiraba este lunes tras haber sido acusada de violar una ley de importación y exportación, unos cargos que de probarse le pueden costar hasta tres años de cárcel.

“La Dama” aislada sin abogado

Los expertos coinciden en que esta detención prolongada puede que aumente aún más las tensiones entre los militares y unos manifestantes que han tomado las calles de Birmania con el fin de traer de vuelta a un gobierno que eligieron democráticamente el noviembre pasado y que el Ejército ha acusado de cometer fraude electoral. Según el abogado de “La Dama”, U Khin Maung Zaw, todavía no le han permitido encontrarse con ella para preparar el caso que llevará el Tribunal del municipio de Zabhuthiri a través de una videoconferencia supuestamente el miércoles. “Necesito recibir sus instrucciones como su abogado”, apuntó el letrado.

Por el momento, las protestas se mantienen por todo el territorio y al gobierno de la Junta se le está haciendo difícil hacerse con el control de un país que se encontraba inmerso en un proceso democrático de diez años.

Represión contra los manifestantes

En Mandalay, la policía dispersó a los manifestantes que se habían concentrado disparando balas de goma y golpeándoles con palos, según el medio Channel News Asia. En Naipyidó, varios centenares marcharon hasta la puerta de una comisaría para exigir la liberación de otra treintena de estudiantes arrestados por participar en actividades antigolpistas.

Mientras, en Rangún, pese a la fuerte presencia policial con sus calles repletas de blindados y militares, miles de personas se manifestaron después de que la noche anterior los uniformados arrestaran a funcionarios, abogados y a otros ciudadanosacusados de participar en un movimiento de desobediencia civil. Las protestas se localizaron en los alrededores del edificio del banco central, las embajadas de Estados Unidos y China y la sede de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Suu Kyi. El despliegue policial allí fue tan grande que los analistas lo interpretan como un claro mensaje de amenaza para todos aquellos que han decidido unirse a dicho movimiento y protestar contra el levantamiento militar.

Sin miedo

“Patrullar con vehículos blindados significa que están amenazando a la gente”, afirmó Nyein Moe, uno de los más de más de mil reunidos frente a la sucursal bancaria. No obstante, “a la gente que marcha por las calles no les importa que los detengan o les disparen. No podemos detenernos ahora. El miedo que podía haber en nuestra mente se está esfumando”, agregó este hombre de 46 años. Su determinación parece ser compartida por los miles de ciudadanos que se han unido a las huelgas iniciadas por los trabajadores sanitarios, quienes negándose a trabajar bajo el gobierno de la Junta han logrado paralizar buena parte de la Administración.

Sin embargo, surgen dudas de hasta cuándo se podrá mantener esta resistencia ciudadana teniendo en cuenta que el gobierno del general Min Aung Hlaing está poniendo cada vez más trabas. Entre las medidas impuestas por el régimen militar se encuentra la suspensión de las leyes que permiten a las autoridades arrestar a ciudadanos y registrar propiedades privadas sin una orden judicial. Esto se traduce en que cualquiera puede ser detenido durante más de 24 horas sin la aprobación de un tribunal, los mensajes privados pueden ser interceptados y las autoridades pueden exigir datos personales de comunicaciones telefónicas o electrónicas a los proveedores de telecomunicaciones, además de abrir, registrar, incautar o destruir correspondencia privada, algo que anteriormente estaba impedido por la Ley de Privacidad.

Penas de hasta 20 años contra los democráticos

Además, ayer advirtieron que los antigolpistas detenidos pueden enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel si obstruyen las acciones de las Fuerzas Armadas o incitan al “odio” contra los líderes actuales. Y, paradójicamente, han propuesto una nueva ley de ciberseguridad que podría acarrear penas de cárcel para aquellos usuarios de redes sociales que difundan información que genere “pánico social”.

Habrá que ver cómo evoluciona la tensa situación que se vive en una nación asiática curtida durante medio siglo en gobiernos militares que han reprimido a su población. Hasta ahora, todo apunta a que las protestas continuarán mientras los tanques siguen apostados en las calles, un escenario que ya ha hecho que numerosas embajadas condenen la actuación de los uniformados. “Apoyamos al pueblo de Birmania en su búsqueda de la democracia, libertad, paz y prosperidad. El mundo está mirando”, declararon de manera conjunta los representantes de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, España y otra decena de países. Todos ellos condenaron la violencia ejercida contra los manifestantes, civiles y periodistas.