El editor de El Nacional quiere llevar a la Corte Penal Internacional el embargo del periódico

El editor del periódico El Nacional, Miguel Henrique Otero, ha anunciado que llevará a la justicia internacional el acoso que sufre este diario por parte de las autoridades venezolanas, que ha culminado con el embargo del edificio tras un proceso judicial de seis años activado por el dirigente chavista Diosdado Cabello. Asesorado por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, Otero expondrá el caso en primer lugar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde espera una condena contra el régimen de Nicolás Maduro, por “atropello a la libertad de expresión, violación a la propiedad privada y vulneración a las garantías procesales”.

En segunda instancia, los representantes legales de Otero en España presentarán un informe ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y por último tratarán de llevar el caso a la Corte Penal Internacional para que sea incorporado a la investigación que actualmente se cursa en La Haya por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen venezolano.

El Nacional ha estado en el punto de mira del Gobierno de Maduro desde hace tiempo. Este periódico prescindió de su edición en papel en 2018 ante la imposibilidad de imprimir el producto debido a las trabas impuestas por el régimen chavista. Esta cabecera con 77 años de historia, fundada por el abuelo del actual editor Miguel Henrique Otero, llegó a tener más de mil empleados pero la crisis que vive el país y el acoso del aparato gubernamental han reducido la plantilla drásticamente. Actualmente sus oficinas están tomadas por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

La puntilla la dio hace unas semanas una medida dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó el embargo de las instalaciones del periódico en Caracas para hacer frente al pago de una indemnización millonaria para resarcir “los daños morales” sufridos por Diosdado Cabello, número dos del chavismo, después de que El Nacional se hiciera eco de una noticia publicada por Abc y Wall Street Journal en la que se informaba de que la fiscalía de Nueva York había abierto una investigación a Cabello por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. La sentencia ordenaba una indemnización por 13,2 millones de dólares, pero Otero se negó a pagar dicha cantidad, lo que propició el embargo.

Otero sostiene que su periódico no difamó a Cabello y recordó que la noticia apareció en otros medios de comunicación de Venezuela y de otros países latinoamericanos. En declaraciones a LA RAZÓN, Otero se mostró confiado de que “el régimen caiga pronto”, pero al mismo tiempo reconoció que una medida como el embargo de El Nacional “difícilmente será revertida estando detrás de la misma Diosdado Cabello, la persona más poderosa de Venezuela”.

No es la primera vez que el gobierno chavista embarga un gran medio de comunicación venezolano. “Radio Caracas Televisión fue embargado en 2007, pero la diferencia es que cuando hicieron eso se lo entregaron al gobierno y crearon un canal de televisión para el Estado. En este caso están haciendo lo mismo pero para entregarle las instalaciones a Diosdado Cabello, a quien la DEA ofrece 10 millones de dólares por su cabeza”.

Además, Otero asegura que el valor de los bienes embargados supera “ampliamente” la cantidad que le pide la justicia venezolana. “Solo la rotativa vale 6 millones de dólares y el edificio debe costar como unos 30 millones de dólares. Tenemos además otra instalación en el centro de Caracas, donde funcionaba antes el periódico, que también ha sido embargada”.

El presidente y fundador de Cremades y Calvo Sotelo, Javier Cremades, considera que el embargo de El Nacional es “un acto indiscutible de persecución” y un “envite al derecho a la libertad de expresión en Venezuela”. Asimismo, aseguró que las acciones legales que se presentarán ante la CIDH se amparan en la Convención Americana de Derechos Humanos y ha especificado que las líneas que se seguirán en el caso se centran en la protección de los artículos 13, 21, 8 y 25, que garantizan el derecho a la libertad de expresión, a la propiedad y a las garantías procesales.