Polonia bajo el síndrome del divorcio europeo

Entre las medidas que baraja la Unión para castigar la burla del sistema de justicia europeo está la retirada de los fondos Next Generation que ascienden a 36.000 millones de euros

Activistas a favor de la Unión Europea se manifiestan en contra de la deriva autoritaria de su Gobierno
Activistas a favor de la Unión Europea se manifiestan en contra de la deriva autoritaria de su Gobierno FOTO: Czarek Sokolowski AP

El 1 de mayo de 2004, diez nuevos países pertenecientes al otro lado del Telón de Acero dieron un paso histórico al entrar a formar parte del club comunitario. Tras la caída del Muro de Berlín, su ingreso en la Unión Europea fue visto como un acicate para la modernización de estos Estados tanto desde el punto de vista de su tejido económico como del sistema político que sustenta a los regímenes democráticos europeos basados en el respeto al Estado de derecho y las libertades individuales. En realidad, la UE quiso emular la misma historia de éxito que las adhesiones de los países del Sur de Europa durante los años 80. Tanto Grecia en 1981 como España y Portugal en 1986 interpretaron su entrada en el club comunitario como el paso definitivo para demostrar que sus correspondientes dictaduras habían tocado a su fin y que Europa era el tren del progreso que no se podía dejar escapar.

Pero con los países del Este todo se ha complicado y la digestión está siendo mucho más pesada. La decisión del Tribunal Constitucional polaco este pasado jueves de declarar inconstitucionales varios artículos de los tratados europeos y de, en consecuencia, abrir la puerta a la desobediencia de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sitúan al club comunitario ante un escenario inédito y suponen el colofón a una deriva autoritaria a la que las instituciones europeas no han sabido ponerle freno debido quizás a una mezcla de falta de instrumentos adecuados y ausencia de visión política.

En realidad, Polonia ha sido un socio incómodo desde casi el principio- puso trabas a la non nata Constitución Europea y vetó sin descanso el posterior Tratado de Lisboa- aunque no fue hasta 2015 cuando la deriva autoritaria se vuelve irrefrenable. Es entonces cuándo el Partido de Ley y Justicia fundado en el año 2001 gana las elecciones y tachado como ultraconservador pone en marcha una serie de reformas que, a ojos de la UE y de los partidos opositores, socavan los fundamentos del Estado de Derecho tanto en la vertiente de la independencia judicial como la pluralidad de los medios de comunicación.

La negación de Varsovia

Varsovia siempre ha alegado que con estas medidas está intentado purgar a jueces elegidos durante la época comunista y cuyas actuaciones son peligrosas para la democracia. Pero la creación de una cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo que permite suspender a cualquier juez según los criterios del Gobierno y las jubilaciones forzosas de letrados han sido interpretadas por Bruselas como una manera de acallar voces incómodas.

Actualmente no existe ningún mecanismo dentro de los Tratados europeos para expulsar a un país que se declara en rebeldía. Tan sólo es posible que ese Estado (al igual que hizo Reino Unido), active su salida de manera voluntaria a través del artículo 50. Pero nada indica que esto sea posible, ya que la población polaca es mayoritariamente europeísta y Varsovia nunca ha tenido intención de salir del club sino de moldearlo desde dentro.

Las opciones de Bruselas

Ante este laberinto sin salida, Bruselas lleva desde hace tiempo barajando diferentes medidas para frenar la deriva autoritaria del país y ha abierto numerosos procedimientos de infracción contra Polonia. Además, la Comisión Europea mantiene en suspenso la aprobación del plan de recuperación polaco para hacer frente a los estragos ocasionados por el coronavirus, lo que está retrasando la llegada al país de los fondos Next Generation EU que ascienden a un total de 36.000 millones entre subvenciones a fondo perdido y préstamos. Por otra parte, el Ejecutivo comunitario también tiene en su mano activar el mecanismo que supedita la llegada de los fondos al respeto al Estado de Derecho y cuya validez ha sido recurrida ante el alto tribunal europeo por Polonia y Hungría. La Comisión Europea considera que la pérdida del maná europeo puede complicar el apoyo de empresarios y familias al Gobierno, en un país cada vez más fracturado.

La Comisión Europea también expedientó al país en el año 2017 con el artículo 7 de los Tratados, en conocido en los pasillos comunitarios como “botón nuclear” que en última instancia puede abocar a la pérdida del derecho de voto en el Consejo. Para llega a esta fase, es necesaria la unanimidad de las capitales europeas. Teniendo en cuenta que Hungría se encuentra también en la misma situación (el Parlamento Europeo decidió abrir el mismo procedimiento en 2018), esto ha ocasionado que esta herramienta se encuentre en punto muerto y que las instituciones europeas se hayan planteado otros mecanismos para intentar que Polonia frene esta deriva autoritaria.

Antes de este fallo del Tribunal Constitucional, Bruselas también había amenazado al país en el mes de septiembre con multimillonarias sanciones económicas si persiste e su negativa de no cumplir varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra del régimen disciplinario al que son sometidos los jueces polacos. La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha prometido utilizar “todos los poderes” a su alcance para que Varsovia vuelva al redil y todo indica que este pulso puede marcar su mandato al frente del Ejecutivo europeo.