Europa no es (aún) una fortaleza

La trágica situación en la frontera polaca, con miles de personas abandonadas a su suerte y utilizadas como chantaje político por parte el régimen bielorruso de Aleksandr Lukanhenko, ha reabierto el debate sobre la necesidad de blindar las fronteras europeas e incluso la posibilidad de que estas infraestructuras sean financiadas con dinero comunitario.

Según el informe realizado por el Centro de Estudios para la paz, titulado” Miedo y seguridad en la Unión Europea”, en los últimos 30 años los países europeos y los miembros del espacio Schengen han construido un total de 1.000 kilómetros de vallas, el equivalente a seis veces el Muro de Berlín.

El país pionero en la construcción de estas infraestructuras fue España en los años 90 para protegerse de los flujos migratorios procedentes de Marruecos y el gran momento de inflexión hacía la Europa como fortaleza inexpugnable se produjo en el año 2015, con la crisis de refugiados sirios y el cerrojazo de las fronteras generalizado en los países del Este para cerrar la denominada ruta de los Balcanes. Esto acabó causando que Alemania abriera sus fronteras y acogiera en su territorio a un millón de sirios. Pero el fracaso sin paliativos de la canciller alemana Angela Merkel- y del ejecutivo comunitario presidido entonces por Jean Claude Juncker- a la hora de reformar el sistema de asilo europeo y poner en marcha el reparto de refugiados entre los países europeos, a través de un sistema de cuotas obligatorias, ha llevado a que, hasta el momento, el único punto en común entre las cancillerías del Norte y Sur y Este Oeste del club sea el blindaje de fronteras.

Aunque Frontex, la agencia de fronteras europea, llevaba operativa desde el año 2005, es a partir de 2015 cuando se incrementa sustancialmente su presupuesto desde lo 95 millones anuales en esa fecha hasta los 1.800 anuales entre 2021 y 2027. En octubre de 2016 se amplió su mandato que fue reforzado en noviembre de 2019 con el objetivo de que en el año 2027 haya un cuerpo de 10.000 guardias fronterizos (3.000 directamente empleados por la agencia y el resto, efectivos de los Estados miembros) que se encarguen de asistir a los países europeos en la vigilancia de fronteras y la devolución de los inmigrantes ilegales. A pesar de esto, la gestión de las fronteras sigue siendo una competencia nacional y las fuerzas de Frontex sólo pueden desplegarse a solicitud del país concernido. España no quiso recurrir a la agencia europea en su última crisis con Marruecos y Polonia ha preferido movilizar a su ejército antes que pedir el auxilio europeo.

Dese el año 1990 hasta 2017, el estudio antes citado, publicado en septiembre de 2018, contabiliza la construcción de 15 muros en los países europeos, la zona Schengen y Macedonia en sus límites con Grecia. España selló sus fronteras de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en 1993 y 1996 respectivamente (en 2005 se instalaron cuchillas que fueron retiradas entre 2019 y 2020 y sustituidas por barrotes semicirculares en forma de peine y verjas más altas) ; Grecia construyó su valla con Turquía en 1996; Bulgaria, Hungría, Macedonia, Austria y Eslovenia imitaron este modelo en 2015; el entonces socio europeo Reino Unido hizo lo propio en su frontera con el puerto de Calais (Francia) el mismo año y Letonia, Noruega, Estonia y Lituania también decidieron levantar fronteras para protegerse de Rusia durante los años 2015 a 2017, aunque en su caso no sólo para resguardarse de los flujos migratorios sino también de las amenazas expansionistas de Vladimir Putin tras la anexión ilegal de la península de Crimea en 2014.

Este listado puede quedar pronto obsoleto ya que el senado polaco aprobó el 27 de octubre la construcción de un muro en la frontera con Bielorrusia de una extensión de 100 kilómetros y cuyo precio asciende a 353 millones de euros. Además, Lituania ha empezado la construcción de una barrera de cuatro metros también en sus lindes con Bielorrusia y ya están instaladas las primeras concertinas. Se espera que los primeros 100 kilómetros ( de un total de 400) estén finalizados entre noviembre y diciembre. Aunque no forma parte de la UE, Turquía también está levantando un muro de tres metros de altura y 2,80 metros de ancho a la largo de su frontera con Irán para frenar la llegada masiva de migrantes procedentes de Afganistán tras la conquista de Kabul por parte de los talibanes. Aunque los Veintisiete llegaron a un acuerdo en 2016 con Ankara para que su policía interceptase a los migrantes que intentaban llegar a Europa a través e las islas griegas, lo que redujo de manera drástica las llegadas a los Veintisiete, Turquía ya ha dejado claro que en la crisis de Afganistán no tiene ningún interés en desempeñar el mismo papel.

En la pasada cumbre europea, celebrada los días 21 y 22 de octubre la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen dejó claro que la UE no financiará alambradas con púas ni vallas con cargo al presupuesto comunitario y recordó que ya existen partidas para la gestión de fronteras que incluyen medios electrónicos, personal e infraestructuras. Este “no” por parte de von der Leyen llegó después de que doce países -Austria, Bulgaria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia y Eslovaquia- hubiesen pedido en una carta a Bruselas dinero europeo contante y sonante para “barreras físicas”, como “medida efectiva de protección de las fronteras europeas”.

En apenas unas semanas, con la crisis polaca como telón de fondo, la discusión parece dirigirse hacía el sentido contrario. “Hemos abierto el debate sobre la financiación de infraestructuras físicas de las fronteras con dinero de la Unión Europea. Es algo que debe resolverse rápidamente. Las fronteras bálticas y Polonia son fronteras de la UE. Uno para todos y todos para uno”, aseguró el presidente del Consejo, Charles Michel, este miércoles desde Varsovia, tras recalcar que esta posibilidad “es legalmente posible” según los servicios jurídicos de la institución que preside. Ante la guerra institucional que se avecina, los portavoces de la Comisión Europea han explicado esta pasada semana que durante el periodo 2014 a 2019 se emplearon 1.600 millones de euros para la gestión de las fronteras europeas, soporte informático de vigilancia, drones y equipos de Frontex, pero no para la construcción de nuevos muros.