La ONU denuncia posibles “crímenes contra la humanidad” en la región china de Xinjiang

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ve indicios de crímenes contra la humanidad en la región noroccidental china de Xinjiang. Eso es lo que se desprende de un explosivo informe publicado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos saliente, Michelle Bachelet, poco antes de la medianoche del miércoles y diez minutos antes de que finalizara su mandato.

La publicación del informe pone fin a más de seis meses de especulaciones sobre si este llegaría a ver la luz. El documento llega además cuatro años después de uno pionero del Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, que revelaba que más de un millón de personas estaban recluidas en una red de centros de detención en todo Xinjiang.

Desde entonces, el Gobierno de Estados Unidos y los parlamentos dl Reino Unido, Canadá y Francia han calificado de “genocidio” el trato que China da a los uigures. El informe de Bachelet no menciona la palabra “genocidio”, pero concluye que “se han cometido graves violaciones de los derechos humanos” en la región “en el contexto de la aplicación de estrategias antiterroristas y anti extremistas por parte del Gobierno”.

“El alcance de las detenciones arbitrarias y discriminatorias de miembros de los uigures y de otros grupos predominantemente musulmanes (...) puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad”, señala el informe.

A través de sus 45 páginas, la ONU exhorta a Pekín a liberar inmediatamente a “todas las personas privadas de libertad de forma arbitraria”, a esclarecer el paradero de aquellas cuyas familias no han podido localizar, y a emprender una “revisión completa” de sus leyes sobre seguridad interna y a derogar todas las leyes discriminatorias.

La organización señaló que el Gobierno chino “tiene el deber de garantizar que todas las leyes y políticas se ajusten a la normativa internacional de derechos humanos y de investigar sin demora cualquier denuncia de violación de los derechos humanos, de garantizar la rendición de cuentas de los autores y de ofrecer reparación a las víctimas”.

Reconoce además cómo las políticas de China han “trascendido las fronteras”, haciendo que las familias de las víctimas en el extranjero sufran la separación, pero también “intimidaciones y amenazas” cuando se han atrevido a hablar en público contra las acusaciones.

Bachelet, en la picota

Bachelet pidió un acceso “sin restricciones” para visitar Xinjiang desde 2018, pero solo se le permitió entrar en China en mayo de este año. A raíz de esta inspección, cuidadosamente orquestada y que suscitó críticas de grupos de derechos humanos y otros expertos, anunció que no se presentaría a un segundo mandato. Su oficina recibió presiones de China para que no publicara el informe, mientras que otros países lo hicieron para que se difundiera urgentemente.

China ha llevado a cabo una feroz campaña para anular el informe hasta el último momento, alegando en una respuesta de 130 páginas que la evaluación de Bachelet “difama y calumnia gratuitamente a su país y se inmiscuye en sus asuntos internos”. Asimismo, lo considera “una maniobra orquestada por Estados Unidos, las fuerzas antichinas y otros países occidentales” y “completamente ilegítimo e inválido”.

Al parecer, la publicación se retrasó por un contrainforme de última hora del Gobierno chino, que contenía fotos, nombres y otros datos sensibles sobre personas acusadas de extremismo, que la oficina de la ONU tuvo que tachar por motivos de privacidad.

En la detallada respuesta publicada junto con el contundente informe, el Gobierno chino concluyó indicando que las autoridades de la región de Xinjiang operan según el principio de que todos son iguales ante la ley, “y la acusación de que su política está basada en la discriminación carece de fundamento”.

China declaró que sus esfuerzos de lucha contra el terrorismo y de “desradicalización” en la región, se han llevado a cabo de acuerdo con “el estado de derecho” y de ninguna manera se suman a la “supresión de las minorías étnicas”. Pide, en cambio, que la ONU y otras organizaciones internacionales investiguen “los desastres en materia de derechos humanos causados, a nivel interno como en el extranjero”.

Pekín negó en un primer momento la existencia de los campos, si bien posteriormente alegó que se trataba de centros de formación profesional necesarios para hacer frente al “extremismo” entre los uigures, un pueblo turco predominantemente musulmán que difiere en religión, lengua y cultura del grupo étnico mayoritario de China, los Han.

La tensión en la región del noroeste entre los chinos Han, en el poder, y las minorías étnicas se remonta a mucho tiempo atrás. Desde los sangrientos disturbios de 2009 y los atentados terroristas, las Fuerzas de Seguridad han tomado medidas drásticas. Los uigures musulmanes se quejan de opresión cultural y religiosa, mientras que Pekín acusa a este grupo de extremismo y separatismo. Según activistas de derechos humanos, cientos de miles de uigures y miembros de otras minorías han sido internados en campos de reeducación y sometidos a trabajos forzados.

No obstante, la publicación ha sido saludada por grupos de derechos que llevan meses esperándola. “Las víctimas y sus familias, a las que el Gobierno chino ha vilipendiado durante mucho tiempo, han visto por fin reconocida su persecución, y ahora pueden esperar que la ONU y sus Estados miembros actúen para que los responsables rindan cuentas”, dijo en un comunicado John Fisher, director adjunto de defensa global de Human Rights Watch en Ginebra.