Isabel II, la garante del orden constitucional

Isabel II era tan popular como siempre y mucho más popular que cualquier político. Alrededor del 82% de los británicos piensa que «hizo un buen trabajo durante su tiempo en el trono» y solo el 6% cree lo contrario. De hecho, la monarca es posiblemente más popular que la propia idea de la monarquía. Cuando se preguntó a principios de 2021 (aunque el 61% dijo que Gran Bretaña debería seguir teniendo una monarquía en el futuro), el 24% dijo que debería tener un jefe de Estado electo en su lugar, una cifra que aumentó al 41% entre los jóventes de entre 18 y 24 años.

Las razones de la extraordinaria popularidad de la reina (que solo se vio seriamente afectada cuando fue acusada de reaccionar con insuficiente empatía tras la muerte de Diana de Gales en 1997) son muchas y variadas. Aunque fabulosamente rica por su propia cuenta, era bastante realista y aparentemente tenía un sentido del humor mordaz, así como la capacidad de hablar con personas de todo tipo de orígenes, credos y colores, útil en un país cada vez más multicultural con alcance global. También mostró una obvia devoción por el deber. Incluso puede darse el caso de que los problemas familiares que encontró le hicieran de alguna manera más cercana para sus súbditos. Ciertamente, en tiempos difíciles, la reina Isabel ha sido un símbolo alrededor del cual una nación a veces fracturada y polarizada podía unirse. El hecho de que fuera así se debe en gran parte al hecho de que se la veía «por encima de la política» en el sentido de que no mostró ningún sesgo hacia uno de los dos principales partidos políticos del país, conservadores y laboristas.

En realidad, la reina estaba profundamente enredada en el sistema político de Reino Unido. En nuestra monarquía constitucional, ella era la jefa de Estado del país y, como consecuencia, era formalmente responsable de nombrar al primer ministro y su Gobierno. También a través del Discurso de la Reina (un nombre poco apropiado, ya que los políticos en el poder son quienes lo redactan) que pronunciaba al comienzo de cada año parlamentario con el programa legislativo del Gobierno.

La reina también estuvo involucrada en la política a un nivel más cotidiano, ya que, para que se convierta formalmente en ley, la legislación aprobada por una mayoría en el Parlamento debe obtener el asentimiento real a través de la firma del monarca, antes de que pueda ser declarada. La reina también tenía una audiencia regular, generalmente semanal, con el primer ministro en el Palacio de Buckingham. Se trata de reuniones individuales, cuyo contenido nunca se discute públicamente. En un documental de televisión emitido hace casi treinta años, la reina, que trató con la asombrosa cifra de 16 primeros ministros, insinuó que era una forma útil de que se desahogaran y se aprovecharan de su vasta experiencia y su familiaridad con otros países (en particular los otros 54 países de la Commonwealth, 15 de los cuales continuaban reconociéndola como jefa de Estado).

Sin embargo, eso es todo. De hecho, existe un acuerdo generalizado entre los políticos, el público y «el Palacio» (como se suele denominar a los consejeros de la reina) de que, en la medida de lo posible, debería «mantenerse al margen de la política». De ahí el nerviosismo que uno podría detectar en el «establishment» británico en las raras ocasiones en los tiempos modernos 1974, 2010 y 2017 cuando el sistema electoral «First-Past-the-Post» (el primero se lleva el escaño) no logró configurar un Gobierno de mayoría de partido único, lo que planteaba la posibilidad de que la reina pudiera verse obligada a hacer una elección controvertida entre una serie de opciones de Gobierno. También hubo cierta sospecha por parte de los nacionalistas escoceses de que la reina había insinuado hábilmente su apoyo a la unión durante el referéndum de independencia de 2014, ayudando a derrotar sus sueños de separarse de Reino Unido. Sin embargo, lo más controvertido de todo fue que la reina se vio esencialmente obligada a aceptar la «prórroga» (suspensión) del Parlamento por parte de Boris Johnson a principios de otoño de 2019 con el objetivo de evitar que bloqueara un Brexit sin acuerdo, una medida que se declaró posteriormente «ilegal» por el Tribunal Supremo. Nadie sabe si perdonó al «premier» por colocarla en tal posición.

El papel constitucional de Isabel II no terminaba ahí. Desde el siglo XVI en adelante, la soberana era «Defensora de la Fe y Gobernadora Suprema de la Iglesia de Inglaterra», la iglesia establecida, cuyos obispos y arzobispos nombró formalmente, aunque, extrañamente, por consejo del primer ministro. Ahora que no hay impedimentos para que los miembros de otras religiones ocupen cargos públicos, este ya no es un papel tan controvertido. Dicho esto, en una sociedad que contiene tantas personas que profesan otras religiones o ninguna fe en absoluto, si continuará de la misma manera es algo que el país puede optar por debatir tras su muerte.

Tim Bale es profesor de Políticas en la Universidad Queen Mary de Londres. Autor de «The Modern British Party System»