América Latina
Ecuador aprueba la legalidad del aborto en caso de violación
Grupos a favor y en contra de abortar se manifestaron sobre el asunto después de haber concluido el segundo debate del proyecto de ley
Grupos a favor y en contra del aborto por violación se manifestaron en la afueras de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, que tiene previsto votar este jueves sobre el asunto después de haber concluido el segundo debate del proyecto.
Unas manifestantes manifestantes permanecían sentadas, semidesnudas, con carteles alusivos a la ciuestión: “Kelly debería estar jugando con sus amigas, pero está cuidado al hijo de su violador”. Otros carteles colgados en las afueras de la Asamblea decían: “Hace cinco semanas, Guadalupe solicitó un aborto por violación. Lleva 18 semanas y sigue esperando”.
“Paty tiene once años y necesita una cesárea urgente tras un embarazo producto de violación. Los médicos dicen que su cuerpo es muy pequeño y podría morir en el proceso”, rezaba otro cartel. Otro más: “Amparo tiene 14 años, vive en una comunidad amazónica de difícil acceso, viajó seis horas para ser atendida, tiene 20 semanas y un embarazo de alto riesgo. Ella prefiere morir que parir al hijo de un violador”.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este jueves el aborto en casos de violación, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba la despenalización y la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo siempre que la gestante haya sido víctima de este delito.
La norma obtuvo 75 votos a favor, cinco más de los 70 que eran necesarios para sacar adelante el proyecto de ley, tras un largo y enrevesado debate entre los parlamentarios ecuatorianos que dejó entrever la diversidad de opiniones sobre este asunto.
Esta ley, que obtuvo 41 votos en contra y 14 abstenciones, contempla que la mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas puedan interrumpir la gestación hasta las 12 semanas, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescente
Dos informes
En los debates, los legisladores han tratado dos informes: uno de la mayoría y otro de la minoría que, entre otras cosas, difieren en la temporalidad para aplicar el aborto.
El de mayoría sostiene que al tratarse de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 22 semanas de gestación.
Al tratarse de mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se puede realizar hasta las 20 semanas.
Por otra parte, el informe de la minoría, apunta hasta las 6 semanas de gestación para mujeres mayores a 18 años de edad, y hasta 12 para niñas, adolescentes menores a 18 años, mujeres del mundo rural o con discapacidad.
"Ni mayoría, ni minoría. La vida no se regatea", rezaba un letrero colgado en las afueras de la Asamblea donde también se manifestaron grupos en contra del aborto calificándose como "quiteños provida; provida de por vida".
Carteles de los grupos opuestos al aborto apuntaban a que, “sea cual sea la circunstancia de la concepción, ¡es una vida!” y “el aborto mata a un inocente”.
Otra pancarta presentaba el dibujo de un feto junto a la leyenda: "Asambleísta: yo quiero vivir".
Por otra parte, un gran cartel sostenido por mujeres con pañuelos verdes advertía a los legisladores: "Cada muerte por abortos clandestinos, cada maternidad forzada de sobrevivientes de violación, es su responsabilidad, asambleístas".
"Estamos aquí para representar a todas las sobrevivientes de violación que serán forzadas a la maternidad y a la tortura porque los plazos que imponen los dos informes del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, son plazos que nos dejarán sin acceso, que nos van a forzar a la tortura de la clandestinidad y a la maternidad forzada", dijo a Efe Verónica Vera, activista feminista.
Aseguró que de la Asamblea Nacional ya no esperan nada pues "tuvo la oportunidad histórica de hacer una ley justa y reparadora, y nos dieron la espalda una vez más".
Por ello avanzó que demandarán ante "instancias internacionales y nacionales por cada muerte de una niña o de una mujer violada. Por cada mujer y niña forzada a la maternidad".
Pidió también a la ciudadanía que "recuerde que las mujeres y niñas violadas vivieron ya una forma de tortura, que es la violación y que lo mínimo y lo ético que podemos garantizar como sociedad es que puedan decidir en el tiempo que ellas necesiten la interrupción de un embarazo, porque parir el fruto de una violación es tortura".
La votación del proyecto de ley tendrá lugar este jueves luego de que el pasado 3 de febrero el Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el segundo debate y aplazó la votación para tratar de recoger en el texto final las conclusiones adoptadas. EFE
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