Maduro asciende al Tribunal Supremo a un magistrado acusado de disparar a su mujer

El chavismo ha anunciado la conformación de un «nuevo» Tribunal Supremo de Justicia, luego de cambiar la ley que rige a ese organismo para disminuir su tamaño de 32 magistrados principales a 20. Consecuencia de un atropellado proceso de selección, que comenzó a partir de la modificación jurídica, los 20 nombres fueron anunciados en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo para ocupar los cargos de magistrados principales, así como sus respectivos suplentes, además de una Inspectora de Tribunales y un director de la Escuela de la Magistratura.

Una renovación institucional que ratificó a 60 por ciento de quienes ya ocupaban sillones en el Supremo, incluyendo a su polémico presidente Maikel Moreno, sancionado por Estados Unidos por violación de derechos humanos junto otros cuatro de los que repetirán en el máximo órgano judicial de del desprestigiado sistema.

Entre los ratificados también está Edgar Gavidia, quien fue acusado de dispararle a su esposa en 2018 y darse a la fuga; Gladys Gutiérrez, que se presume volverá a tomar las riendas del Máximo Tribunal; Luis Damiani Bustillos, el más veterano del grupo; e Inocencio Figueroa, quien fue nombrado en 2014 impulsado por la oposición pero su actuación ha estado alineada con el chavismo en los últimos años.

La ratificación de doce magistrados choca con lo establecido en la Constitución nacional, que establece que los magistrados del Tribunal Supremo ocuparán los cargos por un máximo de doce años en un solo periodo. Pero ahora varios de ellos sumarán dos décadas en las sillas. El Parlamento chavista, así como la propia Sala Constitucional, desestimaron las repetidas demandas judiciales para impedir tal violación a la Carta Magna venezolana.

Por otra parte, la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, que fue ratificada en ese cargo hace once meses para un nuevo período de siete años, pegó el salto hacia el Tribunal Supremo y fue incorporada como principal de la Sala Constitucional. Ella, junto a Calixto Ortega, muestran decidida militancia política en su currículum pues fueron diputados del oficialista partido PSUV de Maduro.

Cuatro magistrados, dos principales y dos suplentes, de los nuevos fueron identificados como supuestos opositores: Elías Bittar, José Luis Gutiérrez, Pablo Gómez y el exrector del CNE, Luis Emilio Rondón. No obstante, varios partidos integrantes de la plataforma unitaria opositora, así como Juan Guaidó, denunciaron como «farsa» la designación de un nuevo Poder Judicial. Llamó la atención el nombramiento de Gladys Requena como Inspectora de Tribunales. Docente de profesión, hasta este mismo martes fue diputada de la bancada chavista en el Parlamento que decidió quiénes asumirían cargos en el Poder Judicial. Además, también formó parte del Comité de Postulaciones Judiciales que evaluó a los candidatos, incluyéndola, y su nombre inicialmente fue postulado para el cargo de magistrada. No se informó cuándo su nombre pasó a optar por la Inspectoría, o si renunció a su militancia partidista, a su puesto en el Comité de Postulaciones, o a su escaño en esa Asamblea Nacional dominada por el partido de Maduro.

La selección de magistrados se logró con el voto del chavismo, que controla el 90% de ese Parlamento. Otras organizaciones salvaron el voto, incluyendo al Partido Comunista.

La ONG Acceso a la Justicia, además de otras organizaciones ciudadanas, han denunciado que el proceso no resultará en una justicia independiente. La reforma de la Ley del Triunal Supremo de Justicia (TSJ) aumentó el control político sobre el Comité de Postulaciones, al pasar a ser dominado por diputados y no por representantes de la sociedad civil; y violó los tiempos establecidos en la norma, pues el nuevo TSJ debió haberse anunciado el 26 de marzo.

«No hay indicios de cambios ni justicia», «la selección de magistrados es una oportunidad perdida de cambios necesarios para tener institucionalidad e independencia», y «el TSJ continúa mostrando falta de independencia y politización del poder judicial como lo ha denunciado informes de la ONU», son algunas de la reacciones de partidos opositores y organizaciones ciudadanas que se registraron después de la juramentación de los magistrados.

El diputado chavista Pedro Carreño, vicepresidente de «disciplina revolucionaria» del partido de gobierno PSUV, se mantuvo en silencio durante la jornada y no emitió opiniones posteriores. La expectativa en torno a su visión está dada por unas declaracions que dio a comienzos de abril cuando afirmó que en el Poder Judicial hay mafias que controlan los tribunales, y señaló indirectamente a Maikel Moreno de darle poder indebido a dos funcionarias. Moreno es una de las figuras más cuestionadas del chavismo junto a Maduro y Cabello.