De joyas a grilletes: Kim Keon-hee, la ex primera dama surcoreana devorada por su ambición

Un ostentoso colgante de diamantes, valorado en una fortuna y exhibido con descaro por Kim Keon-hee en una gira oficial, pasó de ser un "trofeo" a la guillotina que ha cercenado su vida en la cumbre. La ex primera dama surcoreana, de 52 años, fue arrestada el martes y encerrada en el Centro de Detención de Seúl Nambu, atrapada en un cúmulo de cargos que van desde el engaño y obstrucción a la justicia hasta una década de supuestas trampas financieras y electorales. Junto al destituido presidente Yoon Suk-yeol, recluido por sublevación, han hecho historia como el primer dúo del Ejecutivo surcoreano prisionero simultáneamente. Este clamor ha expuesto a su vez el cáncer del revanchismo que devora la democracia asiática.

El revuelo estalló por la joya recibida por Kim en 2022 durante una misión diplomática. Los fiscales la acusan de mentir sobre su origen y orquestar un encubrimiento, usando una réplica para despistar. Su negativa a colaborar en los interrogatorios llevó al Tribunal Central del Distrito de Seúl a ordenar su prisión preventiva tras una audiencia de cinco horas. Los cargos son demoledores: manipulación de acciones de Deutsch Motors, donde habría inyectado millones para inflar precios antes de la campaña de Yoon en 2022; sobornos disfrazados de regalos no declarados -perfumes, licores y alhajas suntuosas de iglesias controvertidas y constructoras a cambio de favores-; y manipulación electoral, aliándose con un operador que torció encuestas para asegurar la victoria de su esposo. El juez citó el riesgo de destruir pruebas, pero los conservadores ven una cacería política dirigida por el fiscal especial bajo el mando del liberal Lee Jae-myung. “Ella misma encendió la mecha de su ruina. Ahora está atrapada en su propio fuego”, disparó Kim Sung-tae, exlíder del Partido Libertad de Corea, en SBS Radio.

De mecenas a “María Antonieta”

Kim trazó un ascenso meteórico como ávida promotora de la cultura coreana, criticando además abiertamente el comercio de carne de perro y convirtiéndose en un glamouroso escaparate de la moda nacional. Su matrimonio con el líder en 2012 la catapultó al ojo público, pero también al centro de un escrutinio implacable. Lejos de ser una consorte ornamental, se vio envuelta en acusaciones que la pintan como una operadora política astuta, con señalamientos de influir en nominaciones electorales y orquestar maniobras financieras opacas. Estas sospechas, alimentadas por una mezcla de hechos y especulación, han dividido a la opinión pública entre quienes la ven como una estratega brillante y quienes la acusan de ser una aprovechada.

El punto de inflexión llegó con un video encubierto grabado hace tres años, en el que aceptó un bolso de diseño de lujo, un incidente que desató una tormenta mediática. El episodio, trivial en apariencia, cristalizó su imagen como una figura elitista y frívola, ganándose el apodo de la esposa de Luis XVI, “María Antonieta”. Para entender la comparación, hay que recordar el carácter disoluto de esta dama que murió ejecutada en París el 16 de octubre de 1793. Incapaz de empatizar con las necesidades de su pueblo, María Antonieta fue acusada de frívola, derrochadora y caprichosa.

Corea del Norte, siempre atenta a las debilidades de sus vecinos, capitalizó el follón con una campaña de propaganda inusitada: globos llenos de panfletos cruzaron la frontera, ridiculizándola como una reina desconectada del pueblo. Este golpe propagandístico, aunque burdo, amplifica el daño a su reputación, consolidando la narrativa de estar más interesada en el lujo que en el bienestar nacional.

Su captura marcó un giro teatral en esta saga. El registro corporal, la foto policial y el cambio de su sofisticado traje de diseñador por un uniforme verde simbolizaron su aterrizaje forzoso. Ahora, confinada en una celda de 6,6 metros cuadrados -equipada con una colchoneta, un armario, un televisor y un inodoro-, vive un contraste brutal con su vida anterior de opulencia. Los detalles de su rutina carcelaria, como su primer desayuno de pan, mermelada de fresa, leche y ensalada, han captado la atención pública, aunque nadie sabe si siquiera lo probó. Este nivel de escrutinio, casi voyerista, refleja la fascinación y el resentimiento que despierta.

Yoon Suk-yeol: El Bulldozer que se estrelló

Apodado “el bulldozer” por su estilo implacable como fiscal general, Yoon encaró la presidencia en mayo de 2022 tras una ajustada victoria electoral frente a Lee Jae-myung, líder del Partido Democrático. Su trayectoria como fiscal, marcada por una tenacidad que lo llevó a desmantelar redes de corrupción de alto perfil, generó expectativas de una jefatura firme y reformista. Sin embargo, su autoridad, que culminó en un intento fallido de imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre, se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del país, evidenciando una grave crisis institucional.

Aquella noche, emitió un discurso televisado que dejó atónita a la nación. Acusando al Partido Democrático - que dominaba la Asamblea Nacional con 170 de los 300 escaños -, de “actividades antiestatales” y de presunta colaboración con “comunistas norcoreanos”, anunció la imposición de la ley marcial. Ordenó la disolución del Parlamento, la censura de medios de comunicación y el arresto de figuras opositoras, incluyendo a líderes de su propio Partido del Poder Popular (PPP). Este movimiento, calificado como un autogolpe por analistas locales e internacionales, buscaba consolidar el poder ejecutivo en un contexto de creciente polarización y tensiones con la oposición.

El plan, sin embargo, colapsó en menos de seis horas. En un acto de resistencia sin precedentes, 190 legisladores, tanto de la oposición como del PPP, desafiaron un bloqueo militar alrededor de la Asamblea Nacional y votaron unánimemente para revocar la declaración de la ley. Este episodio reflejó la fortaleza de las instituciones democráticas, y el profundo rechazo a las acciones de Yoon, incluso dentro de su propio entorno. La sociedad civil, que históricamente ha jugado un papel crucial en la defensa de la democracia, desde las protestas de 1987 hasta el impeachment de Park Geun-hye en 2017, salió a las calles en masa, exigiendo su cese.

La Corte Constitucional, en un fallo histórico el 4 de abril, expulsó a Yoon por unanimidad, argumentando que su declaración de emergencia violó la Constitución al carecer de justificación objetiva, como una guerra o disturbios graves. El tribunal señaló específicamente el despliegue de fuerzas militares en la Asamblea Nacional y las órdenes de rastrear a figuras legales, incluyendo jueces y fiscales, como actos que atentaban contra el orden democrático. Este veredicto marcó la segunda remoción presidencial en la historia del país, tras la de Park Geun-hye.

Así, enfrentó consecuencias legales inmediatas. El pasado 15 de enero, fue confinado por cargos de insurrección, un crimen que, según el Código Penal surcoreano, puede conllevar penas de cadena perpetua o, en casos extremos, la muerte. Una segunda aprehensión, el 9 de julio, añadió cargos por falsificación de documentos para justificar la controvertida ley y obstrucción de su arresto inicial. Estos procesos legales han dividido aún más a la sociedad, con sectores conservadores argumentando que fue víctima de una oposición vengativa, mientras que la mayoría ve su desplome como un triunfo de la democracia.

La fragmentación entre conservadores y progresistas, exacerbada por disputas sobre la economía, seguridad nacional y las relaciones con Pyongyang, creó un terreno fértil para la crisis. Yoon, que prometió un gobierno basado en la “justicia” y el “estado de derecho”, terminó socavando ambos principios con su maniobra autoritaria. Su administración, que ya enfrentaba críticas por políticas económicas impopulares y una gestión errática de la diplomacia con Japón y Estados Unidos, no logró consolidar una base de apoyo sólida.

Mientras tanto, el Partido Democrático, liderado por Lee Jae-myung, ha ganado terreno político, aunque no está exento de controversias.