Este fin de semana celebramos el 25º aniversario de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el texto neurálgico de la equidad y la justicia en toda la UE. Pero la Carta es más que un texto, es una promesa: la promesa de defender los valores fundacionales de dignidad, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos de todas las personas en nuestra Unión.

La conmemoración de este hito nos recuerda por qué la Carta es importante y nos insta a velar para que los derechos fundamentales sigan siendo una parte integral de nuestra vida cotidiana.

En mis 25 años de servicio público –desde las primeras elecciones en mi ayuntamiento, pasando por el cargo nacional, hasta el servicio a nivel europeo– he vivido y respirado la democracia. La democracia y los derechos fundamentales consagrados en la Carta van de la mano: la democracia permite que prosperen nuestros valores, mientras que la Carta los transforma en libertades reales de las que disfrutamos cada día. Al proteger la libertad de expresión y de información, los derechos de los ciudadanos y la igualdad, la Carta crea un ciclo virtuoso en el que la gobernanza democrática y los derechos fundamentales se refuerzan continuamente entre sí.

Un espacio cívico dinámico y abierto es la savia de la democracia. Esto es especialmente cierto a la hora de aplicar la Carta: las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos son socios indispensables en la defensa de nuestros derechos fundamentales. Para apoyar su labor esencial, debemos proporcionar foros de diálogo, participación y colaboración. Sin embargo, en toda Europa, estos espacios se enfrentan a presiones, recortes de financiación, injerencias políticas e intimidación. La Carta nos recuerda que la protección de la sociedad civil no es opcional; es fundamental para garantizar que sus principios se apliquen en la práctica. La UE seguirá defendiendo con firmeza un espacio cívico abierto, utilizando todas las herramientas a su alcance, desde iniciativas políticas hasta financiación específica para reforzar la democracia y los derechos humanos en todo el continente. Recientemente, presenté la primera Estrategia de la UE para la Sociedad Civil, cuyo objetivo es convertir estas aspiraciones en realidad.

El apoyo a la sociedad civil está estrechamente relacionado con el empoderamiento de los ciudadanos. La fuerza de la Carta reside en su capacidad para proteger y empoderar a todos en la UE, pero su potencial solo se materializa cuando las personas conocen sus derechos y saben cómo reivindicarlos. Es alentador observar que el último Eurobarómetro especial sobre la Carta, publicado esta semana, muestra un aumento constante de la sensibilización: el 49 % de los encuestados ha oído hablar de la Carta, lo que supone un aumento de seis puntos desde 2019 y de diez puntos desde 2012. La concienciación no constituye un fin en sí mismo: para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de manera efectiva y puedan exigir reparación cuando se vulneran, es esencial que conozcan y comprendan esos derechos.

En los últimos 25 años, la UE ha realizado grandes avances en la protección de los derechos fundamentales. En 2009, la Carta pasó a ser jurídicamente vinculante a través del Tratado de Lisboa. Si bien su contenido se ha mantenido inalterado, la interpretación y la aplicación de los derechos ha evolucionado para garantizar que siguen siendo pertinentes en un mundo en rápida evolución. Por ejemplo, la protección de los datos personales es un derecho fundamental esencial, consagrado en la Carta, que garantiza que las personas puedan conservar su autonomía, dignidad y privacidad en la era digital. Este principio se ha reforzado con el histórico Reglamento General de Protección de Datos, que establece un alto nivel de protección de datos en toda la UE.

La Carta no es algo abstracto, sino que tiene repercusiones tangibles en la vida cotidiana. Cuando se rechazan las «cookies» en un sitio web, es porque tenemos derecho a la privacidad y a la protección de datos. La Carta también nos protege de la discriminación. El derecho a una buena administración garantiza que las autoridades de la UE actúen de manera justa, tramiten los asuntos con prontitud y motiven sus decisiones. Los niños también gozan de protección, incluido el derecho a la educación, la salvaguardia de su interés superior y el reconocimiento de sus opiniones en las decisiones que les afectan, de acuerdo con su edad y madurez.

Durante 25 años, la Carta ha salvaguardado nuestros derechos y ha guiado a los legisladores y a las instituciones en la defensa de las libertades fundamentales a la hora de aplicar el Derecho de la UE. Hoy, al celebrar este hito, reafirmo mi compromiso con los valores de la Carta.

Aún queda trabajo por hacer, y me esforzaré por garantizar que, durante los próximos 25 años y más allá, los derechos de la Carta se respeten plenamente, se defiendan y se conviertan en una realidad tangible para todos en toda la Unión Europea.