La Cúpula de Hierro de Israel en La Haya: el octogenario juez Aharon Barak

Cuando en abril de 2023 cientos de personas se manifestaron en apoyo del expresidente del Tribunal Supremo, Aharon Barak, frente a su casa en Tel Aviv, después de que este criticara duramente la reforma judicial que el Gobierno de Benjamin Netanyahu empujaba con fuerza para quitarle prerrogativas al poder judicial, un emocionado Barak salió a la calle y dijo a los presentes: «Amigos míos, no tienen que agradecerme, estaba cumpliendo con mi deber. Debo agradecerles por hacer realidad su derecho a protestar, a hablar en contra de las reglas, un derecho por el que yo, como juez, trabajé duro para lograr».

Barak, de 86 años, añadió en aquella ocasión: «Hoy, cuando gobierna la tiranía de la mayoría, vosotros sois el escudo. Gracias a estas protestas, tenemos el poder de detener esta tiranía dictatorial».

Ahora, el actual Gobierno que tanto ha criticado a Barak, con sus partidarios gritando frente a su residencia «¡no eres el rey de Israel» y con pancartas que decían «Aharón Barak, la cabeza de la serpiente», lo ha nominado escudo oficial de Israel en el juicio promovido por Sudáfrica que ha acusado a Israel de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Superviviente del Holocausto y la acusación de genocidio

Barak nació con el nombre Erik Brick en Kaunas, Lituania, en 1936 –muchos judíos se cambiaban el nombre y el apellido al llegar a Israel para sonar menos diaspóricos– era hijo único de un abogado, Zvi Brick, y una maestra, Leah. Después de la ocupación nazi de la ciudad en 1941, la familia vivió en el gueto de Kovno. Barak ha contado en alguna ocasión cómo un granjero lituano le salvó la vida escondiéndolo bajo un cargamento de patatas y sacándolo clandestinamente del gueto, arriesgando su propia vida. Al final de la guerra, después de vagar por Hungría, Austria e Italia, Barak y sus padres llegaron a Roma y de ahí, cuando recibieron los documentos necesarios, emigraron a la Palestina del Mandato británico.

Estudió derecho y sirvió en el Ejército, ejerció como abogado y fue fiscal general del Estado de 1975 a 1978, después fue juez del Tribunal Supremo, hasta el 95, y entonces pasó a presidirlo hasta 2006, cuando se jubiló.

Los defensores de la reforma judicial de Netanyahu han responsabilizado a Barak de haber expandido del poder del tribunal supremo durante su mandato, incluida la consagración del estatus constitucional de las Leyes Básicas, en un país carente de Constitución.

Cuando estaba de prácticas en la fiscalía general, el fiscal general empezó a trabajar en el juicio de Adolf Eichmann, el único nazi ajusticiado en Israel. Barak, por su estatus de sobreviviente del Holocausto, prefirió no involucrarse y fue trasladado a otro departamento.

En 1978, cuando manejó el aspecto legal del primer acuerdo de paz de Israel con un país árabe, Egipto, agregó a su buena reputación nacional, la internacional.

Ese mismo año comenzó su servicio como juez del Tribunal Supremo de Israel, el más joven de todos. En 1982-1983 fue miembro de la Comisión Kahan, un comité de investigación estatal creado para investigar las circunstancias que rodearon la masacre de Sabra y Chatila, donde cientos o miles de palestinos –el número de muertos sigue sin estar claro a estas alturas– fueron asesinados en Líbano por falanges cristianas con la complacencia del entonces ministro de Defensa israelí, Ariel Sharon. Como parte de las conclusiones del comité, Sharon fue destituido de su cargo.

Después de 1992, gran parte de su trabajo judicial se centró en promover y dar forma a la Revolución Constitucional de Israel, según él la acuñó, gracias a la cual trabajó para dar una posición de supremacía normativa a valores como el derecho a la igualdad, la libertad de empleo y la libertad de expresión y, así, dio a los tribunales la capacidad de derogar legislación que fuera incompatible con los derechos consagrados en las Leyes Fundamentales.

Barak en La Haya

El nombramiento de Barak para estar presente en la causa contra Israel por cargo de genocidio en el tribunal internacional era una clara indicación de que las autoridades se tomaban en serio el proceso.

Para el juez, este desafío legal y profesional requería abordar las complicadas leyes de la guerra y la relación entre lo que esas leyes permiten y el genocidio, que está totalmente prohibido. La batalla por una orden judicial provisional también era crítica: si el tribunal hubiera sancionado a Israel a detener los combates, el «establishment» habría sufrido una derrota de enormes consecuencias, ya que le hubiera puesto más trabas para cumplir el objetivo de la contienda: acabar con el poder militar de Hamás.

Finalmente, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó el viernes que algunas de las acciones de Israel en la Franja de Gaza durante la guerra en curso contra Hamás podrían estar dentro de los términos de la Convención sobre Genocidio y dijo que, por lo tanto, debe tomar una serie de medidas preventivas.

Si bien una sentencia del CIJ es vinculante, si el tribunal decide en favor de un alto el fuego e Israel no lo cumple, se verá expuesto a sanciones de la ONU, que igualmente, según se ha visto en el pasado, no siempre las siente como vinculantes, y vetos a la ONU por parte de EE UU. Una situación aún más incómoda internacionalmente para Israel.

El veredicto de que son plausibles las afirmaciones de Sudáfrica que dicen que los palestinos necesitan protección contra el genocidio, con 15 votos a favor y dos en contra, pone a Israel contra las cuerdas, sin embargo, el tribunal no tomó la medida más deseada por Sudáfrica y más temida por Israel: exigir un alto el fuego unilateral e inmediato. Lo que indica, según los observadores, que la CIJ no cree que se esté produciendo un genocidio activo.

La presidenta del tribunal, Joan Donoghue, repitió en varias ocasiones que la decisión no era una determinación sobre el fondo de las acusaciones de genocidio de Sudáfrica. Estas medidas provisionales tampoco indican cómo podría pronunciarse la CIJ en el proceso mucho más largo del caso de genocidio en curso.

Una de las sorpresas, sin duda, fue el posicionamiento de Barak. El juez acabó uniéndose al tribunal, con 16 votos a favor y solo uno en contra, para votar a favor de que el Gobierno israelí –su Gobierno– prevenga y castigue la incitación a actos genocidas, y permita la entrada en la Franja de Gaza de suficiente ayuda humanitaria.

Los críticos de Netanyahu señalaron la hipocresía de su Gobierno tras haber apuñalado la democracia y mancillado el legado de Barak promoviendo su reforma judicial para luego usarlo a su favor frente al mundo exterior.

Pero lo cierto es que Barak trabaja con una lealtad nacional que hasta sus enemigos aprecian, una especie de vocación de proteger a Israel de sí mismo, de la ocupación a los palestinos, de los políticos radicales y, ahora, de la peor acusación posible venida del exterior.