Cientos de miles de israelíes vuelven a manifestarse contra la reforma judicial de Netanyahu

Por trigésima semana consecutiva, decenas de miles de israelíes se echaron a la calle a lo largo y ancho del país para protestar contra los planes de reforma del poder judicial impulsados por el Gobierno de Benjamín Netanyahu. «Las protestas y la desobediencia civil se intensificarán a medida que cada vez más ciudadanos entiendan lo que está en juego: el Gobierno continúa avanzando en el desmantelamiento de la democracia con una agenda extremista mientras confunde al mundo entero haciendo creer que cuenta con un mandato que le faculta para ello», asegura a LA RAZÓN desde Tel Aviv uno de los portavoces del movimiento de protesta, Josh Drill.

De nuevo, la calle Kaplan de la ciudad de Tel Aviv fue la más nutrida de las más de 150 concentraciones y marchas registradas en el conjunto de Israel. Como en Tel Aviv, en la ciudad de Haifa, en el norte del país, se produjo una nutrida marcha. Escenas similares se produjeron, siempre dominadas por un mar de banderas israelíes, en la localidad de Beerseba, en el sur del país. Y también en Jerusalén, donde cientos de manifestantes rodearon la residencia del presidente, Isaac Herzog.

Las fuerzas de seguridad, que como en protestas precedentes, se empleó con dureza para dispersar a los manifestantes, detuvieron a al menos una persona en Tel Aviv. Fuentes policiales citadas por el diario israelí Haaretz anunciaban ayer la apertura de una investigación contra un grupo de manifestantes por proferir «insultos» y mostrar rostros de los agentes en las pancartas de una de las protestas, una decisión inmediatamente denunciada por la Asociación por los Derechos Civiles de Israel.

Las protestas de este sábado fueron las primeras después de que la Knesset votara a favor de una de las leyes que constituyen el polémico paquete de reformas del poder judicial impulsadas por el Gobierno de coalición. El lunes, el Parlamento israelí aprobaba con los votos a favor de 64 diputados –todos los de los partidos de la coalición de Gobierno– y ningún voto en contra, ya que se ausentaron de la votación los 56 diputados del bloque opositor, la ley que permite al Tribunal Supremo revocar nombramientos o decisiones gubernamentales en función de si son o no razonables.

La aprobación el lunes en el Parlamento israelí de la ley que anula la doctrina de la razonabilidad desencadenó de manera inmediata nuevas protestas masivas. Especialmente tensa fue la registrada en Jerusalén, pues un nutrido grupo de opositores llevaba acampado en los alrededores de la sede de la Knesset desde el fin de semana previo; los choques de activistas y fuerzas policiales dejaron dos decenas de detenidos. El jueves la ciudad de Tel Aviv fue de nuevo caja de resonancia mayor del movimiento opositor con una nueva marcha.

El siguiente paso para el Gobierno de coalición presidido por Netanyahu es aprobar el otro pilar legislativo de la reforma del poder judicial, la ley que permitirá cambiar la composición del comité de selección de jueces. La aprobación de la ley había quedado en el aire en marzo pasado, cuando el jefe del Ejecutivo decidió congelar el proceso a fin de seguir tratando de alcanzar un consenso con la oposición que no ha acabado llegando.

La oposición anuncia más protestas

En previsión de que el Ejecutivo siga adelante con sus planes en las próximas semanas, los partidos y plataformas opositoras auguran que el movimiento de protesta se intensifique. «Probablemente tengamos protestas con mayor afluencia. Lo más importante es haber despertado al campo liberal: cientos de miles de personas, tanto de izquierdas como de derechas, también que votaron al Likud en las últimas elecciones, que están participando en las manifestaciones. Esto tiene que ver con la autopercepción de los israelíes como liberales dispuestos a defender la democracia y los derechos de las minorías», explica a LA RAZÓN Gabriel Colodro, presidente de la sección hispanohablante del partido Yesh Atid, que preside el ex primer ministro Yair Lapid.

Entretanto se siguen produciendo grietas en el seno de la administración del Estado israelí en la tónica de las últimas semanas. El pasado viernes se produjo la dimisión del director general del Ministerio de Educación como protesta contra la reforma del poder judicial impulsada por Netanyahu. En un comunicado, Asaf Tzalel, que es piloto en la reserva de la fuerza aérea israelí, aseguró que «la fractura a la que se ha llegado no me permite continuar desempeñando mis responsabilidades como querría».

Tanto la oposición parlamentaria como la que forman las diversas plataformas y organizaciones participantes en las protestas comienzan ya a descartar la vía del diálogo con el primer ministro. «Las negociaciones sirven sólo para que Netanyahu compre tiempo y se reorganice. Todos los actores políticos que desean que Israel siga siendo una democracia deben inmediatamente abandonar las negociaciones y todo contacto con un Gobierno ilegítimo que ha comenzado a aprobar una reforma dictatorial», asevera a este periódico Drill.

Por su parte, para el presidente de la sección hispanohablante del partido Yesh Atid, Gabriel Colodro, «ningún Gobierno frente a este pueblo que sale a la calle será capaz de cambiar esto». «Desde nuestro partido lo hemos dicho ya: toda decisión que no sea razonable será revertida una vez regresemos al poder. Israel merece un Gobierno cuerdo», zanja a LA RAZÓN el citado representante de la formación centrista, segunda del Parlamento en las últimas elecciones.

El país aguarda ahora el dictamen del Tribunal Supremo, el mismo que se ve privado de poderes desde la aprobación este lunes de una de las leyes del paquete defendido por el Gobierno Netanyahu. Fuentes del Supremo anunciaron el miércoles la celebración en septiembre de una audiencia para analizar las apelaciones presentadas, hasta ocho. «De no dar el Supremo su visto bueno a la ley, se generaría un quiebre judicial en Israel: no sería claro qué pesa más, si la decisión del Gobierno para cancelar una cualidad del poder judicial o éste utilizando esta misma cláusula que quiere ser cancelada, y ello provocaría un quiebre aún mayor, pues las instituciones del Estado tendrían que decidir de qué lado están», estima a este periódico Colodro.