El plan de Giammattei para Guatemala

El nuevo presidente calificó el acuerdo migratorio con EE UU como “una lamentable noticia para Guatemala”. Propone renegociar lo acordado y enfocarse en el verdadero origen del problema: la violencia y la pobreza.

Las elecciones en Guatemala se cerraron este domingo, 11 de agosto, con la victoria de Alejandro Giammattei, un cirujano de 63 años que sustituirá en enero de 2020 al actual presidente, Jimmy Morales.

La cuestión de la política migratoria cobró especial importancia cuando miles de guatemaltecos se sumaron el año pasado a la multitud que salió desde Honduras con el objetivo de entrar ilegalmente en EE UU. Ante la amenaza de sanciones arancelarias, el Gobierno de Morales firmó un acuerdo con Trump el pasado 26 de junio, por el que Guatemala pasaría a ser, a partir de entonces, en “un tercer país seguro” para inmigrantes de El Salvador y Honduras.

“Si aquí no tenemos capacidad con los propios, imagínese a los ajenos” decía Giammattei en relación al acuerdo. Según expresó a Associated Press, la calificación de “tercer país seguro” no puede aplicarse al país centroamericano, porque no cumple con los requisitos establecidos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados: “No cabemos en esa definición”.

Giammattei entiende que la migración “se da por la falta de empleo y por la violencia persistente en el país”, por lo que la actuación del Gobierno debe centrarse en resolver las primeras causas del problema. Para enfrentarlos, presentó el “Plan Nacional de Innovación y Desarrollo”, una hoja de ruta que sitúa el foco en la violencia de las pandillas que aqueja al país y en el desempleo crónico, que no permiten que los guatemaltecos puedan desarrollarse en su propio país, y busquen oportunidades en otros.

Este problema es especialmente grave entre los más jóvenes, que al verse sin perspectivas laborales, son especialmente vulnerables a enrolarse en las bandas criminales.

El plan contempla, por un lado, implementar “una política económica que tienda a atraer inversiones y generar una mayor cantidad de empleos”. Y por otro, propone una “persecución frontal al narcotráfico, al tráfico ilegal de personas y de armas, así como al contrabando”.

El nuevo mandatario se ha posicionado también con respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): El “CICIG desaparece y la historia juzgará si la decisión de Morales fue correcta o no”. Esta es una institución auspiciada por la ONU fue implementada en el año 2007 para investigar estructuras criminales ocultas en el Estado.

Este organismo fue el motor que permitió desarticular 60 estructuras de crimen organizado, y el encarcelamiento de más de 300 corruptos; entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti. El expresidente Jimmy Morales decidió terminar las labores de la institución el 31 de agosto de 2018, cuando el CICIG comenzó una investigación por corrupción contra él, su hermano y su hijo.

El nuevo presidente también tuvo un encontronazo con el CICIG en el año 2010, cuando fue acusado de abuso de autoridad, asesinato y ejecución extrajudicial en una investigación por la operación “Pavo Real” . Una operación que tenía como objetivo reprimir un motín carcelario, que contaba con 3.000 efectivos entre policías, soldados y guardias penitenciarios. La intervención dejó 7 presos muertos.

La intervención fue dirigida por Alejandro Giammattei, cuando ejercía como director del Sistema Penitenciario del país, por lo que fue detenido durante 10 meses, pero quedó en libertad porque la Fiscalía no pudo comprobar su participación en el caso.