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Exclusiva LA RAZÓN: Así se fraguó la entrega de Assange

Harto de los «chantajes y amenazas» del «hacker» australiano, el Gobierno de Ecuador decidió el día 9 de abril retirarle el asilo y entregarlo a la Policía británica, «por la puerta y a la vista de todo el mundo».

  • Momento en que varios agentes sacan a Assange de la embajada de Ecuador
    Momento en que varios agentes sacan a Assange de la embajada de Ecuador

Tiempo de lectura 4 min.

25 de mayo de 2019. 02:38h

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Goyo G. MaestroRocío Colomer Madrid. 25/5/2019

La suerte de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres se decidió la noche del martes 9 de abril. Ese día, el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, sentenció que el ciberactivista australiano tenía que salir de la legación diplomática en 24 horas. El mandatario había tomado esa determinación después de que se viera expuesto a «chantajes y amenazas» por parte de miembros de Wikileaks, según explicó a LA RAZÓN una fuente conocedora del caso que pide el anonimato.

Tras la salida de la presidencia de Rafael Correa en Ecuador en 2017, Assange había perdido a su principal protector. Correa fue el que decidió darle refugio en 2012 cuando el australiano rompió las condiciones de libertad condicional y escapó de la Justicia británica ante una orden de extradición de Suecia, donde era reclamado por las denuncias de violación y abuso sexual a dos mujeres en 2010, sacadas a la luz poco tiempo después de que Wikileaks revelara miles de documentos confidenciales de EE UU en las guerras de Irak y Afganistán.

Los encontronazos de Assange con el nuevo Gobierno de Moreno fueron creciendo hasta el punto de que el fundador de Wikileaks denunció en 2018 a las autoridades de Quito por violar sus derechos fundamentales y libertades. Esta ofensiva se produjo siete meses después de que la embajada le cortara el acceso a internet. Tras las quejas del embajador sobre el mal comportamiento del «hacker» y el uso que éste hacía de las instalaciones diplomáticas recibiendo continuas visitas, Ecuador decidió imponerle unas reglas de limpieza con su mascota, protocolos de atención médica, la necesidad de pagarse sus gastos y restricciones a las visitas. En caso de violarlas, su condición de asilado se daría por terminada.

Y eso es lo que finalmente sucedió en el mes de abril, cuando el presidente Moreno perdió la paciencia con su huésped indeseado. La resolución de expulsarlo fue tan rápida que no hubo filtraciones en Ecuador. Nadie sabía que el asilado político más famoso del mundo estaba a punto de ser desalojado de la que había sido su casa durante siete años. «Él tampoco se lo esperaba», añade la fuente consultada. Las autoridades británicas querían sacarlo de madrugada para evitar que fuera objeto de una mayor exposición mediática, pero desde Ecuador se decidió que Assange «iba a salir a la luz pública, por la puerta y a la vista de todo el mundo».

El ciberactivista fue citado por el embajador en su oficina a las nueve y media de la mañana. Assange apareció unos 20 minutos más tarde a su encuentro con el jefe de la legación diplomática. Al salir de su habitación, los guardias de seguridad le condujeron a la sala de reuniones y le comunicaron la decisión del Gobierno de suspenderle la ciudadanía ecuatoriana concedida en 2017 y también de retirarle el asilo.

En ese momento, Assange trató de regresar a su habitación, pero cuatro guardias lo agarraron de los brazos. La fuente de LA RAZÓN explica que «lo condujeron a la puerta de la embajada, donde los policías británicos estaban esperando. Lo envolvieron con una colcha, lo tumbaron y lo cargaron para evitar que el detenido se golpeara a sí mismo. Sólo se le veían las zapatillas y la cabeza. Todo fue muy profesional, una operación tranquila y sin dramatismos».

Durante más de un mes, la habitación de Assange estuvo precintada. Según otra persona cercana a la investigación, ningún abogado del detenido reclamó las pertenencias que se encontraban en el interior de la embajada. Sí que lo hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en virtud del acuerdo de asistencia penal internacional que tiene suscrito con Quito, solicitó acceso al material electrónico del activista.

El pasado lunes, peritos enviados por la Fiscalía ecuatoriana se incautaron de los dispositivos electrónicos hallados en el cuarto, al que sólo tenía acceso Assange mediante con código secreto. Era uno de los espacios de la embajada –un piso de unos 300 metros– que no estaba vigilado con cámaras de seguridad. Según ha podido saber LA RAZÓN, en el interior encontraron 36 ordenadores, 30 teléfonos móviles, unidades de memoria, cámaras, grabadoras, CDs, manuscritos, un maletín con dos juegos de esposas y 30.000 euros en diferentes monedas. Los ordenadores contienen 110 terabytes en archivos con siete y ocho capas de encriptación. El descifrado de este material podría llevar seis meses.

Estados Unidos recibirá próximamente una copia de los archivos cifrados, que podráin ser claves en los 18 cargos que la Justicia de ese país ha presentado contra el activista, uno de ellos por espionaje. La prensa estadounidense asegura que sobre Assange podría recaer una condena de hasta 170 años de prisión si fuera hallado culpable de todos estos cargos. Eso si Reino Unido decide el próximo mes de junio extraditarlo a EE UU. La otra opción que tiene Londres es entregarlo a Suecia, donde se ha reabierto el caso por presuntos abusos sexuales.

EE UU estrecha el cerco contra el ciberactivista

La decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de presentar 18 nuevos cargos, entre ellos uno por espionaje, contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha supuesto un nuevo giro en el caso. La acusación de crímenes de espionaje contra el ciberactivista es inusual. La mayoría de los casos relacionados con el robo de información clasificada se han dirigido a empleados del Gobierno estadounidense, como Chelsea Manning, y no a las personas que publican la información en sí. El Departamento de Justicia de EE UU asegura que Assange no solo ayudó y animó a Chelsea Manning con el robo de materiales clasificados, sino que puso en peligro las vidas de colaboradores que incluían afganos, iraquíes, periodistas, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos y disidentes políticos en regímenes represivos.

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