Una delicada fila de piezas de dominó. En esto es en lo que se ha convertido el programa de asilo para inmigrantes en el Reino Unido ante la gran preocupación del gobierno laborista de Keir Starmer. Un fallo histórico del Tribunal Superior ha tirado la primera pieza y ahora todo puede desmoronarse, dejando en la calle a más de 30.000 personas llegadas de manera ilegal al país, lo que crea un verdadero problema a las autoridades ya que su obligación legal es darles cobijo mientras se examinan sus casos.

De momento, los más de cien inmigrantes que ahora residen en el hotel de la localidad de Epping Forest -sureste de Inglaterra- tienen que abandonarlo antes de las 16:00 horas del 12 de septiembre, después de que el ayuntamiento local liderado por los conservadores haya obtenido una orden judicial temporal. Miles de personas llevaban semanas manifestándose en las inmediaciones del hotel, en protestas organizadas por grupos de extrema derecha, después de que un solicitante de asilo residente fuera acusado de agredir sexualmente a una niña de 14 años en la localidad.

El ayuntamiento acudió a la justicia, alegando una infracción de la ley de planificación urbanística al cambiarse el uso del terreno, y el juez les ha dado la razón creando un verdadero dilema a Downing Street con la política migratoria, una de las principales preocupaciones para el electorado.

La sentencia, anunciada el pasado martes y a la que el gobierno quiere apelar, amenaza ahora con crear el efecto dominó. Docenas de ayuntamientos de toda Inglaterra están preparando recursos legales para seguir los mismos pasos, por lo que los abogados del gobierno ya han advertido que la capacidad para alojar a solicitantes de asilo puede verse “sustancialmente afectada”.

El líder populista del partido de derecha radical, Nigel Farage -a quien las encuestas le dan más popularidad que al premier Keir Starmer- asegura que los municipios de su formación harán todo lo posible para cerrar los hoteles con inmigrantes. La gran mayoría de los ayuntamientos que estudian ahora acciones legales son de la oposición, aunque también hay laboristas. Sin embargo, no todos son responsables de los permisos de obra, lo que podría limitar su capacidad.

Para los próximos días se han organizado docenas de protestas antiinmigración en varias partes del país a las que se suman las contramanifestaciones contra el racismo.

El gobierno ha prometido eliminar el uso de hoteles para alojar a los solicitantes de asilo para 2029, comprometiéndose a reducir la llegada de pateras y construyendo nuevos alojamientos públicos. Pero Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo para los Refugiados, considera que la situación “es ya completamente insostenible” y no se puede esperar más tiempo.

El inmigrante acusado de agresión a la menor en la localidad de Epping Forest es Hadush Kebatu, un hombre de 41 años procedente de Etiopía. Según se escuchó en el tribunal, intentó besar a la chica de 14 años mientras comía pizza cerca de una concurrida calle principal. Los hechos ocurrieron el 7 de julio, ocho días después de que llegara al Reino Unido en patera. Él ha negado los cargos en su contra y deberá comparecer ante el juez a finales de este mes.

Por otra parte, un segundo hombre alojado en el mismo hotel, Mohammed Sharwarq, de nacionalidad siria, ha sido acusado por separado de siete delitos, mientras que varios hombres han sido acusados por presuntos desórdenes en el exterior del hotel.

Antes de que se dictara el fallo, el juez denegó una solicitud de última hora de la ministra del Interior para intervenir. El abogado de la ministra argumentó que un fallo a favor del ayuntamiento tendría un impacto sustancial en su obligación legal de alojar a los solicitantes de asilo mientras se examinan sus casos, entre otras preocupaciones. Sin embargo, el juez declaró que la intervención era innecesaria y que solo consumiría tiempo judicial.

El líder del ayuntamiento, el conservador Chris Whitbread, declaró estar “encantado” con la sentencia. “Es una gran noticia para nuestros residentes. Las últimas semanas han supuesto una presión insoportable para nuestra comunidad, pero al fin tenemos una gran noticia”, manifestó.

El número de solicitantes de asilo alojados en hoteles ha aumentado un 8 %, hasta alcanzar los 32.059, en el último año, con un coste de 2.100 millones de libras. Aunque el actual gobierno laborista está tramitando las solicitudes con mayor rapidez que la anterior administración conservadora, con 71.000 casos pendientes de aprobación, correspondientes a 91.000 personas, en comparación con los 134.000 de hace dos años.

Las últimas cifras oficiales, publicadas el pasado jueves como parte de las estadísticas trimestrales habituales sobre inmigración, abarcan el primer año de mandato del Partido Laborista. Por primera vez en cuatro años, el número de solicitudes de asilo pendientes ha descendido por debajo de las 100.000 personas. Actualmente, la cifra supera los 70.000 casos, que afectan a casi 91.000 personas, lo que supone una reducción del 18 % con respecto al año anterior y su nivel más bajo desde septiembre de 2021.

En los últimos doce meses, se han expulsado a 9.100 personas, un 25 % más que el año anterior. Más de la mitad eran extranjeros que habían cometido delitos y que estaban siendo deportados al cumplir condena. Yvette Cooper, ministra del Interior, declaró: «Las medidas que hemos tomado —el aumento de los retornos de solicitantes de asilo rechazados en más de un 30 %, la reducción de los costes del asilo en un 11 %, la reducción de los retrasos en un 18 % y nuestros próximos planes para reformar el deficiente sistema de apelación de asilo— son pasos cruciales para restablecer el orden y poner fin al uso caótico de los hoteles de asilo que heredamos del gobierno anterior».