La justicia nipona ha ejecutado a Takahiro Shiraishi, el infame "Asesino de Twitter", en la primera aplicación de la pena de muerte en el país desde 2022. Este energúmeno, que transformó las redes sociales en una herramienta de cacería letal, ha pagado el precio final por sus crímenes atroces, cerrando un capítulo que estremeció al mundo. La confirmación del Ministerio de Justicia, lacónica y sin detalles, ha supuesto un mazazo a una nación donde la pena capital sigue siendo un pilar controvertido de su sistema judicial, exponiendo la extrema crueldad de un asesino y las fisuras de una sociedad hiperconectada.

Corría el año 2017 cuando el nombre de Shiraishi irrumpió en los titulares, transformando la tranquila localidad de Zama, al suroeste de Tokio, en el foco de un horror inimaginable. A sus 27 años, este joven de rostro anodino y vida aparentemente ordinaria usó Twitter como una trampa mortal. Bajo el seudónimo de "Hangman" y otros alias, contactaba a personas que, en la intimidad de sus cuentas, expresaban pensamientos suicidas o desesperación. Con mensajes que prometían apoyo, comprensión o incluso compañía para "partir juntos", el muy sádico atraía a sus víctimas a su apartamento. Lo que parecía un gesto de solidaridad era, en realidad, el preludio de una pesadilla.

Nueve personas, ocho mujeres y un hombre, todos entre 15 y 26 años, cayeron en su red. Entre agosto y octubre de 2017, Shiraishi las asesinó, desmembró sus cuerpos y almacenó los restos en cajas, neveras portátiles y contenedores llenos de arena para gatos, un intento macabro de ocultar el olor y las evidencias. La policía, alertada por la desaparición de una joven de 23 años, rastreó su última conexión hasta su apartamento. Lo que encontraron allí fue una escena dantesca: un refrigerador lleno de restos humanos, cabezas decapitadas y herramientas ensangrentadas. El descubrimiento conmocionó al mundo por su brutalidad y por la forma en que un medio tan cotidiano como esa red social se convirtió en el anzuelo de un depredador.

El juicio concluyó en 2020

El juicio de Shiraishi, concluido en 2020, fue un retrato de depravación. Con una calma perturbadora, confesó los asesinatos, aunque inicialmente afirmó que algunas víctimas habían consentido su muerte. Los fiscales desmontaron esta narrativa, demostrando que todas fueron aniquiladas a sangre fría, muchas estranguladas tras ser engañadas. La defensa argumentó que el verdugo sufría trastornos mentales, pero los tribunales no cedieron. En diciembre de ese año, fue sentenciado a muerte, una decisión que, aunque esperada, reavivó el debate sobre la pena capital, un país donde la justicia opera con una mezcla de tradición y secretismo.

Esta ejecución, llevada a cabo en la horca -el método tradicional japonés-, se realizó bajo el velo de opacidad característico del sistema penitenciario. En Japón, las ejecuciones no se anuncian con antelación, ni siquiera a los condenados o sus familias. Un día, sin previo aviso, el reo es llevado al patíbulo. Esta práctica, defendida por las autoridades como una forma de mantener el orden, es criticada por organizaciones como Amnistía Internacional, que denuncian su crueldad y falta de transparencia.

El caso de Shiraishi trasciende la crónica de un asesino en serie. Plantea preguntas sobre la era digital. Las redes sociales, diseñadas para conectar, se convirtieron en su caso en un campo de acecho. Las víctimas, vulnerables en su dolor, confiaron en un extraño que manipuló sus emociones. Este fenómeno expuso las miserias de un entorno donde la empatía puede ser una máscara y la desesperación, un imán para el mal. En el país del Sol Naciente, donde la salud mental sigue siendo un tema tabú, el caso también desató discusiones sobre la necesidad de mayor apoyo psicológico y regulación de las plataformas digitales.

Mientras Tokio continúa con su ritmo frenético, la muerte de Shiraishi marca un punto final, pero no un cierre. Las familias de las víctimas, que durante años enfrentaron el dolor de una pérdida irreparable, encuentran en esta noticia un consuelo agridulce. La sociedad nipona, por su parte, se mira al espejo, preguntándose cómo prevenir que el próximo "Hangman" se oculte tras una pantalla. El legado de Shiraishi es el de un monstruo y el de una advertencia: en una sociedad donde un tuit puede ser un salvavidas o acabar con tu vida, la vigilancia y la empatía deben ir de la mano.

Uno de los países desarrollados que mantiene la pena de muerte

La pena de muerte, abolida en numerosos países desde la segunda mitad del siglo XX, persiste en Japón. Sus sucesivos gobiernos la defienden argumentando un amplio respaldo popular, pese a críticas por su opacidad y falta de debate público.

Mientras en Estados Unidos las fechas de ejecución se anuncian con antelación y son observadas por familiares, víctimas y prensa, con detalles divulgados posteriormente, Tokio mantiene un sistema hermético, sin notificaciones previas ni transparencia, lo que limita el debate ciudadano. Ambos países son de los pocos desarrollados que conservan esta práctica.

En febrero de 2024, la "Mesa redonda sobre la pena de muerte en Japón", formada por 16 miembros, incluidos parlamentarios, académicos, un exfiscal y un exdirector de la Policía Nacional, inició actividades para fomentar la discusión sobre la abolición o mantenimiento de la pena capital. En noviembre, esta organización presentó un informe al primer ministro Ishiba Shigeru, destacando problemas como el riesgo de errores judiciales y la falta de apertura informativa. El documento recomendó crear un órgano de discusión pública.

El portavoz gubernamental, Hayashi Yoshimasa, rechazó la abolición y la propuesta de un consejo de debate, afirmando que no era "apropiado". Según Amnistía Internacional, en 2023, el 70 % de los países de la ONU han abolido o no aplicado la pena capital en una década, evidenciando la postura minoritaria de Japón, pese a su "diplomacia de derechos humanos".