El juez federal James E. Boasberg no descarta abrir una investigación contra la administración de Donald Trump por desacato a una de sus órdenes de devolver al país dos aviones que deportaban inmigrantes a El Salvador el pasado 15 de marzo a pesar de que un fallo judicial emitido por él mismo había prohibido que despegaran.

En su escrito de 46 páginas, el magistrado asegura que desde el gobierno se está mostrando una «indiferencia deliberada» hacia el tribunal, que sería suficiente para que el gobierno sea declarado culpable de desacato penal.

Boasberg le da a la administración hasta el próximo 23 de abril para responder la petición que lleva semanas haciéndole: quiénes han sido los responsables de que los dos vuelos no se detuvieran y cuáles son las causas que han provocado «el incumplimiento» de la orden. En caso de no recibir respuesta en el plazo estipulado, remitirá el asunto para llevar a cabo un posible procesamiento.

«El tribunal no llega a tales conclusiones a la ligera ni precipitadamente», aseguró el juez, «de hecho, ha brindado a los acusados amplia oportunidad para explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria».

La amenaza del magistrado llega después de que otro juez, en un fallo separado, esté investigando al equipo de Trump también en relación con los vuelos de deportación a El Salvador porque podría haber violado un fallo separado de la Corte Suprema. En este caso, el equipo de gobierno tiene dos semanas para responder porqué hasta la fecha se ha incumplido la orden del gran Tribunal de facilitar la liberación de Kilmar Armando Abrego García, un vecino de Maryland, que fue enviado junto con vario detenidos venezolanos a una prisión salvadoreño.

Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.

Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.

El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.

La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EE UU y El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una «desaparición forzada». La Administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.

Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.

EE UU llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en EE UU hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos. Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.

De hecho, este revés llega después de que Trump y el presidente de Salvador se reuniera este lunes en la Casa Blanca y sellaran su alianza contra la inmigración. En medio de la controversia por la deportación errónea de un inmigrante legal salvadoreño, que fue repatriado junto a cientos de venezolanos a un centro carcelario para terroristas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió este lunes con Donald Trump, y certificaron la buena relación que les une en cuestiones de inmigración. En el punto de mira está la situación de Kilmar Ábrego García. El caso de Ábrego García generó enorme polémica dado que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos y fue expulsado a pesar de que una orden judicial lo protegía de ser deportado. Las autoridades migratorias admitieron que fue un «error administrativo». Esta decisión está siendo cuestionada por la oposición. El senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen llegó ayer a El Salvador para solicitar su liberación. A criterio del demócrata, Ábrego fue «secuestrado ilegalmente y necesita regresar a casa». Al margen de la polémica suscitada en torno al caso, no hay duda de que El Salvador se ha convertido en pieza clave de la operación de deportaciones extrajudiciales masivas que lleva a cabo la administración Trump y cuestiona la Justicia de EE UU.