Madagascar: Rajoelina denuncia un “intento de golpe” tras las protestas

Madagascar vive desde finales de septiembre una de sus mayores oleadas de protestas en los últimos años. Las movilizaciones comenzaron el 25 de septiembre en la capital del país, Antananarivo, y pronto se extendieron a otras ciudades. La chispa de las protestas, o la gota que colmó el vaso, fueron los cortes masivos de agua y electricidad (atribuidos a la compañía pública Jirama). Pero pronto cristalizaron en un malestar más profundo entre la ciudadanía: la carestía económica, el desempleo juvenil, las continuas denuncias de corrupción y el hartazgo contra una élite política a la que se percibe desconectada de la realidad.

Entre las protestas predominan los manifestantes jóvenes, en especial de la Generación Z, lo que encaja con movilizaciones recientes sucedidas en otros países, como Kenia y Nepal, donde también era esta generación quien llevaba la voz cantante. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha contabilizado al menos 22 muertos y más de un centenar de heridos en los enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad, aunque las autoridades discuten esta cifra.

El presidente malgache, Andry Rajoelina, realizó este lunes una intentona por frenar la crisis, al anunciar la disolución del gobierno tras menos de dos años desde que se formó. En paralelo, aseguró que mantendría en los días sucesivos diversas reuniones para “evaluar la situación del país”. Estos gestos de parte de la presidencia, que pudieron concebirse como un golpe de timón favorable a los manifestantes, no consiguieron pese a todo detener las marchas, que continuaron a lo largo de la semana; este jueves volvieron a registrarse manifestaciones masivas que, debe destacarse, no sólo se dirigen contra el gobierno. Figuras como la del empresario Mamy Ravatomanga, muy cercano a los órganos de poder, se han convertido en símbolo de una connivencia entre la política y los grandes intereses privados que muchos manifestantes denuncian.

Un diálogo resquebrajado

Tras esta actitud inicial que se podría definir como conciliadora, la retórica de Rajoelina dio un giro de 180 grados. En un mensaje difundido este viernes en directo, el presidente aseguró que se está intentando “derrocar” a su gobierno y que los jóvenes habrían sido “explotados” para “provocar un golpe”.

La acusación se produjo el mismo día en que se registraban nuevos enfrentamientos y cortes de circulación en la capital. El gobierno sostiene además que los agentes de seguridad se limitan a mantener el orden ante los continuos saqueos y episodios de violencia, y ha minimizado las cifras de víctimas mortales difundidas por organismos internacionales.

Y la oposición tradicional también ha buscado su lugar en la crisis. Dirigentes como Siteny Randrianasoloniaiko (rival de Rajoelina en 2023) o el expresidente Marc Ravalomanana han expresado su apoyo a los manifestantes y reclaman una salida política, mientras que algunos diputados opositores piden liberar a los detenidos e iniciar un proceso de mediación.

La comunidad internacional ha optado por un lenguaje de contención y llamados a la mesura. La ONU, a través de su oficina de derechos humanos, expresó “conmoción” por la respuesta violenta y reiteró la necesidad de rendición de cuentas. La Delegación de la Unión Europea y las embajadas de Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Suiza emitieron una declaración conjunta instando a “un diálogo constructivo” entre las partes y a respetar los derechos de reunión y expresión.

Pero diversas organizaciones de derechos humanos han elevado el tono de sus denuncias. Amnistía Internacional urgió a investigar de forma independiente el uso de fuerza letal contra manifestantes y a liberar a quienes estén detenidos por ejercer su derecho a la protesta. En conjunto, si se hace una lectura en ellos, estos pronunciamientos de distintas entidades internacionales no terminan de avalar la tesis gubernamental de una injerencia exterior organizando las marchas; más bien piden una desescalada que venga acompañada de la apertura de una solución política.

Dos años de protestas

No es la primera vez que Madagascar atraviesa situación similar. Las elecciones presidenciales de noviembre de 2023, que dieron un segundo mandato a Rajoelina, estuvieron marcadas por protestas organizadas desde la oposición y por un boicot de la mayoría de los candidatos rivales, que denunciaron un proceso desequilibrado y un clima de represión en las calles.

Finalmente, la Alta Corte Constitucional confirmó la victoria del presidente en diciembre de ese año. Aquellos episodios de 2023 dejaron una serie de heridas abiertas que consolidaron la imagen de una oposición debilitada y sin canales institucionales eficaces, mientras que el oficialismo se beneficia de un aparato estatal robusto… aunque también alimentaron el sentimiento de frustración que crece en los sectores urbanos que hoy vuelven a ser decisivos en la protesta.

La diferencia más notable entre las protestas de 2023 y de 2025 son la composición y el relato. El motor ahora es generacional y socioeconómico, antes que partidista. Se sale a la calle para protestar por los servicios públicos colapsados, la inflación, la falta de empleo… que interpelan directamente las capacidades del Estado. La decisión inicial de disolver el gobierno indica que el Ejecutivo entiende la magnitud del desafío; pero el discurso del 3 de octubre, que atribuyó las protestas a un “intento de golpe”, cerró de golpe la puerta a las negociaciones.

Si el gobierno ofrece medidas concretas y si la protesta mantiene su carácter pacífico y su autonomía respecto a los actores políticos tradicionales, quizás pueda iniciarse el camino de las conversaciones. Lo único que es evidente (por el momento) es que la crisis ha reordenado las prioridades de Rajoelina y a expuesto, ahora sin lugar a dudas, la enorme brecha existente entre promesas de desarrollo y la experiencia diaria de malgaches.