Mali impulsa la minería de oro con reformas y apoyo ruso en medio de disputas internacionales

No puede entenderse Mali sin el oro. Existe algo de orgullo nacional en su brillo. Todos los malienses recuerdan con orgullo a Mansa Musa, quien se considera el hombre más rico de la Historia. Allá por el siglo XIV, el poderoso monarca tenía tanto oro que devaluó el precio del preciado metal y provocó una crisis económica en su paso por Egipto, de camino a la Meca… tal fue la cantidad que repartió por las calles del país de los faraones. El oro en Mali es un activo económico (94% del valor de sus exportaciones anuales) pero también es símbolo e Historia.

La junta militar que gobierna hoy el país africano, a sabiendas del peso económico y cultural del oro, se sirve del mismo con un doble propósito: maximizar los beneficios del Estado y combatir a la presencia europea en su territorio. Lo que comenzó como una revisión del código minero ha desembocado en una serie de acontecimientos que implican arrestos de ejecutivos extranjeros, disputas fiscales multimillonarias y el fortalecimiento de la alianza con Rusia.

Nueva refinería con apoyo ruso

El 10 de junio, la junta militar maliense lanzó oficialmente la construcción de una gigantesca refinería de oro en Senou, a las afueras de Bamako. La plantase desarrollará en colaboración con el Grupo Yadran (Rusia) junto con una empresa de inversión suiza. Se calcula que podrá procesar en torno a unas 200 toneladas de oro al año, aunque esta cantidad excede en cuatro veces la producción anual de Mali. Esto se explica en que se espera que otros países de la zona, como Burkina Faso, utilicen la refinería de Senou para tratar su propio oro.

En un contexto donde el Estado maliense busca una mayor participación en la industria del oro, el país tendrá una participación mayoritaria en el proyecto citado. Según especificó el presidente maliense, Assimi Goita, el objetivo es claro: evitar que su país siga exportando oro en bruto hacia países como Suiza, Sudáfrica o los Emiratos Árabes Unidos, una práctica que ha privado a Mali de ingresos esenciales durante décadas. Durante la ceremonia que dio comienzo a la construcción de la planta aseguró que “esto priva a nuestro país de ingresos sustanciales que podrían utilizarse para el desarrollo de su economía”.

Mali no ha sido el único país en promover el control sobre sus recursos. Guinea, Níger y Burkina Faso también han modificado sus legislaciones para exigir el procesamiento local de sus materias primas.

Desde su llegada al poder, Goita ha impulsado una serie de reformas mineras con el objetivo de incrementar el control del Estado sobre el sector aurífero. El nuevo código minero, publicado en 2024, ha generado preocupación entre inversores internacionales por elevar la participación estatal mínima del 20% al 35% en nuevas concesiones; además, obliga a todas las empresas a refinar el oro dentro del país.

Las mineras occidentales, en crisis

Las tensiones generadas por el nuevo marco legal de la minería maliense han tenido como protagonistas a empresas canadienses y australianas con fuerte presencia en Mali desde hace décadas. Una de las más afectadas es Barrick Gold, que opera el complejo Loulo-Gounkoto. En una decisión sin precedentes en la nación africana, un tribunal de Mali puso este lunes el yacimiento bajo control estatal temporal y nombró al exministro de Salud, Soumana Makadji, como administrador provisional por seis meses.

La disputa entre Barrick Gold y el Gobierno maliense gira en torno a una serie de reclamos fiscales que superan los 500 millones de dólares. El gobierno ya ha confiscado parte de las reservas de oro de Barrick y bloqueado sus exportaciones desde noviembre de 2024. Por su lado, la compañía minera sostiene que ha cumplido con todas sus obligaciones y que estas acciones son “injustificadas”. Ha apelado la decisión judicial, pero el complejo minero ha estado paralizado desde enero de 2025; aunque las partes siguen negociando extrajudicialmente, se tienen pocas esperanzas de un veredicto que les beneficie.

Más grave aún fue el caso de la minera australiana Resolute Mining, cuyo director ejecutivo, Terry Holohan, fue arrestado junto a dos colaboradores tras llegar a Bamako en noviembre de 2024. Se les acusaba de “falsificación y daño a la propiedad pública”.

La disputa se originó por una reclamación de 100 millones de francos CFA (unos 152.000 euros) en impuestos atrasados vinculados al yacimiento de Syama, del cual el Estado maliense posee un 20%. Sin embargo, las consecuencias fueron desproporcionadas: las acciones de Resolute se desplomaron un 33%, su peor caída desde 1988, y el gobierno australiano suspendió temporalmente su cotización en bolsa. Tras días de negociaciones, Resolute aceptó pagar 160 millones de dólares en concepto de "rescate". 80 millones se entregaron inmediatamente, y el resto se pagó en cuotas. A cambio, firmaron un memorando de entendimiento, pero es evidente que el caso ha sido interpretado como un chantaje de Estado y puso en entredicho la seguridad jurídica del país.

El gobierno de Goita justifica estas acciones como parte de una estrategia soberanista e inscrita en el nuevo panafricanismo “de uniforme” que promueven Mali, Burkina Faso y Níger. Sin embargo, los métodos empleados (arrestos sin garantías, incautaciones, exigencias extralegales) han generado inquietud en los inversores habituales. La ausencia de mecanismos independientes para resolver disputas comerciales y el uso del aparato judicial con fines políticos han mermado la percepción de Mali ante los inversores internacionales… a excepción de los rusos y los emiratíes.

El papel de los activos militares rusos

Rusia ha reforzado su papel como principal aliado de Mali. Además e la nueva refinería que se explicó más arriba, no debe de olvidarse la presencia militar rusa en la región y sus vínculos con el teatro económico. Hasta hace apenas una semana, el Grupo Wagner operaba en el país, ofreciendo entrenamiento, seguridad y apoyo logístico a las operaciones malienses en la lucha antiterrorista. LA PMC Wagner ha sido reemplazado por Africa Corps, una estructura más formal y oficializada del Ministerio de Defensa ruso pero con fines casi idénticos.

Durante los años en que el grupo Wagner operó en Mali, la compañía mercenaria se convirtió en un actor clave no solo en términos militares, sino también en el comercio de oro que prolifera en la región. Wagner y sus asociados rusos facilitaron la exportación de grandes cantidades de oro extraído en Mali hacia mercados internacionales, principalmente a través de Emiratos Árabes Unidos, utilizando métodos de legalidad dudosa. En el contexto de las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania, este modelo de negocio ha sido fundamental para Rusia.

Africa Corps cumple las mismas funciones que Wagner en el pasado: protección del régimen, proyección militar rusa en el Sahel ... y garantizar los intereses económicos de Moscú. En su cuenta de X, la ramificación del Ministerio de Defensa ruso en África indicó este fin de semana que “recuperaremos todo Mali y protegeremos los intereses de Rusia en el sector minero”. Una frase que probablemente resuma los objetivos del Kremlin en Mali.

Lo que ocurre en Mali no es un fenómeno aislado. Sigue la constante que predomina en el Sahel y que rechaza a los socios europeos a cambio de nuevas alianzas (Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, etc.). En cierta medida, estas dinámicas pueden leerse como un refuerzo de su soberanía. Pero todo tiene un costo. La falta de seguridad jurídica aumenta el riesgo de expropiaciones encubiertas, mientras que los métodos de negociación empleados que pueden espantar futuras inversiones. Surge la duda de si puede sostenerse un modelo basado en la coacción y la opacidad.