Los primeros meses del segundo mandato del presidente, Donald Trump, han supuesto el tiro de salida para la guerra sin cuartel que le ha declarado a la inmigración ilegal en Estados Unidos. Para ello, ha puesto en marcha una serie de políticas agresivas con el objetivo de reformar profundamente el sistema migratorio del país a través de medidas legislativas, órdenes ejecutivas y directrices encaminadas a la caza, captura y expulsión de los ilegales. Durante su primer trimestre, la Administración ha deportado a 142.000 personas y detenido a 158.000 indocumentados, mientras organizaciones como Human Rights Watch han documentado un aumento en los casos de detenciones arbitrarias y separaciones familiares forzosas.

Organizaciones como Amnistía Internacional aseguran que las nueve medidas iniciadas por el presidente atentan contra los derechos humanos. Nada más sentarse en el despacho oval, Donald Trump firmó una declaración de emergencia nacional, sin pasar por el Congreso, para realizar un despliegue militar adicional en la frontera con México y la construcción de nuevas barreras físicas. También revocó la protección en las conocidas como < >, eliminando así la normativa que impedía las redadas en espacios protegidos como escuelas, hospitales e iglesias. Como consecuencia, los inmigrantes han dejado de acudir a estos centros.

Una de las iniciativas más polémicas ha sido la suspensión de la aplicación CBP One, la cual es indispensable para que los solicitantes de asilo pudiesen agendar citas en los puertos de entrada. El presidente también ha eliminado los programas de asilo humanitario para los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que permitían su entrada y permanencia temporal por razones humanitarias. Asimismo, reforzó los sistemas de captura, retención y expulsión de los inmigrantes con la implementación de la Ley Laken Riley, que permite la detención de personas indocumentadas acusadas de delitos como robo, agresión, asesinato o lesiones graves. Más aún, esta Ley ha abierto la puerta para que los Gobiernos estatales tengan la capacidad de demandar al Departamento de Seguridad Nacional, si no se siguen las directrices dadas por la Casa Blanca.

Por otro lado, la Ley viene conjuntada con la Operación Safeguard, que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas expulsar a los inmigrantes indocumentados en ciudades santuario como Nueva York, Chicago o Miami, entre otras. En este sentido, el presidente también recurrió a la aplicación de la Orden Ejecutiva 14159 para < >, con el fin de cortar los fondos federales a las jurisdicciones que protejan a los inmigrantes, establecer sanciones para los que no se registren como indocumentados, aumentar la contratación de agentes y restringir el acceso que tienen de los beneficios y fondos públicos.

Asimismo, Donald Trump recorrió al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a los miembros de la banda criminal Tren de Aragua, así como empezó, infructuosamente, los preparativos para utilizar la base y prisión estadounidense en Guantánamo (Cuba) para internar a los migrantes expulsados. Dada la imposibilidad de realizar esto, tanto por espacio físico como por las repercusiones legales que tendría, en febrero el presidente ordenó la deportación a terceros países como Costa Rica o El Salvador, donde se encuentra el temible Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la mega-cárcel creada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

De todas las medidas adoptadas, la más devastadora ha sido la suspensión de la aplicación CBP One, puesto que ha dejado a miles de solicitantes de asilo en un limbo legal que los ha hecho más vulnerables que nunca. Sobre todo, los que se encontraban en tránsito o a la espera en la frontera con México. Para empeorarles las cosas, el Departamento de Seguridad Nacional ha empezado a emitir notificaciones para forzar la salida de las personas a las que el programa CBP One ya había autorizado a residir en suelo estadounidense. Más aún, la Administración ha puesto en marcha la aplicación CBP Home, destinada a promover la auto-deportación.

¿Qué opciones tienen ahora los migrantes? Pocas. Algunos se pueden acoger a la reinstauración del programa < > (Permanecer en México), el cual obliga a los solicitantes de asilo a esperar en tierras mexicanas mientras se procesan sus casos en las aduanas, sin ningún tipo de protección o asistencia legal. La otra opción es que pidan asilo en los países donde han quedado varados, algo que es poco realista dado que, para llegar a Estados Unidos, los migrantes deben cruzar zonas muy peligrosas como el corredor del Darién.

Mientras, dentro de la Administración, hay quien está utilizando la situación para beneficiarse económicamente. El caso más sonado es de la empresa GEO Group, la cual se dedica a la construcción, mantenimiento y administración de prisiones privadas, la cual está vinculada a la fiscal general nombrada por el presidente, Pam Bondi. También han surgido oportunistas como el contratista militar y exdirector ejecutivo de la polémica empresa Blackwater, Erik Prince, quien ha < >, según Politico.

Otras empresas, como Palantir, fundada por el magnate Peter Thiel, socio de Elon Musk, ya han firmado contratos millonarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para desarrollar un software destinado a rastrear la información sobre los migrantes ilegales sin permiso, o cuyas visas hayan vencido, con el objetivo de aumentar las deportaciones. La plataforma de rastreo, conocida como ImmigrationOS, en la que han colaborado el Ejército estadounidense, el IRS (la agencia de recaudación de impuestos), el FBI y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, tendrá un coste estimado de 30 millones y está previsto que sea entregada el próximo 25 de septiembre.

Por otra parte, Donald Trump sigue empecinado en acabar con la ciudadanía por nacimiento establecida en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que es clara al respecto: < >, indica el texto. Además, hay precedentes legales que salvaguardan ese derecho como el caso de Wong Kim Ark en la Corte Suprema, el cual data de 1898 y declaró ciudadano a un hombre nacido en el país de padres chinos no ciudadanos. El presidente podría intentarlo con una nueva orden ejecutiva, pero esta se daría de bruces con la Enmienda 14 y sería bloqueada por los tribunales federales.

La única vía para cancelar la ciudadanía por nacimiento sería a través de una enmienda constitucional, aunque para ello el presidente necesitaría el apoyo de dos tercios del Congreso, así como la ratificación de tres cuartos de los estados (38 de los 50, más el distrito de Columbia). De momento, esta es una posibilidad remota, pero no imposible. Si sucediera, la < >, como reza el himno nacional del país, así como el sueño americano perseguido por los millones de inmigrantes que construyeron, y todavía lo hacen, Estados Unidos, llegarían a un fin abrupto. Al menos hasta que pase el segundo mandato de Donald Trump, aunque nadie duda que hará todo lo posible para tener un tercero. En ese caso, la democracia estadounidense estará herida de muerte.