El Gobierno de Keir Starmer ha aprobado este sábado un proyecto de ley de emergencia para asumir el control de la siderúrgica British Steel, la última productora del Reino Unido del llamado "acero virgen", en una sesión extraordinaria en Westminster. Se trata de la primera vez desde la guerra de las Malvinas de 1982 que los diputados son convocados a una sesión de urgencia durante un receso de Semana Santa, lo que pone de manifiesto la urgencia de la situación.

Y es que, más allá de 3.000 puestos de trabajo de la planta de Scunthorpe, una de las zonas más deprimidas del norte de Inglaterra, lo que está en juego es el propio papel del Reino en el nuevo orden mundial. Si cierra, se convertiría en el único país del G7 sin capacidad de producción de acero primario, un escenario no demasiado atractivo en el tablero político de la era Donald Trump, donde muchos dan al neoliberalismo por muerto.

Los aranceles al acero del 25% impuestos por Estados Unidos no han sido lo que ha obligado a Downing Street a intervenir, pero sí han supuesto la última gota para una industria que lleva décadas en crisis.

Pérdidas de 800.000 euros diarios

La empresa se fundó en 2016 cuando Tata Steel vendió su división en Scunthorpe, que registraba ya pérdidas, a la firma de inversión privada Greybull Capital por el simbólico precio de 1 libra. Los nuevos propietarios rebautizaron la empresa como British Steel. Tras un período de inestabilidad financiera, fue absorbida por el gobierno en 2019 y un año más tarde fue adquirida por la empresa siderúrgica china Jingye, estando por aquel entonces Boris Johnson en Downing Street.

Jingye afirma que los altos hornos ya no son sostenibles, atribuyendo la situación a las "extremadamente difíciles" condiciones del mercado, los aranceles y los costes asociados a la transición a técnicas de producción con bajas emisiones de carbono. Asegura que lleva invertidos en la planta más de 1.200 millones de libras desde su adquisición, y que las pérdidas rondaban en la actualidad los 800.000 euros diarios.

El Gobierno de Starmer había ofrecido a la compañía una ayuda de casi 500 millones de libras para la financiación de un nuevo horno de arco eléctrico como el que utilizan ya otras acerías, pero Jingye reclamaba una cantidad muy superior.

A medida que pasaba el tiempo y, literalmente, el carbón para mantener los hornos en funcionamiento comenzaba a agotarse, la pregunta era: ¿el gobierno ofrecería aún más a los propietarios chinos o actuaría por sí mismo? Finalmente ha optado por lo segundo, modificando la ley para otorgar al ministro de Comercio, Jonathan Reynolds, la facultad de dictar a British Steel qué hacer; en la práctica, comprar carbón para mantener los hornos en funcionamiento, para mantener a flote la otrora poderosa industria siderúrgica.

Gobiernos más activos y más ágiles

Los propietarios chinos seguirán siendo, de momento, los accionistas. Pero la decisión del Ejecutivo compromete a los contribuyentes a empezar a desembolsar dinero para salvar la industria. No está claro por cuánto tiempo. Pero la exigencia de actuar se ha vuelto políticamente atractiva, ya que encaja con el guion cada vez más repetido por Starmer: que el nuevo orden mundial ha cambiado y los gobiernos deben ser más activos y ágiles a la hora de proteger sus propios intereses.

La decisión del primer ministro Clement Attlee de nacionalizar la industria siderúrgica del norte de Inglaterra a finales de la década de 1940 fue más que controvertida. Se consideraba demasiado rentable y crucial para la economía regional como para ser gestionada desde Londres. Los conservadores revocaron la decisión en 1951, devolviendo el lucrativo sector a manos privadas. Pero el actual inquilino de Downing Street, el laborista Keir Starmer, vuelve a ponerla bajo el control del Estado. Esta vez, sin embargo, recalca que no se debe a cuestiones económicas, sino a la "seguridad nacional" del país.

Al comenzar el debate, el ministro de Empresa, Jonathan Reynolds, defendió la convocatoria del Parlamento, por considerar que se trata de "circunstancias excepcionales", que "requieren medidas excepcionales" ante "momentos excepcionales". Agregó que el Gobierno ha negociado de buena fe con Jingye y "ha trabajado incansablemente para encontrar una solución, ofreciendo un generoso apoyo a British Steel que incluía condiciones razonables y sensatas para proteger a la fuerza laboral".

Sin embargo, la empresa china, añadió, quería mucho más dinero del que se ofrecía, pero resultó una cantidad "excesiva". En los últimos días, fue "evidente" que la intención de Jingye era negarse a comprar suficiente materia prima para mantener los altos hornos en funcionamiento y que, además, su intención era cancelar y negarse a pagar los pedidos existentes. El Gobierno avisó de que si los altos hornos de la planta de Scunthorpe se cierran de forma imprevista, nunca podrán reabrirse porque el acero se solidifica en ellos y no se puede hacer nada.