Suecia fuerza el cierre de una escuela islámica por sus vínculos con el yihadismo

Las autoridades suecas decretaron la pasada semana el cierre de la Escuela Internacional Córdoba de Estocolmo, un centro islámico concertado. Las fuerzas de seguridad dieron la voz de alarma por sus vínculos con grupos yihadistas y advirtieron del riesgo de radicalización al que estaban expuestos sus más de 500 alumnos, que deberán ser trasladados a otros centros.

Los inspectores consideraron a la dirección «no apta para dirigir actividades escolares» y retiraron la licencia del centro por sus conexiones con organizaciones islamistas, destapadas por los servicios de inteligencia. Al menos un miembro del consejo de administración de ALM Education, la empresa que gestiona el centro, había trabajado anteriormente para un grupo yihadista en el extranjero, recoge la prensa local.

El portavoz de la principal agencia de seguridad nacional, Fredrik Hultgren-Friberg, explicó que los «representantes» de la escuela habían mantenido vínculos con «islamistas partidarios de la violencia».

Otras dos guarderías de la capital que pertenecen también a ALM Education están siendo investigadas por los mismos motivos, pese a que la directora ejecutiva de la empresa, Ulla Parkkinen, ha asegurado que no «hay riesgo de que los niños se radicalicen».

El incidente ha acentuado la preocupación que existe en Suecia por las casi 4.000 friskolor repartidas por el país. Son escuelas concertadas, financiadas por el Estado pero dirigidas por compañías con ánimo de lucro. Un modelo inspirado en Reino Unido que se estableció hace tres décadas para ampliar las posibilidades de elección de los alumnos. Estudian en estos centros uno de cada cinco menores de 6 a 15 años y uno de cada tres de 16 a 19 años.

La ministra de Educación, Lotta Edholm, se ha reunido con expertos del sector para encontrar nuevas fórmulas a fin de limitar la enseñanza religiosa, restringir la propiedad extranjera o impedir que las escuelas paguen dividendos.

El islamismo radical ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la agenda de seguridad de Suecia en los últimos meses tras una serie de quemas del Corán y el surgimiento de teorías de la conspiración que acusan a los servicios sociales de sustraer sistemáticamente niños a familias musulmanas suecas.

La semana pasada, la televisión pública Sveriges publicó una investigación en la que se descubría que varias personas que se habían ido a vivir a las órdenes del Estado Islámico y habían regresado a Suecia habían podido encontrar trabajo en la asistencia social. Una de ellas, además, había montado un negocio para ayudar a los niños con los deberes.

El reportaje rastreó a 83 de los 150 retornados de Dáesh y descubrió que al menos 30 habían sido acusados desde entonces de delitos penales, entre ellos asesinato, agresión y fraude.