Trump declara la emergencia nacional para construir el muro con México

Recurre a las prerrogativas presidenciales para desviar 8.000 millones de dólares contra la «invasión de droga y delincuentes».

El día del triunfo fue también amargo para el Partido Republicano. El presidente de EE UU, Donald Trump, rubricó el acuerdo presupuestario urdido en el Senado. A cambio, anunciaba la declaración del estado de Emergencia Nacional. Apenas unas horas antes el líder de la mayoría del partido en el Senado, Mitch McConnell, había asumido la contrapartida de la emergencia. Algo contra lo que él mismo, y muchos otros pesos pesados republicanos, se habían opuesto con vehemencia.

Temen, con razón, que en el futuro otros presidentes usen semejante recurso para justificar mediante decretazo instantáneo políticas que afecten a materias sensibles para su electorado. Lo explicó la propia Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata en el Congreso. «Sé que los republicanos sienten cierta inquietud al respecto, no importa lo que digan. Si el presidente puede declarar una emergencia por algo que él mismo finge que es una emergencia, a partir de una ilusión que quiere transmitir, piensen en lo que un presidente con diferentes valores podría presentar al pueblo estadounidense».

El estado de emergencia, en efecto, es un botón nuclear que permitirá a Trump destinar fondos previamente asignados a otras partidas para sufragar su muro. Concretamente, 8.000 millones de dólares, con los que costear unos 376 kilómetros de frontera. Los fondos provienen de distintas partidas: unos 1.375 millones se los concedió el Congreso en el presupuesto pactado; otros 600 los aportará el fondo de decomisos de drogas del Tesoro; 3.500 de obras militares y otros 2.500 del Pentágono. «Firmaré los papeles finales tan pronto como llegue a la Oficina Oval. Y tendremos una emergencia nacional», anunció. Se trataba de la última posibilidad para evitar un nuevo cierre de la Administración federal. Insostenible después de que el anterior parón, hace un mes, haya sido el más largo en la historia del país, generando de paso unas enormes pérdidas económicas y el caos en los servicios públicos.

Pero la emergencia nacional, basada en la supuesta crisis que vive la frontera, supone al mismo tiempo que Trump opta por forzar una normativa concebida para grandes catástrofes. Una salida presidencial con la que tratar de paliar desde el primer momento los efectos nocivos de un terremoto, un huracán o un atentado terrorista de grandes proporciones. Sucede que en la frontera el pico histórico de detenciones de inmigrantes ilegales fue en el año 2000, y antes de eso en 1986, con 1.600.000 detenidos en cada uno de aquellos años. Lejos, muy lejos, de los 300.000 de 2017 y los 400.000 de 2018. «No controlamos nuestra propia frontera», explicó, y «vamos a afrontar la crisis de seguridad nacional en nuestra frontera sur y lo haremos, de una forma u otra, tenemos que hacerlo», dijo en la Casa Blanca.

No parece contar con los informes de la DEA y el FBI, que demuestran que la mayor parte de las drogas, lejos de entrar por el desierto, acceden a EE UU a través de los puertos y aduanas tradicionales, camufladas en toda clase de vehículos y contenedores. Sin contar con que según todos los estudios fiables, y los informes del Departamento de Estado, parece científicamente probado que los inmigrantes indocumentados en EE UU delinquen menos de media que los ciudadanos. Por supuesto Trump no está de acuerdo: «Cuando escuchas a los políticos», dijo, «en particular a ciertos demócratas, te dicen que todo entra a través de los puertos. Es incorrecto. Es una mentira. Es todo una mentira. Dicen que los muros no funcionan. Los muros funcionan al 100% (...) Todo es una gran mentira. Es un gran juego», dijo.

Ungido por la pompa de los discursos oficiales desde los jardines de la Casa Blanca, Trump incidió en su voluntad de «firmar una emergencia nacional», reiteró que «se ha firmado muchas veces antes». Explicó que así lo han hecho «otros presidentes desde 1977». Añadió que «rara vez ha habido un problema. Lo firmaron y a nadie le importó. Supongo que tampoco estaban muy felices de hacerlo». Para Trump no hay duda de que EE UU sufre una invasión. Una ola maléfica que cruza «hasta nuestro país con drogas, con traficantes de personas, con todo tipo de delincuentes y pandillas».

Casi inmediatamente distintas asociaciones civiles y la oposición respondieron negando la potestad de Trump para declarar esta emergencia y prometió que batallará en las cámaras y en los tribunales. En un comunicado conjunto de Pelosi y Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Congreso, denunciaron que se trata de una «declaración ilegal» para «una crisis que no existe». Un movimiento que violenta la Constitución y provoca que «Estados Unidos sea menos seguro, robando fondos de Defensa que se necesitan con urgencia para la seguridad de nuestros militares y nuestra nación».

En su opinión, Trump trata de lograr de forma ilegal lo que «no logró en el proceso legislativo constitucional» y advierten de que el Congreso, donde tienen la mayoría desde noviembre, responderá con todos sus recursos. Aunque está por determinar la respuesta exacta, y al tiempo que se multiplicaban las reuniones de los congresistas y los abogados, los congresistas y senadores advierten de que el conflicto «trasciende la política partidista y se dirige al núcleo de la Constitución», con el grave riesgo de «alterar fundamentalmente el equilibrio de poderes». Tras pedir la colaboración de los republicanos, finalizaban advirtiendo de que el Congreso no puede permitir que el presidente destruya la Constitución». «Supongo que iremos a los tribunales, había dicho Trump en la Casa Blanca, «y ganaremos».