La última gran reforma de López Obrador pende de un voto

Andrés Manuel López Obrador está a un solo voto de lograr su última gran iniciativa para la transformación de México. El próximo miércoles el Senado decidirá sobre la reforma del Poder Judicial, la medida que pretende que todos los jueces, magistrados y hasta los ministros -jueces- de la Suprema Corte de Justicia, puedan ser elegidos por voto popular.

A unos días de la esperada votación, la intriga es absoluta porque a Morena y sus socios del Partido del Trabajo y el Partido Verde les falta un voto para aprobar la medida por una mayoría de dos tercios, la necesaria para dar luz verde a reformas constitucionales. ¿De dónde saldrá ese voto? Esa es la pregunta del millón. La semana pasada dos diputados que ganaron sus escaños con el PRD (que formaba parte de la coalición de oposición en las elecciones del 2 de junio) se pasaron al grupo oficialista. De los 128 escaños de Senado, Morena y socios suman 65, pero necesitan garantizar 66 votos.

Los líderes de la oposición han denunciado que senadores han recibido propuestas millonarias para votar con la bancada morenista. Los escenarios que se barajan para la votación en la Cámara Alta son que un senador de la oposición se desmarque y vote a favor de la reforma; que un senador de la oposición no acuda a votar o se encuentre indispuesto (este escenario también le daría ventaja a Morena) y, en último lugar, que todos los senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se mantengan en el no y a falta de un voto, la reforma judicial no prospere.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, un líder histórico del Partido del Trabajo, se mostró convencido de que la propuesta saldrá adelante. «Lo digo sin ninguna arrogancia, pero con mucha claridad, no hay poder sobre la Tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo». «Yo diría que estamos inclusive sobrados. Yo creo que vamos a estar por encima de los dos tercios», dijo.

La reforma ya tiene el sí del Congreso de los Diputados. En la madrugada del pasado miércoles, la Cámara Baja, donde Morena y sus aliados cuentan con una amplia mayoría -la aplanadora legislativa, como se conoce a la supermayoría de Morena- avaló la reforma por 359 votos a favor y 135 de la oposición.

«El gobierno dinamita las viejas instituciones en nombre de la transformación, en aras del cambio. La intención es obvia. Rehacer el andamiaje institucional para ponerlo a disposición del presidente y luego de la presidenta», explica Denise Dresser, profesora de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico de Autónomo de México (ITAM) en su último libro «¿Qué sigue? 20 lecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo».

A medida que avanza el recorrido parlamentario, más crece la presión contra la reforma. Desde el pasado 21 de agosto, los jueces y trabajadores del Poder Judicial está en huelga indefinida, se multiplican las manifestaciones estudiantiles en las principales ciudades del país y las advertencias de Washington de que la reforma podría traer «muchísimo daño» a la relación.

La reforma judicial se enmarca dentro del gran proyecto de transformación y democratización de México que puso en marcha López Obrador cuando llegó a la presidencia hace 6 años.

AMLO, sin complejos, autodenominó su mandato como la Cuarta Transformación, poniéndose a la altura de otros tres momentos clave de la historia de México: la guerra de Independencia (primera transformación); la guerra de Reforma liderada por Benito Juárez (segunda transformación) y la Revolución Mexicana (tercera transformación) que alumbró la Constitución de 1917.

Por cuestiones de calendario, durante las cuatro semanas de septiembre, coinciden en el poder el presidente López Obrador y las cámaras legislativas con mayoría de Morena y sus aliados. Por eso, la premura. Por eso, la celeridad. Por eso, la rapidez en el trámite parlamentario. López Obrador, que el 1 de octubre dará el relevo a Sheinbaum, quiere irse con su legado atado y bien atado.

La reforma del Poder Judicial es solo una de las 20 modificaciones a la Constitución que anunció López Obrador. Muchas de estas medidas buscan incluir en la Carta Magna algunos de los famosos programas sociales puestos en marcha durante su presidencia o blindar el salario de profesores, policías y enfermeras. Pero también deshacerse de organismos autónomos que actúan como contrapesos al poder.