Los promotores de la Alianza de Denunciantes Contra la Corrupción (Adecc), integrada por personas que prendieron algunos casos judiciales en la comunidad, han presentado alegaciones al proyecto de decreto del Gobierno regional por el que se creará la oficina para la prevención de aquélla en Andalucía. Se trata en concreto de una docena de ellas, plasmadas en un voluminoso documento en el que se apunta que el proyecto de decreto adolece, entre otras cuestiones, de «carácter preventivo» y de «un enfoque multidisciplinar».

Se afea también que en su elaboración no haya «participado la sociedad civil» y que la Junta haya «despreciado» su «marco competencial», que le permite crear un «plan eficaz» y “ambicioso”.