Las expectativas en torno a la comparecencia del ex director general de Formación Profesional para el Empleo Carlos Cañavate eran elevadas y dio la cara, pero con asterisco. El ex alto cargo, cesado el 11 de noviembre de 2014 por «motivos personales», fue quien destapó ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un buen puñado de circunstancias como que al ocupar su puesto en octubre de 2013 se topó con la existencia de 950 millones para formación sin justificar, que durante años la Junta había llevado a cabo exceptuaciones –conocidas como exoneraciones– masivas, o que hubo ayudas por cuantías millonarias mal gestionadas y convocatorias que no estaban «bien hechas». De ahí la expectación de sus señorías respecto a su visita, que se vio truncada.

Cañavete acudió, pero rehusó contestar a las preguntas de los diputados «en este momento», el asterisco, para no mezclar el debate «puramente legal» con el político. Expuso su prioridad, «colaborar sin interferencias de ningún tipo» con la autoridad judicial –cree que será llamado a declarar como testigo por el juzgado–. Y dejó claro que responder a las cuestiones que, basadas en su relato a la UCO, iban a plantearle los parlamentarios le parecía una «verdadera temeridad». Pidió «comprensión» y confió en que su decisión no perjudicara la tarea de la comisión, por cuanto ya han desfilado quienes podían aclarar cuestiones técnicas «con mayor precisión» de la que él «sería capaz» y dado que está citado también el consejero competente en formación en su etapa, Luciano Alonso, quien «seguro» explicará las cuestiones ligadas a «los proyectos políticos» de «forma exhaustiva», deslizó.

Sí hizo antes de irse, y después de que los portavoces de los Grupos expusieran en diferente medida algunos de los interrogantes que pretendían lanzarle, alusión a los famosos 950 millones. Explicó que se trata de un dato que dio a la Guardia Civil, derivado del «sistema contable» de la Junta y que se correpondía con «los libramientos pendientes de justificar» entonces –declaró el 4 de julio de 2014 ante los investigadores»–. Y hubo matización. «Siempre hay un volumen –de aquéllos– fuera de plazo en la práctica totalidad de las ayudas en todas las administraciones y es una cifra cambiante, que sólo es válida en el momento en el que se consulta el sistema». ¿El motivo? «Van entrando expedientes nuevos y saliendo otros», sostuvo, para remarcar una idea: «En ningún caso se puede tomar esta cifra como algo estático, como absoluto».

Los Grupos lamentaron que el ex director general de Formación Profesional para el Empleo optara por el silencio –el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe intentó que lo rompiera con una pregunta genérica sin éxito– y en concreto la representante del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero, le planteó, extrañada, si éste se debía al temor de que si hablaba «peligrara» su «puesto de asesor –jurídico– del alcalde socialista de Marbella (Málaga) –José Bernal–».