La comisión de investigación de Fitonovo arrancó ayer en el Ayuntamiento de Sevilla de forma paralela a la que realiza la Audiencia Nacional por las mordidas ofrecidas por la empresa de servicios medioambientales a funcionarios a cambio de la adjudicación de contratos. En el caso del consistorio, se trata de depurar responsabilidades políticas, en una iniciativa de C’s que por ahora se centra en las comparecencias de los funcionarios y los componentes de la mesa de contratación, pero que tendrá momentos de relevancia con las declaraciones de miembros de PSOE, IU y PP en próximas fechas, como Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde o los ex primeros ediles Alfredo Sánchez Monteseirín y Juan Ignacio Zoido.

El abogado del SAT, Luis Ocaña, abrió el turno de palabra a petición propia. El sindicato mayoritario en las plantillas de zonas verdes denunció entre 2010 y 2013 «toda una serie de irregularidades» laborales traducidas en «13 sentencias» por despidos nulos o improcedentes. «Estas cosas se sabían», dijo Ocaña, que incluso manifestó que el SAT tiene «conocimiento indirecto» de que «a trabajadores de Fitonovo se les encargaba llevar a sitios quesos y jamones». El abogado admitió que se trataban de «comentarios», sin pruebas.

Los funcionarios de la mesa de contratación destacaron el «notable esfuerzo» del órgano en ejecutar el «Plan 8.000» promovido por el Gobierno de Zapatero para combatir el paro. Con cargo al mismo, Fitonovo se encargó de la construcción de 12 campos de césped artificial. Los pliegos otorgaban 90 puntos al número de empleos a crear y 10 puntos al plazo de ejecución. En ese escenario, a los componentes de la mesa no les generaba «sospechas» que Fitonovo acumulara adjudicaciones.

La primera jornada de comparecencias la cerró Pedro Torrent, funcionario y director facultativo del contrato del segundo lote de servicios de conservación de zonas verdes adjudicado en 2012 a Conversa/Aldilop. Desde un principio detectó «síntomas» extraños y que al elevar la «imposibilidad» de cumplir el contrato con el número de trabajadores asignados al ex Jefe de Parques y Jardines Francisco Amores y al ex director de Medio Ambiente, Joaquín Peña ambos restaron importancia al asunto. Ambos usaban el área «como cortijillo», sin que el delegado Maximiliano Vílchez estuviera al tanto.