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Faffe tenía “tarjetas black” pero la Junta no informa a la jueza

Existe «una duda más que razonable» de «simulación contable» para «un desvío de fondos». El PP exige a Díaz que remita los datos que pide la Justicia

  • La diputada del PP-A Ana Mestre
    La diputada del PP-A Ana Mestre
Sevila.

Tiempo de lectura 4 min.

06 de mayo de 2018. 20:46h

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M. González Q.  Sevila. 7/5/2018

El pasado 2 de mayo, la parlamentaria popular Teresa Ruiz-Sillero anunciaba en su cuenta de Twitter: «Una mañana entretenida consultando en el SAE expedientes varios y documentos sobre la Faffe, esa Fundación de la Junta que es una gran incógnita investigada judicialmente». La diputada, en cada incursión al Servicio Andaluz de Empleo, según ha desvelado en diferentes comisiones parlamentarias, pasa 4 o 5 horas «copiando a mano» documentos o extractos ante la imposibilidad de fotocopiarlos. El PP-A desveló ayer otra parte de esa «incógnita» en torno a una fundación señalada como nido de enchufismo. «La UCO y Anticorrupción llevan dos años reclamando a la Junta tíckets, facturas y pagos con tarjeta de su Fundación Faffe por un posible desvío de fondos públicos. ¿Dónde está la transparencia de la que tanto presume la señora Díaz?», señaló la diputada Ana Mestre, aludiendo a las «tarjetas black del PSOE», de las que ha renegado la Administración.

«El PP-A quiere saber qué se pagó con las 'tarjetas black PSOE de la Fundación Faffe. ¿Está quizás la Junta intentando ocultar gastos injustificables? La señora Díaz debe colaborar con la Justicia y dar explicaciones de forma inmediata», reclamó Mestre. «La Junta negaba la existencia de tarjetas black PSOE. Y resulta que en su Fundación Faffe, investigada por amaños y enchufismo, sí las había. La UCO y Anticorrupción llevan dos años intentando averiguar qué se pagó con esas tarjetas», añadió Mestre.

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A exigió a la presidenta de la Junta que remita al juzgado la información que la Justicia viene requiriendo desde el año pasado sobre los pagos con tarjetas en la Faffe. «Estamos hablando de ‘tarjetas black’, opacas, cuya existencia ha negado siempre el PSOE y de las que la Junta, ahora que han sido descubiertas, se resiste a dar los datos a pesar de que quienes están pidiendo esa información son la UCO y la Fiscalía Anticorrupción», dijo. Mestre insistió en que la presidenta de la Junta debe «colaborar con la Justicia» y aclarar cuántas tarjetas opacas hay en la Junta de Andalucía; quiénes tenían esas tarjetas; y qué gastos se han pagado con ellas.

La vicesecretaria del PP explicó que la UCO reclamó esos datos en junio de 2017, y que la jueza, a instancias de la Fiscalía, lo reclamó el pasado noviembre. En marzo de este mismo año la Fiscalía lo ha tenido que volver a recordar porque la documentación todavía no ha llegado al juzgado. «A pesar de que desde hace años el PSOE asegura que no ha habido ni hay tarjetas en la Junta de Andalucía, resulta que en la fundación Faffe, investigada por amaños de contratos y enchufismo, sí había tarjetas de crédito. Y resulta que la UCO y la Fiscalía Anticorrupción llevan casi dos años intentando averiguar qué se hacía con esas tarjetas», apostilló.

Mestre mostró la «enorme preocupación» del PP ante la gravedad de estos hechos, que se enmarcan en la investigación que la Justicia está realizando para aclarar a dónde ha ido a parar el dinero de la Faffe. Sólo entre 2007 y 2009 la fundación recibió 135 millones en subvenciones de la Junta. Ana Mestre recordó que el Partido Popular está personado en esa causa, sobre la que alertó de la «lentitud» y la «falta de colaboración de la Junta».

La Guardia Civil solicitó a la jueza en julio de 2016 que reclamara a la Junta toda la documentación relacionada con la gestión de esos fondos (tíckets, facturas, estadillos o saldos). Tal y como consta en el oficio remitido por la UCO a la jueza, explicó Mestre, existe «la duda más que razonable» de que haya habido «una simulación contable» para justificar un posible desvío de fondos públicos. La Fiscalía Anticorrupción también pidió a la magistrada que accediera a la petición de la UCO. Mestre criticó que «casi dos años después, la UCO aún no ha recibido esa información porque el Juzgado no ha atendido aún la solicitud de los agentes».

Entre las solicitudes que la Fiscalía, la Guardia Civil y la jueza están requiriendo a la Junta también están las auditorías que las empresas Deloitte y ATD hicieron de la gestión de la Faffe, sobre las cuales, reveló la vicesecretaria del PP-A, «la Junta ha tenido el descaro de enviar solamente varios apartados de la auditoría de ATD». La Junta también niega copia de esas auditorías al PP, que ha pedido la documentación en el Parlamento, una «actitud sospechosa». «Susana Díaz tiene que colaborar caiga quien caiga», señaló Mestre, quien indicó que el PP «estará vigilante» tanto en los juzgados como en la Cámara.

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