Greenpeace lleva a la Fiscalía a dos alcaldes de Carboneras

«El hotel ilegal aún está ahí pero no hay ningún culpable por ello», se quejaban ayer fuentes de Greenpeace en relación al Algarrobico, aún en pie en primera línea de la playa de Carboneras, en Almería. Es una píldora difícil de tragar para esta organización por lo que ha formulado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo contra alcaldes del municipio almeriense, el actual Salvador Hernández y el anterior Cristóbal Fernández. ¿La causa? Greenpeace entiende que han permitido que el Ayuntamiento de Carboneras, «con una actitud desafiante», considere legal el establecimiento hotelero al «empeñarse» en clasificar los terrenos sobre los que se alza como urbanizables, lo que, a su juicio, supone una vulneración del derecho a la tutela judicial. La multinacional «verde» critica que esos responsables municipales hayan desobedecido «impunemente» y «de forma consciente, pública y notoria, los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA» . Y añade que tampoco han aplicado «sentencias del Tribunal Supremo (TS)». En otras palabras, no habrían respetado «los más elementales principios de un Estado de Derecho, desoyendo incluso el mandato de altos tribunales».

Desde ese punto de partida y tras haber agotado los recursos en la vía contencioso-administrativa, Greenpeace ha optado por recurrir a la penal para que «el hotel ilegal de El Algarrobico sea demolido», según explicó ayer el abogado de la entidad José Manuel Marraco. En su denuncia ante el Ministerio Público apuntan a la existencia de varios presuntos delitos: uno de desobediencia ligado a la negativa del Ayuntamiento a cumplir sentencias y apercibimientos judiciales, y otro de prevaricación, por el mantenimiento de la clasificación del espacio que ocupa Algarrobico como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pese a que el TSJA «acordó lo contrario», según aseveran desde la organización ecologista que confía en que la Fiscalía admita a trámite su denuncia y acuerde la apertura de diligencias para investigar los hechos.

En concreto Hernández aseveró que «no existe ninguna resolución judicial» que haya ordenado al Consistorio modificar ya «el planeamiento urbanístico vigente».