Imputan a Antonio Fernández por ayudas de 9,3 millones a la Sierra Norte

Antonio Fernández sigue ejerciendo, a su pesar, de sospechoso habitual en la mayoría de los autos de los ERE. La jueza María Núñez Bolaños ha imputado a un total de 29 personas, entre las que se encuentran cuatro ex altos cargos de la Junta –el citado ex consejero de Empleo, el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y los ex directores generales del IFA/IDEA Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano.

Antonio Fernández sigue ejerciendo, a su pesar, de sospechoso habitual en la mayoría de los autos de los ERE. La jueza María Núñez Bolaños ha imputado a un total de 29 personas, entre las que se encuentran cuatro ex altos cargos de la Junta –el citado ex consejero de Empleo, el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y los ex directores generales del IFA/IDEA Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano, por sus actuaciones en los convenios– y los ex alcaldes socialistas de Guadalcanal y el Real de la Jara, Carmelo Montero y José Antonio Méndez, respectivamente, por 18 ayudas presuntamente irregulares a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. La cuantía de estas subvenciones se eleva a 9,3 millones de euros con cargo a la partida 31L, el conocido como «fondo de reptiles».

Entre los investigados se encuentra también una religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina (Sevilla), Carmen Muñoz Rivas, que fue presidenta de la cooperativa textil SCA Megara y que recibió 44.000 euros de la Junta. Muñoz Rivas ya compareció ante la anterior titular del juzgado de Instrucción 6 Mercedes Alaya, acogiéndose a su derecho a no declarar. De los 29 investigados, Núñez Bolaños cita a declarar a cinco de ellos –Verónica Galloso Villalba; los responsables de Venero de Móstoles, Laura de la Cruz López y Beatriz Ponce de la Cruz; de la empresa Vivir el Barro, Joaquín Llano Heredia; y de Andalucine, Beatriz Pérez Martín– el próximo 17 de noviembre.

En un auto fechado el pasado 20 de octubre, al que accedió LA RAZÓN, sobre el «denominado entramado de la Sierra Norte», la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla aborda diferentes ayudas de los ERE presuntamente irregulares. Entre ellas, la de más de 600.000 euros a Atarazanas de Constantina, en un convenio suscrito por el que fuera director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el director general del IFA Francisco Mencía; y el convenio con Grueso y García, por una cuantía de 100.000 euros (aunque «sólo se efectuó el pagó de 50.000 euros» con «cargo a la partida 31L»), suscrito entre el citado Guerrero y el director de IDEA Jacinto Cañete.

En similar tesitura están la subvención a SCA San Sebastián de Guadalcanal, «siendo la persona responsable de ésta Carmelo Montero Cabezas, por cuantía de 1.000.000 euros», convenio suscrito también por Guerrero y Mencía; el convenio de colaboración para una ayuda a PEMA Jamones y Embutidos por cuantía de 700.000 euros, suscrito entre Antonio Bermejo, por la empresa, y Guerrero y Mencía, por la Junta; y la ayuda a Tialna por cuantía de 650.000 euros, «pagándose un total de 730.000 euros», firmada por Benito Miguel Oliver, Guerrero y Serrano Aguilar como director de IDEA.

También están en entredicho la subvención a Corsevilla, por cuantía de 1.000.000 euros, a favor de Fernando Miguel Cornello y Juan Luis Mariscal y suscrita por Guerrero y Mencía; el convenio con Venero de Móstoles (las citadas Laura de la Cruz y Beatriz Ponce de la Cruz), por cuantía de 569.500 euros, concedida por Guerrero y Mencía; la ayuda a Promociones Vinícolas Sevilla (administrada por Gregorio Martínez Piñero), por una cuantía de cerca de 445.000 euros concedida por Guerrero; la ayuda a Virgen de Robledo (Juan Miguel Mejías), de la que sólo «consta un convenido catalogado como ayuda de empresa por importe total de 190.000 euros»; la subvención a Vivir el Barro (Refractarios y Derivados), administrada por Joaquín Llano, por 721.215 euros; otra a Refractarios Guadalcanal (Antonio Llano), por importe de más de 721.000 euros; y al Hotel La Posada del Moro (Juan Martínez, Lucía Piñero y Julia Piñero), por importe de más de 450.000 euros; a Romero Álvarez (Manuel Romero, ya fallecido), por una cuantía de 1,2 millones, concedida por Guillermo Romero por la Consejería de Empleo.

También se investigan ayudas a Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara (José Antonio Méndez y Rosario Parrado), por 120.000 euros; a Verónica Galloso Villalba, por importe de 60.000 euros; a Andalucine SL (120.000 euros, para Beatriz Pérez); a SCA Megara (Carmen Muñoz), de la que «la Junta de Andalucía no ha aportado ningún expediente concreto, únicamente se conoce que el despacho de abogados Estudio Jurídico Villasís transfirió la cantidad de 44.000 euros; y a Dehesa Navera (Manuel Grueso), de la que sólo consta «un protocolo de colaboración» firmado por Guerrero en el que «se expone el apoyo a esta empresa a través de una ayuda por importe de 182.629,34 euros» y para la que consta el «pago mediante transferencia por importe de 80.000 euros en fecha 3 de marzo de 2006».

El auto cita uno anterior, de marzo de 2016, en el que se declararon prescritas diferentes ayudas también del denominado entramado de la Sierra Norte, como la de SCA Virgen de Belén, Asnadis, a Antonio Diana Expósito, Coflosur; Eustaquio Reina, José Gómez Muñoz, Gestión Turística del Sur, el Olivar de los Infantes y Producciones Barataria. Las nuevas declaraciones se incorporarán a la pieza de la Sierra Norte, por la que ya comparecieron los responsables de otras 14 empresas (Atarazanas de Constantina, Grueso y García, SCA San Sebastián de Guadalcanal, Pema Jamones y Embutidos, Tialna, Corsevilla, Virgen de Robledo, Refractarios Guadalcanal, La Posada del Moro, Romero Álvarez SA, Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara, SCA Megara, Promociones Vinícolas Sevilla, y Dehesa Navera). En otro auto con fecha de 21 de octubre, consultado por Europa Press, la jueza archiva la causa matriz de los ERE contra 25 empresarios de la Sierra Norte al considerar que ya se investigan los mismos hechos en la pieza separada de la Sierra Norte.