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Estos días, entre Cifuentes y meteduras de lenguas de los ministros de Hacienda y Justicia, siempre hay hueco para hablar del ducado de Franco. Ayer mismo en un programa televisivo de prestigio y audiencia fue uno de los temas estelares. Me parece perfecto que este asunto salga a debate y si dentro de la ley se da por extinguida esta distinción honorífica, no queda más que acatar la ley, en este caso y en todos, incluida la sentencia de «la Manada». Además, estamos en un estado de derecho, donde tienes siempre instancias superiores donde recurrir. Lo que sí es conveniente es hablar con una documentación imprescindible. Pero comencemos por el principio: el 26 de noviembre de 1975 el Rey Don Juan Carlos, mediante Real Decreto, concede a Carmen Franco Polo el mencionado título que lleva emparejada la grandeza de España. No es, como escuché ayer, que era un título del dictador. Con todo el derecho de su lado, IU y cualquier partido o particular tiene la posibilidad de intentar que este título quede extinguido. Posiblemente, el diputado que defendía en TV este proyecto, al igual que la presentadora, no había nacido todavía cuando se concedió este honor. En el diálogo había una intención de reprochar al Rey Juan Carlos el reconocimiento. Cualquiera que tenga menos de 50 años, por mucho que le cuenten o estudie, no tiene ni idea de los momentos tan graves, tan delicados, por los que pasó este gran país, desde que comenzó la larga agonía de Franco hasta que se convocaron las primeras elecciones. La gran obra política, que culminó en las primeras urnas que recibían los votos en plena libertad, fue una especie de traje que se iba cosiendo y descosiendo según los momentos y los acuerdos, una obra de teatro que había inspirado y patrocinado el Rey, que había escrito Torcuato Fernández Miranda y que le tocó interpretar al intrépido Adolfo Suárez. Vuelvo a lo del segundo capítulo, que queda mucho por contar.