La documentación «a granel» que entregó la Junta, devuelta

A la Junta de Andalucía le costó meses entregar los expedientes de los cursos de formación. Cuando lo hizo, el viernes de la semana pasada, los entregó «a granel», según denunciaron todos los partidos a excepción del PSOE. Esas mismas formaciones, salvo la socialista, acordaron ayer devolverles a la Administración andaluza la documentación original no solicitada.

PP, Podemos, Ciudadanos e IU criticaron desde el primer momento de la actitud del Ejecutivo andaluz. Todos los partidos querían contar con los expedientes concretos que habían pedido desde que se constituyó la comisión. Sin embargo, la información con la que cuentan no es esa. Es incompleta, no está digitalizada en la mayoría de los casos y de ella se excluyen las ayudas que –supuestamente– están bajo custodia judicial. Tal y como informó ayer este periódico, tampoco la Guardia Civil ha recibido varios de esos expedientes solicitados, por lo que en realidad no están ni en un sitio ni en otro.

Por tanto, la intención de la Junta era enviar al Parlamento, según admitió el vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, «todos y cada uno de los expedientes originales de formación desde el año 2002 hasta la fecha». En total, más de 41.000 cajas de archivos.

Esa circunstancia ocasionaba dos problemas. El primero de ellos es la falta de operatividad, ya que tendrían que ser los propios diputados los que deberían filtrar entre esa ingente cantidad de expedientes los originales que habían reclamado previamente.

La segunda es una cuestión de custodia de los mismos. El presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán, barajó la posibilidad de contratar unos módulos prefabricados para poder guardar la documentación. Unas 28 «caracolas» que habría que ubicar en dos alturas en los exteriores del antiguo Hospital de las Cinco Llagas y que, según algunas fuentes, tendrían un coste superior a 70.000 euros.

Desde el mismo día que llegaron los expedientes, las formaciones políticas trataron de alcanzar un acuerdo para evitar esta situación, pacto al que se llegó ayer mismo.

La documentación debe regresar a la Consejería de Empleo y desde allí se deben remitir sólo aquellos expedientes solicitados y, preferiblemente, en formato digital –la Guardia Civil también se expresaba en los mismos términos en un reciente informe–. Los partidos, por su parte, se comprometen a «racionalizar» las peticiones e incluso posponer «temporalmente» algunas de ellas.

El presidente de la comisión, Julio Díaz, destacó que dicho acuerdo se alcanzó por una «mayoría aplastante» de los miembros de este órgano e interpretó la no participación del PSOE-A en la votación como una «abstención».

Al Gobierno andaluz no le gustó nada la decisión de los diputados. El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, arremetió contra el trabajo de los grupos políticos en las redes sociales y los acusó «de no querer trabajar ni conocer la verdad».

El PP-A, que se mostró muy crítico desde el primer momento con el envío masivo de papeles por parte de la Junta, celebró que finalmente se haya impuesto la «lógica» y censuró el «obstruccionismo» del Gobierno andaluz en esta materia. Su portavoz en la comisión, Teresa Ruiz-Sillero, señaló en declaraciones a Ep que así además se garantiza que la documentación original pueda remitirse a los juzgados.