La jueza ordena destruir 6.000 kilos de carne intervenida a Magrudis

La Junta “irá hasta el final” tras querellarse contra la empresa y el PSOE-A exige al PP que aclare si tiene vinculación con la misma, dada la «inexplicable» posición de Aguirre

La jueza del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeriosis producido este verano, ordenó ayer la destrucción de la carne intervenida desde el pasado mes de agosto a Magrudis. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se estima que podría alcanzar la cifra de unos 6.000 kilogramos, destrucción que deberá llevar a cabo el Ayuntamiento de Sevilla. Además, la jueza ha decidido tener por personada en el procedimiento como acusación particular a la Junta de Andalucía tras la presentación por parte de la Administración autonómica de una querella contra la empresa.

De otra parte, las defensas del gerente y del administrador único, José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez, han recurrido el auto de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza dictado por la magistrada el pasado jueves, ya que, entre otros motivos, consideran que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Ahora, el Juzgado dará traslado a la Fiscalía y a las partes personadas para que se pronuncien sobre los recursos presentados, que son de reforma y subsidiarios de apelación ante la Audiencia Provincial, tras lo que resolverá los mismos.

El pasado jueves, la instructora tomó declaración a tres de las personas detenidas en relación con estos hechos y ordenó, a petición de la Fiscalía y de la acusación que ejerce Facua, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos de ellas, en concreto José Antonio Marín y su hijo Sandro, mientras que al tercero de los detenidos que pasó a disposición judicial, Mario Marín Rodríguez, hijo y hermano de los anteriores, lo dejó en libertad provisional con la obligación de comparecer en el Juzgado los días 11 y 25 de cada mes. La magistrada considera que los dos detenidos que permanecen en prisión, según se desprende de lo actuado hasta el momento, habrían cometido un presunto delito contra la salud pública en concurso ideal con tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave.

Por su parte, el Gobierno andaluz quiso dejar claro ayer que irá «hasta el final, con todas las consecuencias en la exigencia de responsabilidades» a Magrudis, dadas las «graves irregularidades cometidas». Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, aseguró que la querella contra la empresa se presentó el pasado jueves, por un delito de salud pública, de manera que la Junta ya está en la causa.

La querella sustituye a la personación, que estaba en trámite para su formulación a la espera de informes epidemiológicos y jurídicos. Bendodo añadió que la Junta también ha entregado toda la documentación que se le solicitó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), porque «hay el máximo interés en colaborar».

De su lado, el PSOE-A exigió al PP que aclare si existe alguna «vinculación» entre este partido y los responsables de Magrudis, así como si precisamente esa relación «condicionó la inexplicable posición de comprensión en vez de prudencia» que, a su juicio, mantuvo el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, durante los primeros días respecto a la referida empresa.

El delegado de Universidades del PSOE-A y portavoz parlamentario socialista de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, explicó que ante los «rumores» de que exista alguna vinculación entre los responsables de Magrudis y el PP, «esto debe ser urgentemente aclarado».

Así, recordó que Aguirre, cuando se comenzó a conocer el brote de listerioris, le agradeció a la empresa «su magnífica labor por facilitar los datos, elogió la calidad de sus productos, lo que explicaba su espectacular crecimiento de ventas, y atribuyó a la mala suerte lo sucedido».

Critican el cierre de la crisis «sin cambios legales»

Facua tildó ayer de «grave irresponsabilidad» que el Ministerio de Sanidad «pretenda cerrar la crisis de la listeria sin emprender cambios legales que contribuyan a evitar nuevos casos como éste en el futuro». A su juicio, el Ministerio «se ha limitado a anunciar que ha finalizado el seguimiento del brote a nivel nacional», destacando que «se ha desentendido de la necesidad de modificar la legislación en materia de seguridad alimentaria».