La Junta admite que el “caos” en dependencia aumentará las listas de espera

La consejera aboga por “reinventar el sistema” y pide a los partidos apoyo para reclamar en Madrid una financiación adecuada

“Reinventar el sistema para poner orden al caos en dependencia”. Ese es el compromiso que ha lanzado la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, reconociendo sin tapujos que la fórmula actual no funciona. Ruiz acudió por la mañana a la presentación del informe “Caos de la dependencia: caso andaluz”, promovido por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), en el que se destaca que la comunidad es la que más personas atiende, pero también la que porcentualmente menos gasta en dependencia. La consejera adelantó que este año se priorizará la entrada en el sistema a los dependientes graves menores de 21 años y a los mayores de ochenta, lamentando que haya personas de esta edad que han tenido que esperar más de cuatro años para ser valorados y recibir la prestación que les correspondía. Ruiz reconoció que el problema con las “interminables listas de espera” está lejos de solucionarse. “Es seguro que las listas de espera van a subir porque vamos a incluir a los que esperaban su valoración -dijo en referencia a las 35.000 personas que el anterior Gobierno “ocultó”-. Si quieren criticarnos, pueden hacerlo sin problema”. A eso habría que añadirle “el limbo de las solicitudes presentadas en papel, que todavía desconocemos”.

Consciente de la polémica que habían generado sus declaraciones de la semana pasada, cuando aseguró que la política del PSOE con las plazas en las residencias de mayores era "esperar a que hubiera fallecimientos para que se produjeran nuevas entradas", Ruiz se reafirmó en esta tesis. “El esfuerzo del anterior Ejecutivo se limitó a 263 plazas en cuatro años. Solo caben nuevas incorporaciones por desistimiento voluntario o por fallecimiento. Esa es la realidad”, insistió. “Si no se incrementan las plazas residenciales, la lista de espera no avanza porque se encuentran siempre casi en ocupación plena”, abundó.

Su denuncia se extendió a las “carencias de los valoradores”, cuya labor es fundamental para determinar el grado de dependencia de cada solicitante. Ruiz anunció que se convocarán 26 puestos nuevos, tras lamentar que hasta su llegada “ni siquiera se cubrían las bajas” de este personal.

Desde la patronal andaluza Cecua, su presidente, Andrés Rodríguez, destacó que “el sistema de dependencia está infrafinanciado” y solo “supone el 0,54 del PIB andaluz”. La apuesta de Cecua es alcanzar el 1%, prácticamente duplicando el presupuesto actual, que solo por parte de la Junta supuso una inversión de 1.194 millones el año pasado. Cecua criticó que las tarifas públicas están congeladas desde hace años, sin que se hayan actualizado con el IPC. La consecuencia es la “precarización de los trabajadores, que está provocando ya escasez de profesionales” que quieran dedicarse a estas tareas. En este sentido, la consejera señaló la “clara determinación de abordar una subida al final de la legislatura que garantice a su vez las condiciones dignas de los trabajadores”.

Ruiz expresó su intención de “comenzar un tiempo nuevo, en que la dependencia deje de ser un compendio de cifras. La política debe salir de los despachos y escuchar de primera mano las reivindicaciones de los ciudadanos”. Por ello, tendió la mano a “todos los partidos andaluces para que nos acompañen a Madrid a pedir una mejora en la financiación, para que el reparto al 50% -que contempla la Ley- sea una realidad”.

El informe de Ceaps destaca además que existe un modelo de la dependencia por cada autonomía, traduciéndose en 17 maneras diferentes de valorar y atender a las personas dependientes. Andalucía es la que más usuarios atiende y con mayor horario. El resultado es que “una persona dependiente tiene el doble de posibilidades de ser reconocida como tal en Andalucía, que en otras comunidades como Galicia, Canarias, Asturias o la comunidad Valenciana”, lo que ha contribuido al colapso del sistema en la comunidad.