La Junta debe facilitar los expedientes de contratación del personal de sus empresas

La Junta de Andalucía está obligada a facilitar información sobre los expedientes de contratación del personal de sus empresas públicas. Así lo ha dictaminado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número ocho de Sevilla, avalando así una resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. La decisión abre la puerta a que los ciudadanos soliciten esta información sobre los procesos de selección en el ampli osector público empresarial de la administración autonómica.

Un trabajador de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía solicitó en julio de 2015 una copia del expediente de contratación de un cargo del ente público. La mencionada empresa, que depende de la Consejería de Turismo y Deporte, denegó la petición argumentando que la información afectaba a terceros identificados en el expediente y, por tanto, entraba en colisión con «datos personales». El reclamante trasladó el asunto al Consejo de Transparencia e hizo especial énfasis en que no quería conocer datos concretos de la persona o personas que optaban al puesto, sino documentación específica del proceso de selección, ya que se trataba de un puesto financiado con fondos públicos.

En concreto, el citado expediente que se pedía debía contener información como si el puesto era de nueva creación, sustitución o asesoría externa; el informe de la necesidad de cubrir dichas funciones; la convocatoria y condiciones exigidas a la persona que se iba a contratar; el proceso de selección elegido, los derechos y deberes del contrato final, y la cantidad bruta abonada a la persona que finalmente lo ocupó.

El trasfondo de la denuncia era evidente: denunciar el «enchufismo» que existe en la administración regional. El texto que entró en el Consejo de Transparencia así lo atestiguaba, ya que el amparo tenía «el fin fundamental de evitar aquellas gestiones malintencionadas cuyo fin final es beneficiar los intereses de algunos aprovechando los cargos de decisión y utilizando las herramientas de la ocultación, mentira, desvío de la atención y el silencio..».

En cualquier caso, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos no rehuyó el asunto y emitió una resolución contundente (32/2016 de 1 de junio) que, entre otras cosas, señalaba que «la documentación solicitada por el ahora reclamante, referente a la primera contratación del secretario general de una empresa pública –ésa era la persona sobre la que se solicitaba la documentación–, constituye inequívocamente 'información pública' ...».

En otro punto de su texto, el Consejo «considera que en lo que se refiere a la gestión de recursos humanos al servicio de la Administración Pública las exigencias de transparencia de la información deben ser escrupulosamente atendidas, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, los procesos selectivos correspondientes han de estar basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.»

Y puso especial énfasis en que «en virtud de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, las empresas públicas quedan obligadas a hacer públicos los procesos de selección de su personal; una obligación que, por lo demás, enlaza con la exigencia de dar publicidad a las convocatorias de su personal laboral que ya se desprendía tanto de la normativa estatal».

Pese a esta resolución, la Consejería de Turismo y Deporte no atendió las indicaciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos que le exigía que se facilitara la documentación requerida al recurrente en un plazo de 15 días. En su lugar decidió interponer un recurso contencioso-administrativo –procedimiento sufragado con fondos públicos– que ahora se ha resuelto y que es otro varapalo para la Junta de Andalucía.

La sentencia, de la que ayer se hizo eco el Consejo de Transparencia, respalda la interpretación de éste y apunta que «no debe haber razón alguna para que una empresa pública no facilite dicha información, dado los principios de transparencia que deben regir su actividad, especialmente en materia de contratación de personal, ya se refiera al procedimiento seguido, a las condiciones del contrato o a las retribuciones anuales».

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de Andalucía, tiene la consideración de administración institucional y posee personalidad jurídica propia y autonomía.

Una administración paralela compuesta por 23.899 personas

Según detalla el Presupuesto de la Junta de Andalucía aprobado en el Parlamento con el voto favorable del PSOE y Ciudadanos, «el conjunto de entidades instrumentales cuenta con una plantilla de 23.899 personas, distribuidas de forma casi paritaria entre hombres y mujeres (IPRHM=0,98)». En concreto, en el informe de impacto de género se reseña que «esta representación equilibrada a nivel agregado, contrasta con la escasa presencia de mujeres en las diferentes categorías de puestos de poder y toma de decisiones, como son los órganos de gobierno del conjunto de estas entidades (33,3%), los puestos de alto cargo (20,7%) o en el resto de puestos directivos (31%)». Con la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, avalado por un juzgado de Sevilla, cualquier ciudadano puede reclamar a la Administración información sobre el proceso de selección iniciado para la cobertura de un puesto en las empresas públicas, la necesidad del mismo o la convocatoria puesta en marcha. La iniciativa arrojaría luz sobre uno los reproches recurrentes que se hace en estas empresas: el enchufismo.