La patronal sevillana quiere poner coto a las «ofertas temerarias»

«Propuestas para el desarrollo social y económico de Sevilla». Así se titula el listado de peticiones que hacen los empresarios sevillanos a los partidos de cara a las próximas elecciones municipales, un documento que harán llegar a los candidatos y que incluye 14 medidas, algunas de ellas viejas reclamaciones de la patronal. Una de las más urgentes, sobre todo en este contexto de inicio de la recuperación económica, es la creación de un grupo de trabajo para «racionalizar» los pliegos de condiciones de las ofertas y obras públicas municipales, con el objetivo de «evitar las propuestas temerarias». Igualmente, la patronal pide la supresión de exigencias, por parte de las empresas públicas, de homologación y pago de cantidades de las empresas para poder licitar.

También se incluye en la lista la reducción de trabas administrativas y la agilización de trámites burocráticos, tal y como señaló ayer el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus. «Diariamente tenemos que enfrentarnos a una maraña administrativa y legislativa que pone en serio riesgo proyectos empresariales perfectamente viables», especifica el documento, por lo que «se hace preciso una real ventanilla única efectiva para licencias en todos los sectores empresariales».

Igualmente, los empresarios piden una bajada de impuestos y de tasas empresariales e insisten en pedir al Gobierno central la desaparición del IAE y la aplicación del coeficiente mínimo. Dos proyectos que no terminan de materializarse figuran en el listado de la CES. Por un lado, la construcción de la red completa de metro, por lo que reclama al Ayuntamiento que «exija a la Junta un compromiso claro en este sentido y que se libren las partidas presupuestarias que permitan iniciar las obras». Por otro, el dragado del Guadalquivir, puesto que su tardanza «ha provocado la pérdida de los fondos comunitarios destinados a este fin».

También reclama la patronal partidas en los presupuestos para los polígonos industriales, su inclusión en el consorcio de la Zona Franca e inversiones productivas en los presupuestos.