El Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) adjudicó a la empresa Umax Informática y Consultoría un contrato «de consultoría y asistencia técnica para la primera fase de una asistencia técnica de mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema de gestión de la Formación Profesional Ocupacional para el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico». El importe ascendió a 221.251 euros y fue adjudicado de manera urgente y mediante un procedimiento restringido, según consta en un Boletín Oficial del Estado con fecha 17 de marzo de 2004 consultado por este periódico.

La herramienta informática en cuestión es el Gefoc, al que han aludido en varias ocasiones algunos de los comparecientes en la comisión de investigación de los cursos de formación para defender el control exhaustivo al que se han sometido las acciones formativas durante la última década.

Por su parte, la empresa Umax Informática y Consultoría es la que, según un juzgado de Sevilla, puso a disposición de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo toda una plantilla paralela a los funcionarios al servicio del director general de turno. Se trataba del centro directivo donde se tramitaban los ERE.

El pasado martes trascendió un auto por el que la jueza de Instrucción número 10 de Sevilla ha decidido procesar a cinco ex altos cargos de la Junta –los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo– por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a la empresa Umax Informática y Consultoría por la contratación de 44 trabajadores, «la mayoría cercanos al círculo de amigos y familiares» del propio Guerrero.

Hay que recordar que la investigación sobre la presencia irregular de la empresa Umax en la sede de la Consejería de Empleo se produjo tras una denuncia de la propia Junta de Andalucía, que recibió unas reclamaciones de abono por parte de esta sociedad por servicios prestados por su personal pese a que no existía «ningún expediente de contratación». La instructora de este caso ha asegurado que ha existido una «prestación contractual sin la previa tramitación de un expediente de contratación pública, existiendo contratación verbal consistente en la puesta a disposición de trabajadores» por parte de la empresa a Empleo.

Sin embargo, el hecho de que Umax haya participado a través del IFA –posteriormente Agencia IDEA, entidad que ejercía de «caja pagadora» en los ERE– en el desarrollo de la aplicación de control de los cursos de formación demuestra que no era una desconocida dentro de la Administración andaluza. Al menos, en la Consejería de Empleo, al que estaba adscrito el IFA hasta 2004. Posteriormente, la Agencia IDEA –nueva denominación del IFA– pasó a depender de la Consejería de Innovación.

La importancia del Gefoc como herramienta «estrella» de control de los cursos de formación para la Junta de Andalucía viene dada por los argumentos esgrimidos en la comisión de investigación parlamentaria tanto por los jefes de servicio como por parte de los diputados del PSOE.

Por ejemplo, la diputada socialista Marisa Bustinduy, según recoge las actas de la comisión, se refirió al Gefoc como una herramienta que «da soporte a todo el proceso de selección del alumnado, y se pueden verificar en ella los criterios de selección utilizados y cada uno de los trámites realizados por el órgano gestor (...). Todo figura en esta herramienta». Su compañero Rodrigo Sánchez Haro también ha esgrimido la importancia del Gefoc porque «hemos podido comprobar in situ el fun­cionamiento de la herramienta informática Gefoc, en la que queda constancia de estos trámites ...», para referirse al control exhaustivo que el SAE ejerce sobre la formación.

La presencia del Gefoc, a tenor de las declaración del jefe de Servicio de la Dirección General de Formación de Córdoba es dilatada, ya que durante su comparecencia aseguró que «yo llegué en 2002, y ya estaba el Gefoc funcionando...». Curiosamente, los interventores provinciales no tenían acceso a ella, como reflejó precisamente el de la provincia de Córdoba, que dijo que no «tenían acceso a ella» aunque el SAE la definía como «una herramienta que garan­tizaba que los cursos de formación cumplían todos los requisitos del fichero andaluz de acciones formativas».

Los diputados de la oposición han preguntado en varias ocasiones por el Gefoc, especialmente Elena Cortés, representante de IU, que ha insistido en conocer si era «una herramienta informática autorizada y aprobada». En otro punto aludió a la adjudicación de un contrato a una empresa para esta aplicación.